La orden del Tribunal de Cundinamarca es que los operadores del servicio contribuyan con los costos de funcionamiento.
El ministro Rafael Pardo les pidió a los alcaldes y gobernadores electos, que espera trabajar de manera conjunta a nivel normativo para hacer una descongelación gradual de las plantas de personal no vinculados a la nómina, y así incorporar las personas necesarias que hoy trabajan con contratos de prestación de servicios.
"La renovación permanente de contratos de prestación de servicios en el estado es inaceptable y atenta contra los derechos laborales", dijo.
El Ministro del Trabajo, Rafael Pardo, hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país para que presenten las informaciones sobre el número de contratistas en sus respectivas entidades regionales y departamentales, a fin de consolidar la información que dará paso a la reducción gradual de los contratos por prestación de servicios, que en muchos casos atentan contra el trabajo digno y decente de los trabajadores colombianos.
La historia de este desnivel en las nóminas del Estado, se remonta a la congelación de las mismas hace diez años a causa de una crisis económica que vivió el país en ese momento, recuerda el ministerio en un comunicado.
“Estas medidas ya no tienen sentido en la actualidad porque las necesidades de atención del Estado han crecido y con ellas, los contratos de prestación de servicios en el gobierno central y en los territorios”, aseguró el titular de la cartera de Trabajo.
Al culminar su llamado a los gobernantes regionales del país, agregó que “si el Gobierno busca trabajo decente, tiene que empezar por casa, y la casa son los empleados del sector público"
Pardo hizo un llamado a los futuros mandatarios locales a trabajar de manera conjunta con los territorios y los departamentos para hacer posible a través de la normatividad, la descongelación gradual de sus nóminas, así como un análisis pertinente sobre la situación particular en cada región del país.
El Ministro Pardo agregó que esa forma de contratación solo debe utilizarse en circunstancias excepcionales y por eso es interés del Gobierno en acabar con el "abuso" de esa figura.
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