Presidente objeta reforma de la justicia para evitar excarcelación masiva

El presidente Santos durante el anuncio de que devolverá la reforma de la justicia al Congreso.

Presidente argumenta que en conciliación introdujeron "micos" inaceptables para el país.

Por considerar que en la conciliación de la reforma de la justicia los congresistas incluyeron disposiciones "inaceptables para el país y para el Gobierno", el presidente Juan Manuel Santos devolverá al Congreso, por inconveniente e inconstitucional, el texto de la reforma.

"No ha sido una decisión fácil. Pero la buena salud de la justicia y nuestro compromiso por la transparencia y contra la corrupción, están por encima de todo", afirmó el mandatario anoche, durante una alocución radiotelevisada. Subrayó: "Como Presidente de los colombianos y obrando en conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere".

A juicio del mandatario, la comisión de conciliación que tenía a su cargo unificar los textos de lo aprobado por Senado y Cámara, "desbordó sus competencias", al hacer modificaciones que no debían hacerse pues, en algunos casos, los textos eran idénticos.

Santos afirmó: "Se introdujeron cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia, y algunos son verdaderos micos".

Esta es la primera vez que un Jefe de Estado toma la decisión de objetar un acto legislativo, dadas sus graves implicaciones.

Las cuatro objeciones a la reforma

Los reparos de Santos se centran en cuatro ejes. El primero tiene que ver con la posibilidad de que cerca de 1.500 altos funcionarios que eran investigados por la Fiscalía, pero juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pasen a las nuevas salas de este tribunal -creadas por la reforma-, lo cual implicaría que procesos contra exministros, exembajadores y ex directores de departamentos administrativos tuvieran que ser asumidos por solo seis magistrados, que además no han sido nombrados.

El segundo, con la reforma de la doble instancia, que regiría para los congresistas procesados, la cual extendió el beneficio incluso a procesos de nulidad electoral. El tercero se relaciona con las modificaciones que se hicieron al régimen de pérdida de investidura. Por último, Santos cuestionó la supresión del régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

"Queríamos y queremos una reforma constitucional para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas o beneficios a quienes están hoy investigados y para generar un caos en la justicia", aseguró el Jefe de Estado, quien subrayó que asume "las consecuencias" de la decisión que tomó.

Los congresistas eliminaron como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades para ser legislador. Este régimen incluye, entre otras cosas, haber sido condenado a pena privativa de la libertad, haber ejercido como empleado público en los 12 meses anteriores a la elección y haber intervenido en negocios ante entidades públicas.

Frente a la pérdida de investidura establecieron la gradualidad, que implica que en algunos casos podrán ser suspendidos máximo por un año, pero no perderán la curul.

Como si fuera poco, incluyeron un parágrafo para que solo puedan ser capturados cuando haya resolución de acusación en su contra.

Otro de los beneficios es que no podrán ser denunciados de forma anónima. Quien los denuncie deberá presentarse con nombre, cédula y pruebas.

Sustento jurídico

El documento que sustenta las objeciones del Gobierno frente a la reforma llegará hoy mismo a las secretarías de Senado y Cámara.

La decisión de objetar la iniciativa se fundamenta en una
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que indica que cuando haya vacíos en las normas y procedimientos de las reformas constitucionales, se aplicarán los mismos mecanismos que para objetar leyes ordinarias.

Empezaron peticiones de libertad por limbo

De igual manera, se estableció que el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, renunció a que su periodo se ampliara a los 12 años, tal como lo establece la reforma de la justicia.

Parapolíticos, los primeros Pero hay más consecuencias de lo aprobado por el Congreso. Diez congresistas investigados por 'parapolítica' y detenidos por orden de la Corte quedarán en libertad, pues la reforma establece que solo se podrán ordenar capturas de aforados cuando haya resolución de acusación.

La Sala Penal de la Corte también perderá toda competencia sobre los 103 congresistas y excongresistas que en este momento tienen investigaciones preliminares. En adelante, estos casos serían asumidos por la nueva sala de investigación.

