Julio Vélez, al terminar la audiencia en la que recobró la libertad.
El juez Noveno Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante revocó ayer la medida de aseguramiento que pesaba contra el suspendido concejal de Cúcuta, Julio César Vélez González, y ordenó que fuera puesto en libertad de manera inmediata.
En su exposición, que duró más de una hora, el juez argumentó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, entre las cuales destacó que el juicio de valor de inferencia razonable que argumentaba la Fiscalía, y que había originado la medida de aseguramiento, se cayó ante los nuevos elementos materiales de conocimiento aportados por la defensa del imputado, es decir, la historia clínica de María Claudia Castaño y las entrevistas a los médicos que la atendieron el día de los hechos (16 de abril de 2010).
El juez manifestó que la defensa del imputado había hecho un buen trabajo al armar una investigación, de manera independiente, pues esto, además, es algo que nadie le puede impedir.
En esta investigación, la defensa de Vélez utilizó la historia clínica de María Claudia, solicitada mediante derecho de petición, por el papá del imputado.
Esta manera de obtener la historia clínica había sido considerada como ilegal por parte de la Fiscalía, quien argumentó que este documento contenía información confidencial que solo podía ser conocida mediante la orden de un juez.
Sin embargo, el juez que presidió ayer la audiencia sostuvo que la forma como se había obtenido la historia clínica de la víctima no había sido ilegal e, incluso, fue más allá al decir que cualquier padre haría eso (lo hecho por el papá del imputado) y mucho más si su hijo lo necesitara.
De esta manera, en su argumentación para revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra Vélez, el juez le dio total validez a la historia clínica y las entrevistas que con posterioridad realizó uno de los abogados que defiende los intereses del imputado, a los médicos que atendieron a María Claudia el día de los hechos.
Para el juez, la historia clínica y las entrevistas son claras al poner de manifiesto una trayectoria de la bala, en el cráneo de María Claudia, que difiere completamente de lo argumentado por la Fiscalía.
“No encuentro un elemento material de conocimiento que me diga una cosa adversa a lo presentado por la historia clínica en cuanto al orificio de entrada de la bala; ese elemento, que diga lo contrario, no ha sido presentado por la Fiscalía ni la representación de las víctimas”, sostuvo.
Según el juez, con los elementos materiales de conocimiento aportados por la defensa de Vélez se encontró frente a una duda, la de la presunción de inocencia del imputado. “La mala fe debe demostrarse, pero la buena fe se presume”, indicó.
Acto seguido se preguntó, “¿qué derechos constitucionales fundamentales se ven aquí afectados? El de la vida ya no, pues María Claudia está muerta. ¿Cuáles más quedan? El del debido proceso y el derecho de la libertad”, precisó.
Para el juez, hay un enfrentamiento entre esos dos derechos. Y si bien se ha causado un grave daño a los familiares de la víctima, no se está persiguiendo ni atentando contra la vida de ninguno de ellos. Además, manifestó, la libertad prima sobre el debido proceso.
Por esta razón, sostuvo que en este caso se debe aplicar la garantía de la presunción de inocencia, razón por la cual revocó la medida de aseguramiento.
Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y la representación de las víctimas.
El caso
En su exposición, que duró más de una hora, el juez argumentó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, entre las cuales destacó que el juicio de valor de inferencia razonable que argumentaba la Fiscalía, y que había originado la medida de aseguramiento, se cayó ante los nuevos elementos materiales de conocimiento aportados por la defensa del imputado, es decir, la historia clínica de María Claudia Castaño y las entrevistas a los médicos que la atendieron el día de los hechos (16 de abril de 2010).
El juez manifestó que la defensa del imputado había hecho un buen trabajo al armar una investigación, de manera independiente, pues esto, además, es algo que nadie le puede impedir.
En esta investigación, la defensa de Vélez utilizó la historia clínica de María Claudia, solicitada mediante derecho de petición, por el papá del imputado.
Esta manera de obtener la historia clínica había sido considerada como ilegal por parte de la Fiscalía, quien argumentó que este documento contenía información confidencial que solo podía ser conocida mediante la orden de un juez.
Sin embargo, el juez que presidió ayer la audiencia sostuvo que la forma como se había obtenido la historia clínica de la víctima no había sido ilegal e, incluso, fue más allá al decir que cualquier padre haría eso (lo hecho por el papá del imputado) y mucho más si su hijo lo necesitara.
De esta manera, en su argumentación para revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra Vélez, el juez le dio total validez a la historia clínica y las entrevistas que con posterioridad realizó uno de los abogados que defiende los intereses del imputado, a los médicos que atendieron a María Claudia el día de los hechos.
Para el juez, la historia clínica y las entrevistas son claras al poner de manifiesto una trayectoria de la bala, en el cráneo de María Claudia, que difiere completamente de lo argumentado por la Fiscalía.
“No encuentro un elemento material de conocimiento que me diga una cosa adversa a lo presentado por la historia clínica en cuanto al orificio de entrada de la bala; ese elemento, que diga lo contrario, no ha sido presentado por la Fiscalía ni la representación de las víctimas”, sostuvo.
Según el juez, con los elementos materiales de conocimiento aportados por la defensa de Vélez se encontró frente a una duda, la de la presunción de inocencia del imputado. “La mala fe debe demostrarse, pero la buena fe se presume”, indicó.
Acto seguido se preguntó, “¿qué derechos constitucionales fundamentales se ven aquí afectados? El de la vida ya no, pues María Claudia está muerta. ¿Cuáles más quedan? El del debido proceso y el derecho de la libertad”, precisó.
Para el juez, hay un enfrentamiento entre esos dos derechos. Y si bien se ha causado un grave daño a los familiares de la víctima, no se está persiguiendo ni atentando contra la vida de ninguno de ellos. Además, manifestó, la libertad prima sobre el debido proceso.
Por esta razón, sostuvo que en este caso se debe aplicar la garantía de la presunción de inocencia, razón por la cual revocó la medida de aseguramiento.
Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y la representación de las víctimas.
El caso
Julio Vélez hasta hace pocos meses era, por segunda vez, concejal de Cúcuta y el esposo de la joven de 21 años, por cuya muerte sus padres Héctor Castaño y Patricia Avendaño siguen pidiendo justicia.
Durante 24 meses, la única respuesta que había recibido la familia Castaño Avendaño venía de la boca de Vélez: la joven se suicidó.
La respuesta, sin embargo, no convenció. En los últimos meses, la investigación dio un giro. Máximo Duque, exdirector del Instituto de Medicina Legal, después de realizar un nuevo estudio al cadáver de la joven, dio otra versión: era imposible que, por la trayectoria del proyectil, Claudia se hubiera suicidado.
Entonces, la versión de un posible asesinato tomó fuerza y el principal sospechoso es Vélez porque era la única persona que estaba con ella en la noche que murió. "¿A quién le cabe en la cabeza que eso podía pasar?", se ha repetido Héctor como un mantra.
Para la familia, la explicación del supuesto suicidio no es creíble. "Que porque él iba a salir por unas fotocopias y la iba a dejar sola ella supuestamente se puso brava y se mató. ¿A quién se le ocurre esto?", insiste.
Tras el dictamen, la investigación se enfocó en Vélez. Al revisar las pruebas, un juez lo envió a la cárcel, acusado de homicidio de su esposa. Y fue en ese momento cuando prácticamente murió políticamente: el partido de 'la U' y el Concejo lo suspendieron hasta que no terminara la indagación.
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