En el eje Ureña-San Antonio se mantienen activos más de 20 operadores cambiarios de moneda, que durante décadas han contribuido a la dinámica comercial y la integración fronteriza.
En un reciente informe de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), se señala que los operadores cambiarios fronterizos de Ureña y San Antonio podrían estar incurriendo en un ilícito en las operaciones al tener una tasa de cambio diferente a la oficial.
La entidad destaca el incumplimiento de algunas normas por parte de esos comerciantes de divisas, en el oficio que les remitieron después de la inspección general practicada a los establecimientos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia, en la primera quincena de abril de 2012.
La visita de inspección tuvo entre los objetivos evaluar el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Resolución No. 119-10, ‘Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras’.
Ese resultado generó enorme preocupación entre los operadores de la frontera de Táchira, y temen que las fallas detectadas puedan llevar al cierre de las agencias de cambio del eje fronterizo San Antonio-Ureña.
El organismo que rige a los operadores cambiarios se fundamenta en que el artículo 1 del convenio cambiario número 14, del 30 de diciembre de 2010, donde establece que “a partir del 1 de enero de 2011, se fija el tipo de cambio en cuatro bolívares con dos mil ochocientas noventa y tres diezmilésimas (Bs.4,2893) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta”.
En el informe se lee que el tipo de cambio de referencia suministrado por los operadores cambiarios no se corresponde con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela. “El ente supervisor, requiere que explique detalladamente el procedimiento o metodología usada para calcular el tipo de cambio aplicado en dichas operaciones, así como informar sobre las fuentes utilizadas para determinar el tipo de cambio de referencia, toda vez que la utilización de un tipo de cambio distinto al oficial podría estar enmarcado en el supuesto de un ilícito cambiario, establecido en la Ley Especial que rige esta materia”.
Los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia encontraron que los operadores fijan la tasa cambio al hacer la relación entre el tipo de cambio vigente en Colombia y un tipo de cambio no oficial aplicado en la zona fronteriza con Venezuela.
Si aplicaran el tipo de cambio oficial para la conversión bolívar-peso, el cambio actualmente sería de 400 pesos por bolívar. Sin embargo, como se determina por un tipo de cambio distinto al oficial, el precio que la Superintendencia observó en las agencias de la frontera no alcanza ni a la mitad del cambio oficial que debería prevalecer en la relación bolívar-peso.
Los operadores cambiarios no se han pronunciado de manera oficial sobre el informe de la Superintendencia, pero si reiteraron la preocupación que embarga al gremio que se ha mantenido durante varias décadas sirviendo al desarrollo de la integración colombo- venezolana, facilitando el cambio de las divisas a los habitantes de uno y otro país.
Sostienen que están indefensos, porque el Estado venezolano no ha proporcionado los mecanismos que permitan controlar la conversión bolívar-peso en la frontera de Táchira, para poder transar de acuerdo al cambio oficial establecido por el Banco Central.
Manifiestan que, además de las regulaciones establecidas por la Superintendencia, es necesario que existan acuerdos entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República de Colombia, para que abran oficinas donde los operadores puedan comprar pesos y bolívares, respectivamente, a razón del cambio oficial. Igualmente, se requiere que el Gobierno colombiano entre a regular el mercado libre de divisas que impera en el país.
La entidad destaca el incumplimiento de algunas normas por parte de esos comerciantes de divisas, en el oficio que les remitieron después de la inspección general practicada a los establecimientos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia, en la primera quincena de abril de 2012.
La visita de inspección tuvo entre los objetivos evaluar el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Resolución No. 119-10, ‘Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras’.
Ese resultado generó enorme preocupación entre los operadores de la frontera de Táchira, y temen que las fallas detectadas puedan llevar al cierre de las agencias de cambio del eje fronterizo San Antonio-Ureña.
El organismo que rige a los operadores cambiarios se fundamenta en que el artículo 1 del convenio cambiario número 14, del 30 de diciembre de 2010, donde establece que “a partir del 1 de enero de 2011, se fija el tipo de cambio en cuatro bolívares con dos mil ochocientas noventa y tres diezmilésimas (Bs.4,2893) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta”.
En el informe se lee que el tipo de cambio de referencia suministrado por los operadores cambiarios no se corresponde con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela. “El ente supervisor, requiere que explique detalladamente el procedimiento o metodología usada para calcular el tipo de cambio aplicado en dichas operaciones, así como informar sobre las fuentes utilizadas para determinar el tipo de cambio de referencia, toda vez que la utilización de un tipo de cambio distinto al oficial podría estar enmarcado en el supuesto de un ilícito cambiario, establecido en la Ley Especial que rige esta materia”.
Los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia encontraron que los operadores fijan la tasa cambio al hacer la relación entre el tipo de cambio vigente en Colombia y un tipo de cambio no oficial aplicado en la zona fronteriza con Venezuela.
Si aplicaran el tipo de cambio oficial para la conversión bolívar-peso, el cambio actualmente sería de 400 pesos por bolívar. Sin embargo, como se determina por un tipo de cambio distinto al oficial, el precio que la Superintendencia observó en las agencias de la frontera no alcanza ni a la mitad del cambio oficial que debería prevalecer en la relación bolívar-peso.
Los operadores cambiarios no se han pronunciado de manera oficial sobre el informe de la Superintendencia, pero si reiteraron la preocupación que embarga al gremio que se ha mantenido durante varias décadas sirviendo al desarrollo de la integración colombo- venezolana, facilitando el cambio de las divisas a los habitantes de uno y otro país.
Sostienen que están indefensos, porque el Estado venezolano no ha proporcionado los mecanismos que permitan controlar la conversión bolívar-peso en la frontera de Táchira, para poder transar de acuerdo al cambio oficial establecido por el Banco Central.
Manifiestan que, además de las regulaciones establecidas por la Superintendencia, es necesario que existan acuerdos entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República de Colombia, para que abran oficinas donde los operadores puedan comprar pesos y bolívares, respectivamente, a razón del cambio oficial. Igualmente, se requiere que el Gobierno colombiano entre a regular el mercado libre de divisas que impera en el país.
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