Además, como lo advirtió anoche el presidente Santos, los conciliadores pasaron de un plumazo más de 1.500 investigaciones contra altos funcionarios que estaban en manos de fiscales delegados a la nueva sala de la Corte, que aún no existe, lo que provocaría un colapso judicial.

En vilo, 28 casos de investidura

Los procesos están en el consejo de estado

Ayer, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, admitió que tras la reforma los procesos de pérdida de investidura quedarán temporalmente frenados, mientras se procede a un nuevo reparto, ordenado por la norma. Del Congreso elegido en el 2010, hay 28 parlamentarios que tienen procesos en su contra en esa Corte. De ellos, 13 votaron en favor del nuevo blindaje para sus investiduras.

Comenzó recolección de firmas para tumbarla

Etapas para un referendo

Hay que recoger un número de firmas equivalente al 5 por mil del censo electoral (31'147.177), cerca de 180.000, para inscribir el comité promotor en la Registraduría.

2. Convocar a urnas

Para que se avale un referendo se deben recoger un número de firmas equivalente al 5 por ciento del censo, lo que equivaldría a un poco más de un millón y medio de rúbricas.

3. Para aprobarlo

Si se admite llamar a urnas para votar el referendo, se requieren por lo menos siete millones y medio de votos, de los cuales la mitad más uno deben ser favorables.

1. Conformar comitéAyer despegó el movimiento que promoverá un referendo para tumbar la reforma judicial. Por ley, quienes quieran convocarlo tienen seis meses a partir de la publicación de la norma para surtir todo el proceso.

Entre ellos está la representante del Partido Verde Ángela María Robledo, quien afirmó que "la reforma fue iniciativa del Gobierno, pero perdió el sentido a través de los debates y, al final, el Ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) permitió que terminará siendo una norma confeccionada a la medida de los aforados".

Las firmas necesarias para el referendo derogatorio comenzaron a recogerse ayer mismo. La Red de Veedurías apoya la campaña.Menos de 24 horas después de que el Congreso aprobara la reforma de la justicia, el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno fracasó en el intento de lograr su libertad argumentando el limbo jurídico generado por el polémico acto legislativo. Moreno está preso y llamado a juicio por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.

Ayer, en audiencia ante la Corte Suprema y mientras en el país seguía intensa la polémica por el nuevo blindaje judicial que tendrán los congresistas y otros funcionarios con fuero, el abogado Jaime Granados pidió la libertad del exsecretario de Palacio alegando el régimen más favorable para el acusado. Tras una intensa discusión, la Corte Suprema decidió negar la petición, pero no analizó a fondo el tema, sino que se excusó en que la reforma de la justicia aún no está vigente.

El campanazo sobre los procesos que tienen tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, en todo caso, se sintió. El intento de Moreno, según expertos penalistas y constitucionalistas, se repetirá en los altos estrados debido a que en el texto final de la reforma se suprimieron tres párrafos transitorios que dejaban en firme lo actuado en los procesos. Esas disposiciones, que fueron aprobadas en la última plenaria de Cámara, desaparecieron durante la sesión de la comisión de conciliación que, además, revivió polémicos beneficios para los congresistas en los procesos por pérdida de investidura y que habían sido derrotados en los ocho debates reglamentarios.

Como no se estableció un régimen de transición, señaló el exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez, el riesgo de excarcelaciones es alto. Y, más aún, muchos casos en los que, incluso, se llegó a etapa de juicio, como el de Bernardo Moreno o el de Andrés Felipe Arias por el escándalo de AIS, podrían quedar en el aire, pues la reforma es clara en señalar que este tipo de procesos pasan a manos de una sala de juzgamiento que no existe aún.

Inexplicablemente, los conciliadores no establecieron ninguna medida para garantizar la acción de la justicia en un ínterin que puede durar meses. En la polémica conciliación, los representantes Germán Varón y Roosvelt Rodríguez fueron derrotados en su defensa del régimen de transición que ponía a salvo los procesos en la Corte.

Ayer, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya aseguró que el riesgo no existe y que se aprobó una disposición según la cual solo serían cubiertos por la reforma los casos que no hubieran llegado a resolución de acusación. Pero en el texto aprobado ese parágrafo no aparece.