Pese a los controles, los pimpineros reciben miles de litros de combustible venezolano cada día
Pese a los rigurosos controles impuestos por los efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército, Policía del estado Táchira y otros cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras de San Antonio del Táchira y Ureña, el contrabando de gasolina hacia territorio colombiano se mantiene.
Se asegura que en los últimos meses hubo un incremento en el número de vendedores de combustible en "La Parada" y otras comunidades del departamento Norte de Santander, debido a la falta de empleo en el vecino país.
Se asegura que en los últimos meses hubo un incremento en el número de vendedores de combustible en "La Parada" y otras comunidades del departamento Norte de Santander, debido a la falta de empleo en el vecino país.
"Nosotros estamos legalizados, por eso ejercemos la venta de gasolina como cualquier otro trabajo, sin ningún problema", comentó un vendedor, quien tenía en sus manos el embudo, su principal herramienta para surtir a los compradores colombianos.
En el departamento Norte de Santander suman más de 6 mil "pimpineros" quienes controlan la venta ilegal del combustible en territorio colombiano, donde el valor de la gasolina y del gasoil se multiplica y los márgenes de ganancia son altos.
En la venta de gasolina en Colombia hay enormes diferencias, y altas ganancias, porque del lado colombiano el litro de gasolina se comercia entre 4 y 5 mil bolívares, mientras que del lado venezolano, su valor es de 0,09 bolívares.
Hasta el 27 de agosto de 2010, el Gobierno venezolano vendió combustible al departamento Norte de Santander, convenio que, se informó, sería reanudado el pasado primero de diciembre, pero por razones que se desconocen no se ha concretado.
En su momento, se anunció que serán vendidos 5 millones de galones mensuales de hidrocarburos, para surtir 96 estaciones de servicio en Cúcuta.
En diciembre pasado la Asamblea Nacional aprobó la modificación a la Ley Sobre el Delito de Contrabando, norma que tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando.
La legislación establece penas entre cinco y nueve años para "personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado", que se "apropien, dispongan, consuman o distribuyan las mercancías retenidas o incautadas, o que alteren su entrega a la autoridad competente".
También se fija entre 10 y 14 años de cárcel para "quien extraiga del territorio nacional y demás espacios geográficos petróleo, combustible, minerales o demás derivados, sin cumplir las formalidades establecidas en las leyes y disposiciones que regulan la materia".
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