Los presuntos aportes hechos a tres candidatos para las elecciones locales del 2003, pese a hacer parte de la Asamblea, tienen hoy en apuros al diputado del Partido de la U, Francisco Alberto Bermont Galvis.
El viernes fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander una demanda mediante la que solicitan se decrete la pérdida de investidura del dirigente político, tras considerar que incurrió en una violación de la norma constitucional contenida en el Artículo 110.
Lo anterior por cuanto, dicho artículo, “prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a partidos, movimientos, candidatos, o inducir a otros a que lo hagan…”.
El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones, reza la norma, será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura.
Según el demandante, el abogado José Antonio Quintero Jaimes, quien fue el mismo que impulsó la pérdida de investidura de la exdiputada Silvia Corzo Román por un hecho similar, Bermont Galvis en su calidad de funcionario público efectuó a su nombre contribuciones en dinero “a sujetos que el texto del Artículo 110 comporta como destinatarios de su prohibición”.
Los aportes habrían sido recibidos por los entonces aspirantes a las alcaldías de:
-Bochalema: Reinel Ovidio García Mejía, quien registró una contribución de dos millones y medio de pesos, la cual aparece relacionada, según el demandante, entre las “contribuciones y donaciones de los familiares y/o particulares” a nombre del diputado Bermont.
-Cácota: Jesús Geofrey Isidro. Este candidato al parecer relacionó un aporte de un millón de pesos a cargo también del entonces dirigente liberal y hoy integrante de la U.
-Chitagá: esta última contribución habría sido para el candidato a la alcaldía de la época, Fredy Orlando Quintero Mogollón, por un monto de $4’100.000.
Junto al escrito de la demanda, el abogado Quintero allegó al Tribunal copia de las constancias del Consejo Nacional Electoral, en las que se certifica la realización de las contribuciones a los tres candidatos.
Bajo estos argumentos, el demandante le solicitó al Tribunal que se declare la pérdida de investidura del diputado y ordene, en consecuencia, la cancelación de la credencial que actualmente ostenta.
Tras conocerse el radicado de la demanda, La Opinión intentó comunicarse con Bermont Galvis, pero no fue posible conocer una respuesta suya sobre los hechos en cuestión.
Hace algunos días, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió una demanda contra la Presidenta de el Asamblea, Marina Lozano, en la que también solicitan la pérdida de su investidura, por una presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El viernes fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander una demanda mediante la que solicitan se decrete la pérdida de investidura del dirigente político, tras considerar que incurrió en una violación de la norma constitucional contenida en el Artículo 110.
Lo anterior por cuanto, dicho artículo, “prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a partidos, movimientos, candidatos, o inducir a otros a que lo hagan…”.
El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones, reza la norma, será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura.
Según el demandante, el abogado José Antonio Quintero Jaimes, quien fue el mismo que impulsó la pérdida de investidura de la exdiputada Silvia Corzo Román por un hecho similar, Bermont Galvis en su calidad de funcionario público efectuó a su nombre contribuciones en dinero “a sujetos que el texto del Artículo 110 comporta como destinatarios de su prohibición”.
Los aportes habrían sido recibidos por los entonces aspirantes a las alcaldías de:
-Bochalema: Reinel Ovidio García Mejía, quien registró una contribución de dos millones y medio de pesos, la cual aparece relacionada, según el demandante, entre las “contribuciones y donaciones de los familiares y/o particulares” a nombre del diputado Bermont.
-Cácota: Jesús Geofrey Isidro. Este candidato al parecer relacionó un aporte de un millón de pesos a cargo también del entonces dirigente liberal y hoy integrante de la U.
-Chitagá: esta última contribución habría sido para el candidato a la alcaldía de la época, Fredy Orlando Quintero Mogollón, por un monto de $4’100.000.
Junto al escrito de la demanda, el abogado Quintero allegó al Tribunal copia de las constancias del Consejo Nacional Electoral, en las que se certifica la realización de las contribuciones a los tres candidatos.
Bajo estos argumentos, el demandante le solicitó al Tribunal que se declare la pérdida de investidura del diputado y ordene, en consecuencia, la cancelación de la credencial que actualmente ostenta.
Tras conocerse el radicado de la demanda, La Opinión intentó comunicarse con Bermont Galvis, pero no fue posible conocer una respuesta suya sobre los hechos en cuestión.
Hace algunos días, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió una demanda contra la Presidenta de el Asamblea, Marina Lozano, en la que también solicitan la pérdida de su investidura, por una presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
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