La investigación que en 2009 se abrió en la Fiscalía Tercera Delegada de Administración Pública por el frustrado proyecto del Parque Bavaria y que afectó con medida de aseguramiento a 15 exconcejales, será trasladado a Bogotá
Tal y como sucedió con el proceso penal contra el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo y otros implicados en el caso del malogrado proceso del Parque Bavaria, la investigación contra el grupo de exconcejales cobijados con medida de aseguramiento por estos mismos hechos, será trasladada a Bogotá por disposición de la Fiscal General, Viviane Morales Hoyos.
Según conoció La Opinión, mediante la Resolución No. 03229 del 9 de diciembre pasado, la titular del organismo de investigación dispuso variar la asignación de la investigación que venía adelantando la Fiscalía Tercera Delegada contra la Administración Pública, y se la encargó de manera especial al Fiscal 11 adscrito a la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública.
Este despacho, según Morales Hoyos, tendrá la tarea de asumir hasta su culminación, el conocimiento de la investigación que ya surtió su primera instancia.
El proceso contra los 15 excabildantes se encuentra hoy en etapa de apelación en la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, luego de que el pasado 12 de abril la Fiscal Tercera, Gladys Cecilia Vásquez Gallo, profiriera la medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra estos.
La razón: los investigados habrían incurrido en presunto prevaricato por acción al haber autorizado, en 2007, al alcalde de la época Ramiro Suárez Corzo, mediante los Acuerdos 06 de mayo 7 y 09 de junio 5, transferir a la Corporación Parques Cúcuta los dos lotes que había entregado Bavaria, uno en dación de pago y otro en donación.
Sin embargo, a la fecha, el Fiscal encargado de resolver el recurso no ha tomado ninguna decisión por cuanto la investigación ocupa el turno número 95 entre los procesos asignados a ese despacho.
En ese sentido, con este traslado, será el Fiscal 11 de Bogotá el que tendrá la tarea ahora de decidir si echa o no para atrás la medida de aseguramiento, así como la caución prendaria equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $5’356.000, que deberán pagar los afectados con el fallo.
Del grupo de investigados hacen parte los hoy exconcejales: Blanca Cruz González, Víctor Fidel Suárez, Eduardo Chahín, Rodolfo Torres Castellanos, Édgar Díaz Contreras (Gobernador electo), Hugo Francisco Márquez Peñaranda, Margarita Silva de Uribe (Secretaria de Gobierno de Norte de Santander), Jorge Iván Cáceres García (Personero de Villa del Rosario), Lyda Yazmín Ardila Ardila, Alfredo Duarte Gómez, Vicente García Granados, Luis Eduardo Guevara Jaimes, Juan Manuel Morelli Santaella, William Abel Ovallos Pacheco y Nelly Amparo Pérez Toro.
Según conoció La Opinión, mediante la Resolución No. 03229 del 9 de diciembre pasado, la titular del organismo de investigación dispuso variar la asignación de la investigación que venía adelantando la Fiscalía Tercera Delegada contra la Administración Pública, y se la encargó de manera especial al Fiscal 11 adscrito a la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública.
Este despacho, según Morales Hoyos, tendrá la tarea de asumir hasta su culminación, el conocimiento de la investigación que ya surtió su primera instancia.
El proceso contra los 15 excabildantes se encuentra hoy en etapa de apelación en la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, luego de que el pasado 12 de abril la Fiscal Tercera, Gladys Cecilia Vásquez Gallo, profiriera la medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra estos.
La razón: los investigados habrían incurrido en presunto prevaricato por acción al haber autorizado, en 2007, al alcalde de la época Ramiro Suárez Corzo, mediante los Acuerdos 06 de mayo 7 y 09 de junio 5, transferir a la Corporación Parques Cúcuta los dos lotes que había entregado Bavaria, uno en dación de pago y otro en donación.
Sin embargo, a la fecha, el Fiscal encargado de resolver el recurso no ha tomado ninguna decisión por cuanto la investigación ocupa el turno número 95 entre los procesos asignados a ese despacho.
En ese sentido, con este traslado, será el Fiscal 11 de Bogotá el que tendrá la tarea ahora de decidir si echa o no para atrás la medida de aseguramiento, así como la caución prendaria equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $5’356.000, que deberán pagar los afectados con el fallo.
Del grupo de investigados hacen parte los hoy exconcejales: Blanca Cruz González, Víctor Fidel Suárez, Eduardo Chahín, Rodolfo Torres Castellanos, Édgar Díaz Contreras (Gobernador electo), Hugo Francisco Márquez Peñaranda, Margarita Silva de Uribe (Secretaria de Gobierno de Norte de Santander), Jorge Iván Cáceres García (Personero de Villa del Rosario), Lyda Yazmín Ardila Ardila, Alfredo Duarte Gómez, Vicente García Granados, Luis Eduardo Guevara Jaimes, Juan Manuel Morelli Santaella, William Abel Ovallos Pacheco y Nelly Amparo Pérez Toro.
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