La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del exgobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado, por presuntas irregularidades en la contratación de convenios durante su mandato entre 2008 y 2011.
El documento de 81 páginas conocido por Colprensa formula tres cargos en contra del exgobernante, quien obtuvo el aval del Partido de la U para aspirar nuevamente a la Gobernación.
Se le investiga disciplinariamente por irregularidades en la suscripción y ejecución de los convenios 0344 de 2009 y 005 de 2010, firmados con Comfanorte y el Instituto de Deportes de Norte de Santander (Indenorte), relacionados con las obras del Ecoparque San Rafael y con los convenios con la Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo.
El primer cargo formulado por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal tiene que ver con la firma del convenio 0344, que fue un acuerdo de voluntades en el que se le entregó a Comfanorte la administración y operación del Ecoparque, ubicado en Los Patios, sin tener facultades para ello, pues debía valerse de las normas que rigen la contratación estatal y hacer una licitación.
Luego, en el Convenio 005, se le entregó a dicha Caja la administración autónoma del Ecoparque, para que desarrollara en dichas instalaciones “todos los programas de atención especial de recreación, sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre en beneficio de la comunidad en general y de sus afiliados”.
En este caso, la Procuraduría calificó la falta de manera provisional como gravísima a título de dolo hacia el Gobernador, por incitar y provocar en el director de Indenorte, Sigward Abimelech Peñaloza Echavez, la celebración de estos convenios que se habrían firmado, al parecer, violando los criterios de imparcialidad e igualdad y sin ningún estudio que soportara la viabilidad, conveniencia y oportunidad de entregar el Parque a la Caja de compensación.
Así, mientras los cargos por la firma van directamente ligados a Peñaloza, al exgobernador se le inculcan bajo la modalidad de autoría de determinador, debido su condición de jefe, director y coordinador de la acción administrativa del departamento.
En el pliego de cargos en poder de Colprensa, la Procuraduría señaló que hubo un trato discriminatorio, pues finalmente se afectó a quienes no estaban afiliados a Comfanorte, ya que cuando la administraba Indenorte todos los ciudadanos podían entrar, así fuera pagando.
Esto también afectó con actividades para personas de la tercera edad o de formación deportiva que se realizaban, teniendo en cuenta además que Indenorte había realizado una inversión de más de 9 mil millones de pesos en adecuación y que no se pactó una forma de retribución por su uso.
“(…) se reitera la diferenciación que se hizo y aun se hace, junto con los desmedidos y desproporcionales beneficios que se pactaron y se ofrecen -en cuanto a ingreso y utilización de las instalaciones de la comunidad general-, dado que estos -antes de propender por atender a toda la población- solo operan para aquellos que se encuentran afiliados a la Caja de Compensación que opera el parque”, señala el pliego de cargos.
Así, la Delegada determinó que la entrega del Ecoparque representó para el Instituto y para el departamento en general, “una pérdida ostensible de recursos, de ingresos, y la oportunidad de prestar en realidad un servicio que cumpliera con la premisa del interés general y la garantía y respeto por los fines del Estado”.
Esto además, porque el inmueble se entregó sin que se hubiera consagrado el deber de Comfanorte de pagar el impuesto predial, ni que se le diera a Indenorte recursos para promover el deporte. “(…)si bien no es deber de las entidades públicas lucrarse, percibir recursos por la debida explotación y uso de sus bienes -entre otros aspectos- sí es una cuestión que permite no solo el crecimiento de la administración sino que le entrega recursos para atender necesidades y promover mucho más el deporte”.
Además, la Procuraduría le formuló otro cargo a Villamizar por la no vigilancia de la ejecución de dichos convenios hasta el 20 de diciembre de 2011, cuando dejó el cargo, falta que es calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
Fomentar el deporte
El tercer cargo formulado al Gobernador tiene que ver con la suscripción de los Convenios 118 del 14 de octubre de 2010 y 114 del 20 de mayo de 2011 con la Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo, para “fomentar y promover la enseñanza y la práctica del fútbol con proyección al alto rendimiento”.
Allí se pactó que dicha Corporación iba a ser el formador de grandes figuras deportivas y se pactaron obligaciones para estampar camisetas, entregar 200 boletas para la tribuna norte y 8 boletas para palco por cada partido que juegue el Cúcuta como local, entre otros.
El primer convenio fue por 200 millones de pesos y el segundo fue por 380 millones de pesos, con el mismo objeto, e incluía acceso a la práctica del fútbol profesional a través de 200 abonos por partido, fomentar práctica del fútbol en los municipios del departamento a través de escuelas, entre otros.
La Procuraduría señaló que es posible hacer contratos con personas jurídicas particulares si se desarrollan en conjunto actividades “en relación con los cometidos”, cosa que para el organismo de control no sucedió, pues eran solo compromisos que buscaban promover a la institución deportiva a cambio de publicidad y de boletería.
“Para este Despacho no resulta claro cómo a través de la entrega de abonos para ingresar al estadio -lo que ocurrió en ambos convenios- se promueve el acceso de la población vulnerable a la práctica de fútbol profesional”, señaló la entidad.
“(…) no se comprende en qué grado se entiende como función de la Gobernación promover los partidos de un equipo de fútbol privado, ni mucho menos que sea obligación de éste patrocinar al mismo fortaleciendo sus semilleros, divisiones inferiores y a sus técnicos, cuando existen por otro lado, ligas deportivas a cargo del departamento a través de Indenorte”, agregó.
Esta falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave, lo que le podría valer su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ahora, Villamizar deberá enfrentar el juicio disciplinario correspondiente.

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