Alejandro Ordóñez, María Mercedes López y Orlando Gallo, candidatos a la
Procuraduría.
Procuraduría dice que hay 13 senadores
investigados. Antes de votar, Congreso definirá recusaciones.
Con 13 senadores enfrentando investigaciones disciplinarias, el Senado llega
este martes a la votación en la que elegirá al titular de la Procuraduría
General de la Nación para los próximos cuatro años.
Los procesos fueron confirmados por el mismo jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez -quien hace parte de la terna-, ante la solicitud de la mesa directiva del Senado para que certifique la situación de 28 congresistas recusados.
El abogado Gabriel Gonzalo Pacheco radicó ayer lunes ante la Secretaría del Senado un documento en el que recusa a casi la tercera parte de esa corporación por la existencia de investigaciones disciplinarias, lo que a su juicio generaría un conflicto de intereses si los congresistas participan en una elección en la que Ordóñez es precisamente quien lleva los procesos en su contra.
Aunque la mayoría de congresistas mencionados en el documento de González señalaron que no tienen impedimento para votar -bien porque no tienen procesos formales o porque se archivaron los casos en su contra-, hasta ayer los nombres de la mayoría de ellos aparecían en la página web de la Procuraduría como expedientes activos.
Finalmente, la Procuraduría confirmó los siguientes nombres: Eduardo Enríquez Maya (conservador), Miriam Paredes (conservador), Hernán Andrade (conservador), Musa Besaile ('la U'), Armando Benedetti, ('la U') Karime Motta ('la U'), Luis Fernando Velasco (liberal), Jorge Enrique Robledo (Polo), Jorge Londoño (verde), Honorio Galvis (liberal), Alexánder López (Polo), Gloria Inés Ramírez (Polo) y Álvaro Ashton (liberal).
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya, uno de los investigados, dijo que los impedimentos solo afectan a los congresistas "cuando se votan proyectos de ley o de reforma constitucional, no para elecciones". Por eso, anunció que "no me impediré, ni pediré la votación del impedimento".
El senador Armando Benedetti admitió que tiene una indagación preliminar, pero que de todas maneras se declarará impedido.
En todo caso, según estos congresistas, el Senado ya resolvió esta situación en el pasado. En la reelección del exprocurador Edgardo Maya Villazón, una comisión accidental decidió que los impedimentos solo se aceptarían para quienes tuvieran investigaciones en etapa de pliego de cargos.
Esos supuestos impedimentos y otros relacionados con el nombramiento de personas cercanas a algunos senadores en el Ministerio Público serán el punto de arranque de una elección que hasta hace tres semanas parecía resuelta a favor de Ordóñez, pero que se apretó tras la designación de la magistrada María Mercedes López -al igual que Ordóñez, también de origen conservador- como candidata del presidente Juan Manuel Santos.
Los procesos fueron confirmados por el mismo jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez -quien hace parte de la terna-, ante la solicitud de la mesa directiva del Senado para que certifique la situación de 28 congresistas recusados.
El abogado Gabriel Gonzalo Pacheco radicó ayer lunes ante la Secretaría del Senado un documento en el que recusa a casi la tercera parte de esa corporación por la existencia de investigaciones disciplinarias, lo que a su juicio generaría un conflicto de intereses si los congresistas participan en una elección en la que Ordóñez es precisamente quien lleva los procesos en su contra.
Aunque la mayoría de congresistas mencionados en el documento de González señalaron que no tienen impedimento para votar -bien porque no tienen procesos formales o porque se archivaron los casos en su contra-, hasta ayer los nombres de la mayoría de ellos aparecían en la página web de la Procuraduría como expedientes activos.
Finalmente, la Procuraduría confirmó los siguientes nombres: Eduardo Enríquez Maya (conservador), Miriam Paredes (conservador), Hernán Andrade (conservador), Musa Besaile ('la U'), Armando Benedetti, ('la U') Karime Motta ('la U'), Luis Fernando Velasco (liberal), Jorge Enrique Robledo (Polo), Jorge Londoño (verde), Honorio Galvis (liberal), Alexánder López (Polo), Gloria Inés Ramírez (Polo) y Álvaro Ashton (liberal).
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya, uno de los investigados, dijo que los impedimentos solo afectan a los congresistas "cuando se votan proyectos de ley o de reforma constitucional, no para elecciones". Por eso, anunció que "no me impediré, ni pediré la votación del impedimento".
El senador Armando Benedetti admitió que tiene una indagación preliminar, pero que de todas maneras se declarará impedido.
En todo caso, según estos congresistas, el Senado ya resolvió esta situación en el pasado. En la reelección del exprocurador Edgardo Maya Villazón, una comisión accidental decidió que los impedimentos solo se aceptarían para quienes tuvieran investigaciones en etapa de pliego de cargos.
Esos supuestos impedimentos y otros relacionados con el nombramiento de personas cercanas a algunos senadores en el Ministerio Público serán el punto de arranque de una elección que hasta hace tres semanas parecía resuelta a favor de Ordóñez, pero que se apretó tras la designación de la magistrada María Mercedes López -al igual que Ordóñez, también de origen conservador- como candidata del presidente Juan Manuel Santos.
El tercero en esta puja, el catedrático Orlando Gallo Suárez (postulado por el Consejo de Estado), aparece sin mayores opciones en las cuentas en el Congreso.
El Senado tampoco ha resuelto formalmente la solicitud de la candidata López de aplazar la votación hasta el final de la legislatura, como ha sido tradicional en otras elecciones del Procurador.
Su punto es que ella apenas lleva 27 días en campaña, mientras que Ordóñez, que fue ternado por la Corte Suprema, está ambientando su aspiración desde septiembre.
Frente a este hecho, Elección Visible ha venido planteando la necesidad de garantizar que todos los candidatos tengan las mismas garantías.
Los principales
retos del elegido
La lucha contra la corrupción, la defensa de las víctimas del conflicto
armado y el proceso de diálogos de paz con las Farc aparecen, según los
analistas, como temas claves en la agenda de quien sea elegido Procurador
General. Su periodo arrancará el primero de enero del 2013.
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