El último diagnóstico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) determinó que los 40 municipios de Norte de Santander podrían perder la certificación y por ende, la potestad de administrar los recursos del Sistema General de Participación (SGP) para los acueductos
Así lo indicó ayer El Secretario de Aguas del departamento, Rafael Segundo Ramírez Marín, quien advirtió que los encargados de administrar las empresas de acueductos municipales no han reportado la totalidad de los requisitos al Sistema Único de Información (SUI), que es la plataforma virtual en donde se ingresan todos los datos del proceso de certificación.
Lo grave es que el límite de entrega de estos documentos se vence a las 12 de la noche del próximo jueves 31 de marzo, señaló Rafael Segundo Ramírez.
En este momento, son 15 las Alcaldías que están al mando de los acueductos y 25 los operadores privados que están prestando el servicio directo en igual número de municipios.
Entonces, ¿quién asume?
La no certificación de los municipios, le daría la facultad a la Gobernación, por medio de la Secretaría de Aguas, para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones, explicó Ramírez Marín.
En estos momentos la Gobernación, “como todas las instituciones” no está en capacidad de asumir la administración estas empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta que el departamento no tiene el conocimiento necesario sobre procesos financieros ni operativos, lo cual requeriría de mucho tiempo, según lo expresó el funcionario.
“Cada municipio conoce bien su Plan de Desarrollo Territorial, así que son los más indicados para llevar las riendas de los acueductos”, apuntó.
Agregó que para estos casos, la labor de administración departamental es asesorar a los entes territoriales para que sigan en el proceso y presten un servicio de calidad a la comunidad.
La Superintendencia de Servicios Públicas entrega a los operadores cada año la certificación mediante la cual evalúa las condiciones en que se desarrolla la prestación del servicio y la calidad del agua que se suministra en cada uno de los municipios.
¿Qué les falta?
Según el decreto 1477 de 2009, los municipios deben certificar que están administrando los recursos de acuerdo con el artículo 11 de la ley 1177, además que en ese lugar está funcionando el Fondo de Solidaridad y Restitución de Ingresos.
También exige que se esté aplicando la metodología de estratificación socioeconómica para efectuar el cobro y los subsidios de acuerdo como lo determina el Gobierno nacional.
También deben certificar que la calidad del agua que se suministra es apta para el consumo humano.
Lo grave es que el límite de entrega de estos documentos se vence a las 12 de la noche del próximo jueves 31 de marzo, señaló Rafael Segundo Ramírez.
En este momento, son 15 las Alcaldías que están al mando de los acueductos y 25 los operadores privados que están prestando el servicio directo en igual número de municipios.
Entonces, ¿quién asume?
La no certificación de los municipios, le daría la facultad a la Gobernación, por medio de la Secretaría de Aguas, para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones, explicó Ramírez Marín.
En estos momentos la Gobernación, “como todas las instituciones” no está en capacidad de asumir la administración estas empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta que el departamento no tiene el conocimiento necesario sobre procesos financieros ni operativos, lo cual requeriría de mucho tiempo, según lo expresó el funcionario.
“Cada municipio conoce bien su Plan de Desarrollo Territorial, así que son los más indicados para llevar las riendas de los acueductos”, apuntó.
Agregó que para estos casos, la labor de administración departamental es asesorar a los entes territoriales para que sigan en el proceso y presten un servicio de calidad a la comunidad.
La Superintendencia de Servicios Públicas entrega a los operadores cada año la certificación mediante la cual evalúa las condiciones en que se desarrolla la prestación del servicio y la calidad del agua que se suministra en cada uno de los municipios.
¿Qué les falta?
Según el decreto 1477 de 2009, los municipios deben certificar que están administrando los recursos de acuerdo con el artículo 11 de la ley 1177, además que en ese lugar está funcionando el Fondo de Solidaridad y Restitución de Ingresos.
También exige que se esté aplicando la metodología de estratificación socioeconómica para efectuar el cobro y los subsidios de acuerdo como lo determina el Gobierno nacional.
También deben certificar que la calidad del agua que se suministra es apta para el consumo humano.
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