En las calles y avenidas de los municipios del área metropolitana de Cúcuta, es usual que los conductores de vehículos particulares y de servicio público pongan combustible que expendedores informales venden en “pimpinas” a menor precio que en las estaciones de servicio autorizadas. (Foto Leo Ramírez /AFP)
A las nueve de la mañana, el tráfico entre San Antonio (oeste de Venezuela) y la vecina Cúcuta (Colombia) fluye con normalidad, pero salta a la vista un grupo que aprovecha la abismal diferencia del precio de la gasolina y no se amedrenta con la instalación de un chip para controlar el contrabando.
“Yo la vendo muy barata”, dice a la AFP bajo anonimato un joven apostado a un lado de la carretera hacia Cúcuta con una montañita de ‘pimpinas’, antes de aspirar el extremo de una manguera colocada en el tanque de un taxi venezolano para que la gasolina corra hasta una de estas garrafas de 20 litros.
En Venezuela, la gasolina, subsidiada, es la más barata del mundo: la que cargan los vehículos cuesta 0,02 dólares el litro, mientras que en Colombia su precio es de 1,25 dólares (62 veces más cara).
El negocio es redondo para los contrabandistas, y más si se hace varias veces al día: un vehículo llena un tanque de 40 litros por poco más de medio dólar en Venezuela, cruza la frontera, vende el líquido a un ‘pimpinero’ por unos diez dólares, y éste lo revende en el mercado negro colombiano a unos veinte, la mitad de lo que cuesta llenar el tanque en el mercado oficial.
“En Colombia ya para los viejos no hay trabajo, en ninguna empresa lo reciben, entonces qué más puede hacer uno”, explica otro ‘pimpinero’, de unos 60 años en la misma carretera. Si el día es bueno, dice, puede ganarse unos 100.000 pesos (algo más de 50 dólares).
A pocos metros, las fuerzas de seguridad colombianas hacen la vista gorda.
Las autoridades del Estado Norte de Santander, conscientes de que el pequeño contrabando de gasolina en esta zona con un 18% de desempleo es el modo de subsistencia de miles de familias desde hace décadas, están optando por alentar a los ‘pimpineros’ a “trabajar en sectores legales” más que a combatirlos por la fuerza, según explicó a periodistas Cristian Buitrago, gobernador interino.
El chip de la discordia
El gobierno de Hugo Chávez, preocupado por la pérdida de miles de millones de dólares anuales en el contrabando de gasolina, impuso un chip -o código de barras pegado en el parabrisas- de racionamiento a 42 litros diarios por vehículo particular; y cantidades superiores para los de transporte de pasajeros y mercaderías.
La medida, similar a la que años atrás se instaló en Irán -otro país que sufría las consecuencias de tener la gasolina mucho más barata que sus vecinos-, empezó a implantarse en 2011 en el Táchira y en junio de este año en Zulia, ambos Estados del noroeste venezolano, fronterizos con Colombia y gobernados por la oposición.
Pero cualquier decisión que afecte a la gasolina es muy sensible en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, donde la cultura de la gasolina a precio regalado está muy arraigada y ha llegado a ser motivo de revuelta.
Las autoridades locales consideran que este “apartheid de combustible” es una decisión política que perjudica a sus ciudadanos, que en ocasiones se quedan sin combustible, y ataca sólo a los pequeños contrabandistas, que ven reducidas sus posibilidades de vender su cupo en Colombia.
“Los mayoristas siguen teniendo la oportunidad, los que manejan el negocio en PDVSA (la petrolera estatal venezolana) y los que controlan la frontera. Para ellos no están los chips, por ahí pasan las gandolas (camiones cisterna) a cada rato hacia Colombia”, denuncia el gobernador del Táchira, César Pérez Vivas.
Además Venezuela, con 3.000 kilómetros de costas y 5.000 kilómetros de frontera con Colombia, Brasil y Guyana, sigue siendo expoliada por tierra y mar “por todos los puntos cardinales de su geografía” a pesar del chip, agrega.
En las calles de San Cristóbal, capital de Táchira, las opiniones de los usuarios del chip, que el gobierno instaló de forma gratuita en todos los vehículos, están divididas.
“Esto no funciona. La gente alquila sus chips o paga a los bomberos (empleados de gasolinera)”, explica a la AFP un joven conductor de una camioneta 4×4 mientras espera su turno en una estación de servicio. “La prueba es que en Colombia el precio de la ‘pimpina’ ha bajado y no ha subido. Cada vez hay más”.
“A mí me tocan 50 litros diarios”, asegura por su parte Jorge, un taxista. “Con eso trabajo dos días y me queda gasolina. Lo bueno es que se eliminaron las colas. A veces había una cola de hasta 40 o 50 carros, hasta hora y media se tardaba en echar gasolina. Todos los carros cargaban para el otro lado”, sostuvo.
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