Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)
No ha resultado ninguna novedad que como si se tratara de un dominó, empezaran a salir de sus cargos alcaldes, gobernadores y hasta concejales que tomaron posesión de sus cargos hace apenas cuatro meses.
Así lo habían advertido organizaciones civiles que en su momento señalaron que un número importante de candidatos, de los comicios regionales de 2011, estaban siendo investigados penal y disciplinariamente, y que de resultar elegidos seguramente no terminarían sus períodos.
La sentencia se está haciendo realidad y gobernadores electos del Valle, Héctor Fabio Useche, y de Huila, Cielo González (en primera instancia) ya fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación y ahora es muy posible que el Gobierno tenga la obligación de convocar a elecciones atípicas para suplir la ausencia de estos mandatarios, lo que no sólo generaría un importante costo fiscal, sino que no permitiría avanzar en los planes del Gobierno y las políticas públicas en los departamentos.
Con este advertido panorama, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), reclamó un gesto de responsabilidad política por parte de los presidentes y directivos de los partidos por haber otorgado los avales cuando era de conocimiento público que los candidatos estaban siendo objeto de investigaciones penales y disciplinarias.
“Acá estamos hablando de corrupción, de lo que están haciendo con el dinero de la educación, de la salud, de los servicios públicos. Hoy se están viendo las decisiones disciplinarias, pero no se escucha una voz de los directivos de los partidos políticos presentándole excusas al país por no haber sido responsables con las entregas de los avales. Por el contrario, su principal preocupación es presentar la terna para el reemplazo de los funcionarios sancionados”, dijo Barrios.
A futuro la situación promete empeorar. El gobernador electo de Casanare, Néstor Mariño, tiene investigaciones pendientes por su gestión cuando fue alcalde de Yopal; en Arauca, José Facundo Castillo, por su gestión como director del Hospital San Vicente, y, en La Guajira, Juan Francisco Castillo es investigado por porte ilegal de armas. Casos como estos se registran a granel en alcaldías y concejos del país. Los costos fiscal, político, democrático y de desarrollo resultan incalculables.
Esta irresponsabilidad por parte de partidos y movimientos políticos no es nueva. De acuerdo con información aportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los últimos nueve años se han realizado 77 elecciones atípicas relacionadas con faltas o irregularidades de funcionarios electos. 41 fueron por declaración de la nulidad de la elección por parte de los tribunales administrativos de los departamentos o por el Consejo de Estado, 33 por destitución de mandatarios por parte de la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría y 3 por destitución del mandatario por parte del gobernador o el ministro del Interior por tener sentencia penal en su contra.
Al respecto, el registrador General de la Nación, Carlos Ariel Sánchez, advirtió que “es oportuno reflexionar sobre la responsabilidad económica de candidatos, partidos y movimientos políticos en la realización de elecciones atípicas originadas en la destitución del cargo por faltas penales, disciplinarias o administrativas”.
Por lo pronto ese llamado a la responsabilidad está en el limbo, pues aunque la reforma política de 2009 plantea que las organizaciones partidistas serán responsables por avalar candidatos que resulten condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizaron, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, no obstante, en esta norma no se abordó compromiso frente a sanciones de tipo disciplinario o administrativo, como lo plantea el Registrador.
Pero además de los compromisos normativos que deben cumplir los presidentes y directivos de los partidos, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostiene que la ciudadanía también está en mora de asumir la responsabilidad de sus decisiones políticas. “En el caso de la Gobernación del Valle, todos los reflectores estaban prendidos sobre las investigaciones que se estaban adelantando contra Héctor Fabio Useche, aun así, más de 420 mil personas votaron por él”, afirmó.
Las decisiones ya fueron tomadas en las urnas en octubre de 2011 y, aunque no se puede generalizar, se esperan nuevas decisiones de la justicia y convocatorias a elecciones atípicas, lo que plantea una reflexión de ciudadanos y partidos políticos sobre la responsabilidad al momento de respaldar a los candidatos a corporaciones públicas.
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