Medida de aseguramiento, sin privación de la libertad, dictó un juez de control de garantías contra cuatro concejales, dos precandidatos a la Alcaldía de Cúcuta y un precandidato a la Gobernación de Norte de Santander.
Prevaricato por acción es el delito por el cual los investigan, al aprobar el Acuerdo 031 del 2 de noviembre del 2006 que dio vida a la Corporación Parques de Cúcuta.
A esa entidad el municipio le entregó $4.000 millones de la valorización y los dos lotes que la empresa Bavaria dejó cuando desmontó la fábrica que funcionó en el barrio Latino, donde ahora hay un gigantesco hueco.
La decisión cobijó a los actuales concejales de Cúcuta, Blanca Cruz González, también precandidata a la Alcaldía por el partido de La U; Rodolfo Torres, Eduardo Salin Chaín Rueda y Víctor Fidel Suárez.
Están los exconcejales Lyda Jazmín Ardila, Jorge Iván Cáceres (Personero de Villa del Rosario), Vicente García Granados, Juan Manuel Morelli, William Ovallos, Nelly Amparo Pérez Toro, Margarita Silva de Uribe (Secretaria de Gobierno del departamento), Alfredo Duarte y Luis Eduardo Guevara.
Édgar Díaz y Hugo Márquez, precandidatos conservadores a la Gobernación de Norte de Santander y a la Alcaldía de Cúcuta también quedaron cubiertos por la medida de aseguramiento.
Ellos tienen la obligación de presentarse a la Fiscalía o a la autoridad que el juez determine y pagar una caución prendaria equivalente a 10 salarios mínimos mensuales.
De acuerdo con la investigación, los procesados, en su calidad de concejales de la ciudad, autorizaron, aparentemente, el traspaso de dos lotes del municipio a una corporación sin ánimo de lucro, con lo que incumplieron una norma constitucional que prohíbe ese tipo de donaciones por tratarse de inmuebles públicos, según la página de la Fiscalía General de la Nación.
En su momento, el Juzgado Tercero Administrativo que ordenó parar el proyecto del Parque Bavaria y devolverle la plata y los terrenos al municipio, encontró un principio de prueba sobre el peligro de “daño al derecho colectivo del patrimonio público” con esa operación.
Sobre la creación y los aportes, el juez Celis Celis en el documento que contiene las medidas cautelares, advirtió:
-Debe admitirse, como lo afirma el actor popular, que el Concejo carecía de competencia para autorizar al ex gobernante a conformar una corporación sin ánimo de lucro municipal.
-Resulta de recibo el cuestionamiento que hace el actor popular al visto bueno del Concejo para que la Alcaldía comprometiera $4.000 millones para cumplir el objeto social de la corporación.
1 comentario:
Pobres politicos....atoiticos les toca quedarse en casa pa'la semana santa...no van a poder ir de vacaciones..hay que buscar otro plan...recoger papeles....limpiar las calles, que les coloquen ademas comparendo social, para que les duela el pueblo.
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