La propuesta trae puntos polémicos que para muchos son populismo. Sin embargo, hay acuerdos con otros partidos en temas como las listas cerradas y la “cremallera”, así como la reforma del CNE.
La lucha contra la corrupción entró a hacer parte de la agenda de casi todos los partidos con asiento en el Congreso. Un fin loable que, sin embargo, lleva a modificaciones estructurales, no sólo para atacar los puntos críticos que hoy pervierten al Estado, sino para ir directamente a la eliminación de prácticas y procesos que han mantenido la corrupción como uno de los principales problemas que azotan al país.
En ese sentido, la bancada de oposición radicó ayer un proyecto de reforma política que buscará, entre otras cosas, limitar el tiempo de permanencia en las corporaciones públicas a un máximo de tres períodos —asunto incluido en la consulta anticorrupción—, el establecimiento de un sistema de adquisición progresiva de derechos para aumentar la participación y quitar a organismos como la Procuraduría el poder de cercenar derechos políticos.
En la propuesta, de 12 artículos, también se plantea la implementación del voto obligatorio, a través de la creación de estímulos que sean fundamentales para la población, y algo muy polémico: la reducción de la edad para ejercer ese derecho hasta los 17 años, para 2022, y los 16, para 2026. Dos puntos que generan controversia, pues desde varios sectores se considera una propuesta “populista” o “contraproducente”.
Para el senador Gustavo Petro, la idea del voto obligatorio, que fue una discusión que se dio en la Constituyente de 1991, busca que “toda la sociedad se haga responsable del Estado”. “El voto se estimula de manera positiva. No es que se lleve a la gente obligada a las urnas, sino que se estimula con unos instrumentos que hacen sumamente importante para la vida de cualquier persona el votar, como el empleo o la universidad para los jóvenes. Eso provoca una mayor participación”, indicó. La propuesta puntual es que el artículo 258 de la Constitución establezca que “el voto será un derecho y una obligación ciudadana” y que “la ley reglamentará las sanciones y beneficios por ejercer o no el sufragio”.
Esa propuesta parece sensata para otros sectores. El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, considera conveniente, sin embargo, que la obligatoriedad se aplique solamente durante uno o dos períodos. En contraste, frente a la idea de reducir la edad para que los ciudadanos queden habilitados para votar, la califica como “populista, pues se estaría buscando que los menores voten precisamente por quienes les habilitaron el derecho”.
Por los lados de Cambio Radical, volver obligatorio el voto es una propuesta contraproducente. El senador Rodrigo Lara señaló que el ejercicio del voto consiste en una expresión libre y voluntaria y que, distinto a lo que se piensa, obligar a la gente cuando rechaza un sistema político sólo aumenta ese rechazo. “Haciendo una comparación, cuando en un matrimonio deciden separarse, lo hacen porque ya no hay amor ni empatía. Pretender que ese matrimonio se mantenga indisoluble, a la fuerza, con sanciones, con obligatoriedad, no hace sino aumentar el rechazo en ambas partes”, comentó. Y sobre el sufragio desde los 16 años, enfatizó que la propuesta, además de llamativa y populista, no significa una solución para nada.
Eso sí, lo que evidencia el proyecto de reforma política de la oposición es que hay consenso en varios temas, a pesar de que las orillas políticas que los estructuran son muy lejanas. Por ejemplo, hay acuerdo en que se deben cerrar las listas, ya sea a través del ejercicio de democracia interna en los partidos o con la realización de unas elecciones primarias, como las ha contemplado una iniciativa del Gobierno. También existe acuerdo en cuanto a que la conformación de estas debe ser con el llamado estilo “cremallera”, es decir, que sean integradas por una mujer y un hombre, de forma intercalada, con el objetivo de lograr paridad en la representación de género en las corporaciones de elección popular.
Lo claro es que las iniciativas para una reforma política seguirán llegando, con la intención de que se logre la estructuración de una propuesta sólida en la mesa técnica que encabezará el Ministerio del Interior desde el próximo jueves, en la que participarán todos los partidos. El MIRA, por ejemplo, uno de los promotores de la lista cerrada, anunció que presentará la suya, que apunta a fortalecer la participación de movimientos como el que representa, evitando el aumento del porcentaje del umbral de votación que otorga la personería jurídica. De igual forma propondrán que se otorgue una segunda curul para los colombianos en el exterior.
“Nuestra propuesta también permitirá revisar el tema de las coaliciones. El Gobierno presentó una iniciativa para que los partidos que van a ir a elecciones en coalición se tengan que fusionar. Eso es inviable porque condenaría a los partidos y movimientos minoritarios a desaparecer”, anotó el senador Carlos Guevara, del MIRA. Otros de los puntos sobre el que los partidos prometen trabajar es la modificación del origen del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya elección de magistrados está hoy en manos de las colectividades políticas, lo que no garantiza la independencia en sus decisiones.
Desde la oposición se plantea la creación de un organismo que haga parte del Poder Judicial, mientras desde otros sectores se propone una especia de “junta autónoma electoral”, que haga más efectivo el control de asuntos como la financiación a campañas electorales. Lo que hay hoy podría ser el comienzo de un proceso para consolidar una propuesta que no resulte, como lo fue el último intento del gobierno Santos, archivada en las gavetas del Congreso.
Fuente: El Espectador.com
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