Frente a las investigaciones contra mandatarios recién posesionados, Germán Vargas Lleras advirtió que la reforma política plantea sanciones a dirigentes de los partidos.
El Gobierno ha sido contundente al plantear que perseguirá a las denominadas bandas criminales (bacrim), en especial a ‘Los Urabeños’, que sembraron el temor en la última semana. Así lo ratifica el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien sostiene que no se tramitará ninguna normatividad que favorezca la desmovilización de estas organizaciones y asegura que las bacrim pretenden afectar el proceso de restitución de tierras que este año será una realidad. El ministro recuerda que los partidos son responsables de los avales que entregaron para las elecciones y advierte que puede haber sanciones. En materia legislativa, habló de su principal reto, la reforma a la justicia, e invitó a las cortes a volver al debate.
¿Habrá una política especial para combatir a las bacrim?
El Gobierno tiene una política muy definida y la ha venido aplicando. Las amenazas que han hecho no son más que el reflejo del éxito de esa política y el operativo que condujo a la baja de su cabecilla, alias Giovanni, demuestra que se están dando resultados.
¿Cuál es el trasfondo de la ofensiva de ‘Los Urabeños’?
Las zonas donde tuvieron una mayor expresión los hechos de esta semana coinciden con las áreas donde se presentaron los mayores despojos de tierras. El Gobierno es consciente de esto, por eso ha venido avanzando en la provisión de los recursos para el cumplimiento de la restitución de tierras y en las medidas de seguridad para los líderes de las organizaciones de víctimas.
Con la presión militar la única salida sería el sometimiento, pero vea lo que sucedió con Erpac…
Eso resultó ser una burla sobre la cual quiero expresar algunas consideraciones. Es claro para el Gobierno que no habrá debate, diálogo o negociación política. Tampoco se va a adoptar una legislación distinta. Se equivocan quienes piensan que el Gobierno adoptará una nueva política con organizaciones a las que no les reconoce, ni les reconocerá, estatus político.
¿Existe el riesgo de que torpedeen la aplicación de la Ley de Víctimas?
De ninguna manera. Sabemos que lo que viene no es fácil, porque es recabar en el conflicto sobre la tenencia de la tierra, que no es nuevo en el país. Pero hay una posición clara: avanzar en la restitución de millones de hectáreas que fueron despojadas por la fuerza.
Se está trabajando en un marco legal para la paz, ¿pero cuándo podría aplicarse?
Ésta es simplemente una disposición que, si el Gobierno lo estima adecuado, tendrá que tener unos desarrollos legales. Hoy, el Gobierno no está realizando ningún tipo de negociaciones, y el presidente ha señalado que en el futuro, cuando haya la certeza de que a las Farc les asiste el deseo de desmovilizarse, con hechos ciertos, considerará abrir paso a este proceso.
¿Qué pasó con el intento de dos alcaldes de posesionarse pese a estar detenidos?
Puedo señalar que no hubo ingreso de notario alguno para tomar posesión a ningún alcalde. Lo que ocurrió fue que pretendieron generar un acto administrativo, a través de unos testigos, pero no tuvo ningún efecto. Desde el 2 de enero, en coordinación con el gobernador de Córdoba, se procedió a designar a dos secretarios del despacho para que asumieran esas alcaldías. Si esa circunstancia continúa, habrá que convocar a elecciones.
¿Los directores de los partidos son responsables por la entrega de esos avales?
Creo que sí, así quedó planteado en la reforma política. Pero por eso el complemento de esa reforma debe ser el código electoral que presentó el Gobierno. Ésta es una ley estatutaria que permitirá llenar muchos vacíos. Por ejemplo, cerrar aún más las facultades que tienen los partidos para el otorgamiento de avales, eleva a categoría legal lo que en este proceso fue un compromiso de los partidos de elevar consultas sobre antecedentes de sus candidatos. Lo convierte en algo reglado y de obligatorio cumplimiento.
¿Las sanciones deben empezar a aplicarse?
Surge el interrogante sobre qué pasa en casos en los que las personas están siendo procesadas pero prevalece el principio de inocencia. Sobre esa materia, la reforma política planteó que en el evento de que las personas terminen siendo culpables, la responsabilidad se hace extensiva a los funcionarios que las inscribieron. Las sanciones van hasta la pérdida de personería jurídica del partido.
Pese a los filtros de los partidos hay quienes buscan la forma de pasar por encima de las normas…
Más de 10 mil avales fueron rechazados gracias a la consulta ante la ventanilla única del Ministerio del Interior. Pero, a través del proceso de inscripción con la recolección de firmas se han burlado de la ley y se han inscrito candidatos a quienes los partidos les habían negado el aval. Eso se va a reglar en el código electoral.
¿Cumplirán con el trámite de la reforma a la justicia que necesita el país?
Estos meses serán útiles para promover debates académicos y que lleguemos con posiciones decantadas. El Gobierno siempre ha tenido claro su propósito de que esta reforma contribuya a la descongestión y mejore el sistema de administración de justicia.
La ausencia de las altas cortes, ¿le resta legitimidad a la reforma?
Es deseable que regresen al escenario natural de discusión, que no es otro que el Congreso; ese es un derecho constitucional que a ellas les asiste. Han estado en todo este tiempo concentradas en el tema del financiamiento de la rama. Ese tema es importante y tenemos el compromiso de hacer unos incrementos, pero tengo la impresión de que el tema de la plata se ha convertido en una bandera que les ha impedido debatir con mayor amplitud otros temas de la reforma.
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