El senador conservador Iván Clavijo Contreras envió un oficio a la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli Rico, para que haga un estudio y seguimiento al contrato de concesión No. 006 de 2007 celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y la concesionaria San Simón para ejecutar 16 proyectos viales.
Según el congresista nortesantandereano, los otrosí firmados le quitan responsabilidades a la concesionaria y dejan en veremos cuatro obras de suma importancia para el Área Metropolitana de Cúcuta como la intersecciones a desnivel en la Terminal de Transporte y Rumichaca, vía a San Antonio (Venezuela).
Clavijo Contreras pide a la Contraloría que investigue la legalidad de los otrosí porque la concesionaria no se puede escudar en el hecho de que los trazados de los corredores del Sistema Integral de Transporte Masivo (SITM) pasarán por las vías concesionadas y esto les acarrea un desequilibrio económico.
Agregó que San Simón no solo ha recibido dineros por concepto de peaje sino giros de la Nación para ayudarle con los compromisos adquiridos. Solicitó al ente de control comprobar la calidad de las obras y de las inversiones realizadas.
El senador conservador sustenta su tesis en el informe que le solicitó al Inco para conocer cuáles fueron los otrosí que se firmaron con San Simón y qué obras resultaron afectadas.
Sin embargo, María Inés Agudelo Valencia, gerenta general del Inco, afirma en el documento que las modificaciones contractuales no obedecen a situaciones “caprichosas” sino a problemas de fondo que deben ser solucionados para que el contrato se ejecute a cabalidad.
Las suspensiones de los proyectos –dice– obedece a situaciones técnicas que se dieron después de la firma del contrato de concesión y que su ejecución se revertiría en un detrimento patrimonial para el Estado.
El Inco manifiesta que con las suspensiones se buscó activar parcialmente el alcance progresivo del contrato de la vía Pamplona-Cúcuta y disminuir el valor a pagar por el Estado por concepto de desequilibrio económico.
Sobre los pagos efectuados a la concesionaria, la funcionaria dijo que corresponden a las obligaciones adquiridas y que no se puede desconocer la realidad del proyecto, “el cual se debe mirar de manera integral y no aisladamente”, señaló en el informe.
Según el congresista nortesantandereano, los otrosí firmados le quitan responsabilidades a la concesionaria y dejan en veremos cuatro obras de suma importancia para el Área Metropolitana de Cúcuta como la intersecciones a desnivel en la Terminal de Transporte y Rumichaca, vía a San Antonio (Venezuela).
Clavijo Contreras pide a la Contraloría que investigue la legalidad de los otrosí porque la concesionaria no se puede escudar en el hecho de que los trazados de los corredores del Sistema Integral de Transporte Masivo (SITM) pasarán por las vías concesionadas y esto les acarrea un desequilibrio económico.
Agregó que San Simón no solo ha recibido dineros por concepto de peaje sino giros de la Nación para ayudarle con los compromisos adquiridos. Solicitó al ente de control comprobar la calidad de las obras y de las inversiones realizadas.
El senador conservador sustenta su tesis en el informe que le solicitó al Inco para conocer cuáles fueron los otrosí que se firmaron con San Simón y qué obras resultaron afectadas.
Sin embargo, María Inés Agudelo Valencia, gerenta general del Inco, afirma en el documento que las modificaciones contractuales no obedecen a situaciones “caprichosas” sino a problemas de fondo que deben ser solucionados para que el contrato se ejecute a cabalidad.
Las suspensiones de los proyectos –dice– obedece a situaciones técnicas que se dieron después de la firma del contrato de concesión y que su ejecución se revertiría en un detrimento patrimonial para el Estado.
El Inco manifiesta que con las suspensiones se buscó activar parcialmente el alcance progresivo del contrato de la vía Pamplona-Cúcuta y disminuir el valor a pagar por el Estado por concepto de desequilibrio económico.
Sobre los pagos efectuados a la concesionaria, la funcionaria dijo que corresponden a las obligaciones adquiridas y que no se puede desconocer la realidad del proyecto, “el cual se debe mirar de manera integral y no aisladamente”, señaló en el informe.
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