Un proyecto que pretende reglamentar la participación política de los servidores públicos en los procesos electorales, está a punto de hundirse nuevamente en el Senado.
La posibilidad de que los funcionarios públicos puedan participar abiertamente en política sin ser sancionados, como se permite en otros países, parece esfumarse nuevamente en el Congreso, lo que impediría su aplicación en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Hace un año la iniciativa fue archivada en el segundo debate por falta de apoyo, por lo que se intentó revivir en la presente legislatura, pero en esta oportunidad está a punto de correr la misma suerte.
Esta semana, el proyecto de ley estatutaria, cuyo ponente es el senador Carlos Soto (Partido de la U), no alcanzó el número de votos requerido en la plenaria del Senado y tuvo que ser aplazado.
Sin embargo, ante el escaso tiempo que queda del periodo ordinario de sesiones, este podría volver a naufragar por cuanto no se alcanzaría a discutir en detalle.
Para el senador Soto este proyecto es una deuda del Congreso con los servidores públicos y la democracia desde hace 20 años, de ahí su importancia de no dejarlo hundir.
“El constituyente fue explícito dando la orden a la corporación que lo reglamente. El resto es una máscara, que cuando les conviene se la quitan y nutren sus apetitos, y cuando no, la considera una amenaza”, manifestó, en una clara crítica a quienes no apoyaron la iniciativa.
El dirigente también cuestionó el hecho de que si el presidente de la República asiste a una reunión de un partido político debe pedir autorización lo mismo que los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios públicos.
Por esta razón, el senador Soto advirtió que no debería haber más procesos disciplinarios o penales por intervención en política, salvo los relativos a coacción o corrupción al elector.
Otra que defendió la iniciativa fue la senadora Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, quien dijo que el proyecto acaba con la doble moral que se maneja en el país, en la medida que los colombianos, cuyos cargos obedecen a cuotas políticas, puedan hacer política. “Ese es un ejercicio muy sano”, dijo.
Sin embargo, el también senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar, reprochó que la norma se queda corta, puesto que no le permite a los servidores ser candidatos a cargos de elección popular, como si lo hace con el presidente y los miembros de corporaciones públicas.
Otros senadores que votaron negativo argumentaron que este proyecto no garantiza que no se presente corrupción en los procesos electorales.
LO QUE PRETENDE EL PROYECTO DE LEY
La idea de reglamentar la participación política de los funcionarios públicos, contemplada en el artículo 127 de la Constitución Nacional, busca que quienes estén vinculados con el Estado puedan expresar sin reparos su apoyo a uno u otro partido en medio de procesos electorales.
Según el proyecto de ley, los servidores podrían vincularse a actividades políticas, siempre y cuando sea fuera de las instalaciones de la entidad a la cual representan y en horas no laborales.
Sin embargo, dicha intervención quedaría restringida solo a:
- Participar como ciudadanos en la preparación de propuestas técnicas de la campaña electoral, así como en eventos internos de carácter programático de la misma, sin perjuicio de las funciones propias y sin participación alguna de los funcionarios a su cargo.
- Asistir como ciudadanos a debates técnicos, foros de discusión y encuentros académicos en el marco de las campañas electorales.
- Participar como ciudadanos en simposios, actos públicos, conferencias, foros, congresos, que organicen sus partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.
- Inscribirse como miembros de los partidos políticos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.
Hace un año la iniciativa fue archivada en el segundo debate por falta de apoyo, por lo que se intentó revivir en la presente legislatura, pero en esta oportunidad está a punto de correr la misma suerte.
Esta semana, el proyecto de ley estatutaria, cuyo ponente es el senador Carlos Soto (Partido de la U), no alcanzó el número de votos requerido en la plenaria del Senado y tuvo que ser aplazado.
Sin embargo, ante el escaso tiempo que queda del periodo ordinario de sesiones, este podría volver a naufragar por cuanto no se alcanzaría a discutir en detalle.
Para el senador Soto este proyecto es una deuda del Congreso con los servidores públicos y la democracia desde hace 20 años, de ahí su importancia de no dejarlo hundir.
“El constituyente fue explícito dando la orden a la corporación que lo reglamente. El resto es una máscara, que cuando les conviene se la quitan y nutren sus apetitos, y cuando no, la considera una amenaza”, manifestó, en una clara crítica a quienes no apoyaron la iniciativa.
El dirigente también cuestionó el hecho de que si el presidente de la República asiste a una reunión de un partido político debe pedir autorización lo mismo que los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios públicos.
Por esta razón, el senador Soto advirtió que no debería haber más procesos disciplinarios o penales por intervención en política, salvo los relativos a coacción o corrupción al elector.
Otra que defendió la iniciativa fue la senadora Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, quien dijo que el proyecto acaba con la doble moral que se maneja en el país, en la medida que los colombianos, cuyos cargos obedecen a cuotas políticas, puedan hacer política. “Ese es un ejercicio muy sano”, dijo.
Sin embargo, el también senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar, reprochó que la norma se queda corta, puesto que no le permite a los servidores ser candidatos a cargos de elección popular, como si lo hace con el presidente y los miembros de corporaciones públicas.
Otros senadores que votaron negativo argumentaron que este proyecto no garantiza que no se presente corrupción en los procesos electorales.
LO QUE PRETENDE EL PROYECTO DE LEY
La idea de reglamentar la participación política de los funcionarios públicos, contemplada en el artículo 127 de la Constitución Nacional, busca que quienes estén vinculados con el Estado puedan expresar sin reparos su apoyo a uno u otro partido en medio de procesos electorales.
Según el proyecto de ley, los servidores podrían vincularse a actividades políticas, siempre y cuando sea fuera de las instalaciones de la entidad a la cual representan y en horas no laborales.
Sin embargo, dicha intervención quedaría restringida solo a:
- Participar como ciudadanos en la preparación de propuestas técnicas de la campaña electoral, así como en eventos internos de carácter programático de la misma, sin perjuicio de las funciones propias y sin participación alguna de los funcionarios a su cargo.
- Asistir como ciudadanos a debates técnicos, foros de discusión y encuentros académicos en el marco de las campañas electorales.
- Participar como ciudadanos en simposios, actos públicos, conferencias, foros, congresos, que organicen sus partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.
- Inscribirse como miembros de los partidos políticos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.
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