La elección del Contralor departamental para el periodo 2012 – 2015 programada para este viernes parecía complicarse tras conocerse que una de las candidatas postuladas estaría incursa en una de las inhabilidades previstas para aspirar a ese cargo. Se trata de la abogada Claudia Patricia Rodríguez Ayala, incluida en la terna por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Su inhabilidad estaría relacionada con la violación de las normas constitucionales y legales que proscriben postularse para el cargo de Contralor Departamental a quienes hayan ocupado un año antes cualquier empleo público a nivel departamental diferente a la docencia.
Uno de los oficios remitidos a la Asamblea señala, en efecto, que al aplicar al cargo de Contralora en noviembre de 2011, Rodríguez Ayala aseveró en declaración juramentada no tener ninguna inhabilidad, aseveración que, según las denuncias, riñe con la verdad, dado que para entonces no había transcurrido un año desde que la candidata renunció a su última posición en el sector público.
Su eventual elección, que en círculos políticos se da casi por segura, daría pie a eventuales procesos disciplinarios contra los diputados que respalden su nombre, dado que estarían infringiendo el numeral 17 del artículo 48 del Código Único Disciplinario, según el cual está prohibido a los servidores públicos “actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”.
De acuerdo con sendos oficios y advertencias enviadas esta semana a la Secretaría General de la Asamblea, Rodríguez Ayala se desempeñó hasta enero de 2011 como Directora Administrativa del Hospital Erasmo Meoz, pero su postulación al cargo de Contralora se produjo el 2 de noviembre pasado, con lo que sólo dejó transcurrir 10 meses y no el año que los abogados denunciantes precisan que se requiere por mandato constitucional y legal.
Uno de los oficios, el enviado por Edilberto Arciniegas Andrade, advierte que la vulneración de las disposiciones constitucionales y legales al respecto ha sido objeto de múltiples revisiones por parte de la Corte Constitucional, dando lugar a taxativas sentencias que coinciden en señalar que el año de antelación que configura la inhabilidad se cuenta a partir de la postulación (o inscripción) y no de la elección o posesión del nuevo Contralor.
“Nadie que haya ocupado un cargo público en un departamento, distrito o municipio durante el último año antes de postularse al cargo de Contralor Departamental, podrá ser elegido para desempeñar esa función”, subraya un aparte de la sentencia de constitucionalidad 509 de 1997, de obligatorio cumplimiento, proferida por la Corte Constitucional al fallar la legalidad de los literales c y e del artículo 6 de la ley 330 de 1996.
El oficio de Arciniegas sostiene que “si bien es cierto que el Tribunal (Contencioso Administrativo, que postuló a Rodríguez) incurrió en un craso error, este error no puede conducir a otro mayor, como sería el de elegir por parte de ustedes señores Diputados a la señora Claudia Patricia Rodríguez Ayala como Contralora Departamental”.
El mayor riesgo para las aspiraciones de Rodríguez se centran en que aplicó para el cargo en noviembre de 2011, estando vinculada aún al Hospital Erasmo Meoz como Directora Administrativa, lo que por analogía equivale a que un candidato a un cargo de elección popular se inscriba como tal siendo funcionario público.
Aún más, otro de los oficios argumenta que “al jurar ante la Notaría que no tenía inhabilidades para ser elegida Contralora del Departamento está incurriendo en falsedad desde el punto de vista penal”.
Finalmente, la denuncia señala que los diputados, de elegir a Rodríguez, quedan incursos en un “prevaricato al producir una elección a sabiendas de existir una inhabilidad” que vicia el acto de elección. El prevaricato es hecho punible contemplado en el Código Penal o ley 599 del año 2000.
La Opinión intentó en vano conocer ayer la posición de la presidenta de la Asamblea, Marina Lozano. Las llamadas a sus teléfonos celulares no fueron contestadas.
Además de Rodríguez Ayala, aspiran al cargo Lorena del Pilar Raad Forero y Naim Numa San Juan.
Su inhabilidad estaría relacionada con la violación de las normas constitucionales y legales que proscriben postularse para el cargo de Contralor Departamental a quienes hayan ocupado un año antes cualquier empleo público a nivel departamental diferente a la docencia.
Uno de los oficios remitidos a la Asamblea señala, en efecto, que al aplicar al cargo de Contralora en noviembre de 2011, Rodríguez Ayala aseveró en declaración juramentada no tener ninguna inhabilidad, aseveración que, según las denuncias, riñe con la verdad, dado que para entonces no había transcurrido un año desde que la candidata renunció a su última posición en el sector público.
Su eventual elección, que en círculos políticos se da casi por segura, daría pie a eventuales procesos disciplinarios contra los diputados que respalden su nombre, dado que estarían infringiendo el numeral 17 del artículo 48 del Código Único Disciplinario, según el cual está prohibido a los servidores públicos “actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”.
De acuerdo con sendos oficios y advertencias enviadas esta semana a la Secretaría General de la Asamblea, Rodríguez Ayala se desempeñó hasta enero de 2011 como Directora Administrativa del Hospital Erasmo Meoz, pero su postulación al cargo de Contralora se produjo el 2 de noviembre pasado, con lo que sólo dejó transcurrir 10 meses y no el año que los abogados denunciantes precisan que se requiere por mandato constitucional y legal.
Uno de los oficios, el enviado por Edilberto Arciniegas Andrade, advierte que la vulneración de las disposiciones constitucionales y legales al respecto ha sido objeto de múltiples revisiones por parte de la Corte Constitucional, dando lugar a taxativas sentencias que coinciden en señalar que el año de antelación que configura la inhabilidad se cuenta a partir de la postulación (o inscripción) y no de la elección o posesión del nuevo Contralor.
“Nadie que haya ocupado un cargo público en un departamento, distrito o municipio durante el último año antes de postularse al cargo de Contralor Departamental, podrá ser elegido para desempeñar esa función”, subraya un aparte de la sentencia de constitucionalidad 509 de 1997, de obligatorio cumplimiento, proferida por la Corte Constitucional al fallar la legalidad de los literales c y e del artículo 6 de la ley 330 de 1996.
El oficio de Arciniegas sostiene que “si bien es cierto que el Tribunal (Contencioso Administrativo, que postuló a Rodríguez) incurrió en un craso error, este error no puede conducir a otro mayor, como sería el de elegir por parte de ustedes señores Diputados a la señora Claudia Patricia Rodríguez Ayala como Contralora Departamental”.
El mayor riesgo para las aspiraciones de Rodríguez se centran en que aplicó para el cargo en noviembre de 2011, estando vinculada aún al Hospital Erasmo Meoz como Directora Administrativa, lo que por analogía equivale a que un candidato a un cargo de elección popular se inscriba como tal siendo funcionario público.
Aún más, otro de los oficios argumenta que “al jurar ante la Notaría que no tenía inhabilidades para ser elegida Contralora del Departamento está incurriendo en falsedad desde el punto de vista penal”.
Finalmente, la denuncia señala que los diputados, de elegir a Rodríguez, quedan incursos en un “prevaricato al producir una elección a sabiendas de existir una inhabilidad” que vicia el acto de elección. El prevaricato es hecho punible contemplado en el Código Penal o ley 599 del año 2000.
La Opinión intentó en vano conocer ayer la posición de la presidenta de la Asamblea, Marina Lozano. Las llamadas a sus teléfonos celulares no fueron contestadas.
Además de Rodríguez Ayala, aspiran al cargo Lorena del Pilar Raad Forero y Naim Numa San Juan.
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