Con la firma del decreto ley antitrámites por parte del presidente, Juan Manuel Santos, a los colombianos solo se les exigirá diligencias ante el Estado “cuando sea estrictamente necesario”.
La nueva norma elimina más de 1.200 trámites que tenían que hacer los ciudadanos ante las diferentes entidades estatales. Durante la firma, el presidente Santos destacó que modernizará la labor del Estado que ha sido “deficiente y lenta” por mucho tiempo.
El primer mandatario señaló que la norma es el resultado de más de 6 meses de trabajo y de escuchar a los empresarios, a los gremios, a las mismas entidades estatales y a los ciudadanos para conocer de primera mano esos trámites innecesarios que merecían revisión.
“Fueron más de 900 observaciones y propuestas que analizamos y que fueron votadas, en un hecho sin precedentes en el mundo, por más de 70 mil ciudadanos que expresaron por internet, por teléfono o correo, cuáles eran los trámites más inútiles, más engorrosos o más susceptibles de generar corrupción”, explicó Santos.
De esta manera, a partir de hoy queda eliminada la expedición del certificado judicial. Este no podrá ser exigido como requisito por ninguna empresa pública o privada. También se elimina el certificado de supervivencia que los colombianos de la tercera edad tuvieron que presentar durante muchos años para demostrar que estaban vivos y poder recibir su pensión.
“Ninguna empresa podrá pedirle el certificado judicial como requisito previo”, aseguró Santos y agregó que con la eliminación del certificado de supervivencia se acabarán las eternas filas a las que se veían sometidos los ancianos para reclamar su pensión.
Otra reforma destacada por el mandatario es la revisión técnico-mecánica para carros nuevos particulares, la cual será a partir del sexto año de uso y no del segundo.
El mandatario explicó que los funcionarios de las EPS que nieguen un servicio a un paciente lo deberán hacer por escrito. “Cuando una persona solicitaba a un hospital un servicio o un medicamento, muchas veces se lo negaban verbalmente y le decían que mejor pusiera una tutela. Mejor dicho: el funcionario no se hacía responsable de su negativa y mandaba al pobre paciente a los estrados judiciales”, explicó.
Santos anunció que no se exigirá a los afiliados a una EPS, cuyos hijos tienen beneficios hasta los 25 años mientras estén estudiando, que acrediten con certificados su calidad de estudiantes.
Por otro lado, del total de los trámites creados hasta hoy por la Ley, 500 corresponden a requisitos de las corporaciones autónomas regionales, y aunque la intención del Gobierno es reducir dicha cantidad de diligencias, éste no tiene las facultades para hacerlo; por eso, buscará la forma para tal propósito.
La nueva norma elimina más de 1.200 trámites que tenían que hacer los ciudadanos ante las diferentes entidades estatales. Durante la firma, el presidente Santos destacó que modernizará la labor del Estado que ha sido “deficiente y lenta” por mucho tiempo.
El primer mandatario señaló que la norma es el resultado de más de 6 meses de trabajo y de escuchar a los empresarios, a los gremios, a las mismas entidades estatales y a los ciudadanos para conocer de primera mano esos trámites innecesarios que merecían revisión.
“Fueron más de 900 observaciones y propuestas que analizamos y que fueron votadas, en un hecho sin precedentes en el mundo, por más de 70 mil ciudadanos que expresaron por internet, por teléfono o correo, cuáles eran los trámites más inútiles, más engorrosos o más susceptibles de generar corrupción”, explicó Santos.
De esta manera, a partir de hoy queda eliminada la expedición del certificado judicial. Este no podrá ser exigido como requisito por ninguna empresa pública o privada. También se elimina el certificado de supervivencia que los colombianos de la tercera edad tuvieron que presentar durante muchos años para demostrar que estaban vivos y poder recibir su pensión.
“Ninguna empresa podrá pedirle el certificado judicial como requisito previo”, aseguró Santos y agregó que con la eliminación del certificado de supervivencia se acabarán las eternas filas a las que se veían sometidos los ancianos para reclamar su pensión.
Otra reforma destacada por el mandatario es la revisión técnico-mecánica para carros nuevos particulares, la cual será a partir del sexto año de uso y no del segundo.
El mandatario explicó que los funcionarios de las EPS que nieguen un servicio a un paciente lo deberán hacer por escrito. “Cuando una persona solicitaba a un hospital un servicio o un medicamento, muchas veces se lo negaban verbalmente y le decían que mejor pusiera una tutela. Mejor dicho: el funcionario no se hacía responsable de su negativa y mandaba al pobre paciente a los estrados judiciales”, explicó.
Santos anunció que no se exigirá a los afiliados a una EPS, cuyos hijos tienen beneficios hasta los 25 años mientras estén estudiando, que acrediten con certificados su calidad de estudiantes.
Por otro lado, del total de los trámites creados hasta hoy por la Ley, 500 corresponden a requisitos de las corporaciones autónomas regionales, y aunque la intención del Gobierno es reducir dicha cantidad de diligencias, éste no tiene las facultades para hacerlo; por eso, buscará la forma para tal propósito.
Más competitividad
La iniciativa, que consta de 230 artículos, busca hacer más amable la vida a los colombianos. Entre otros, se reduce al máximo la exigencia de la huella dactilar, queda eliminado el requisito de las declaraciones extrajuicio y ninguna entidad del Gobierno podrá pedir al ciudadano que presente un documento autenticado en Notaría.
“Identificamos unos 70 trámites y regulaciones que le restan competitividad a la industria colombiana”, señaló Santos luego de suscribir el decreto-ley.
Agregó que se tuvieron en cuenta las recomendaciones del informe ‘Doing Business 2011’ y se incluyeron en la medida importantes reformas para facilitar los negocios.
En el caso del pago de las multas de tránsito, el Jefe de Estado indicó que los colombianos podrán pagarlas en el lugar que prefieran y no donde cometan la infracción. Así mismo, la vigencia de las licencias de conducción aumentará de cinco a diez años, e irá disminuyendo según la edad de los ciudadanos.
Sobre la eliminación del paz y salvo judicial, dijo que “esto no significa que dejen de llevarse antecedentes judiciales”.
No a la duplicidad
El decreto ley que suprime o reforma trámites, establece mecanismos puntuales para evitar que dos entidades distintas repitan una misma función.
Hizo un llamado a las empresas privadas para que también racionalicen los procesos que les exigen a los ciudadanos. La Urna de Cristal se mantendrá abierta para que los ciudadanos digan en qué otros aspectos hay que hacer correctivos. “Esta iniciativa no termina hoy”, afirmó el Jefe de Estado.
“En Colombia confiamos en nuestra gente, en su buena fe, por principio y por Constitución, y sólo exigiremos trámites cuando sean estrictamente necesarios”, declaró el Mandatario en el acto de firma del Decreto-Ley, en la Casa de Nariño.
“El objetivo de todo esto se resume en una frase: menos trámites y mejor servicio para los colombianos”, agregó.
El Presidente destacó que con esta Ley son tres los grupos beneficiados con el decreto: los ciudadanos de a pie, los empresarios y las entidades públicas.
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