Confirman sanción contra exalcalde Ramiro Suárez y exconcejales de Cúcuta

El concejal Víctor Suárez, del Partido Conservador, es el único que deberá apartarse de su cargo por seis meses por estar ejerciendo aún las funciones por las cuales fue suspendido.

La Procuraduría General de la Nación decidió dejar en firme la sanción contra el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo y el grupo de 16 concejales y exconcejales que le dieron vía libre, en el 2006, a la Corporación Parques Cúcuta, por considerar que sí se extralimitaron en sus funciones.

Para el Ministerio Público, los entonces corporados, entre los que se encuentra el actual gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, no podían autorizar la creación de la entidad sin ánimo de lucro -que pretendía impulsar el fallido proyecto urbanístico del Parque Bavaria-, así como tampoco otorgarle facultades a Suárez Corzo para utilizar $4 mil millones provenientes del sistema de contribución por valorización, para la constitución de dicha corporación.

Por esta razón, la entidad decidió castigarlos con seis meses de suspensión en el ejercicio del cargo. En el fallo de primera instancia la sanción era de ocho meses. El grupo lo integran: el concejal activo Víctor Fidel Suárez y los exconcejales Blanca Cruz González, Eduardo Salín Chaín Rueda, Rodolfo Torres Castellanos, Édgar Díaz Contreras, Margarita Silva de Uribe, Juan Carlos García Gómez (actual representante a la Cámara), Jorge Iván Cáceres García, Lyda Yazmín Ardila Ardila, Alfredo Duarte Gómez, Vicente García Granados, Luis Eduardo Guevara Jaimes, Juan Manuel Morelli Santaella, William Abel Ovallos Pacheco, Nelly Amparo Pérez Toro y Hugo Márquez Peñaranda,

Las faltas del exalcalde

Entre tanto, al exalcalde Ramiro Suárez Corzo, condenado por el asesinato de Alfredo Enrique Flórez, se le atribuyen dos faltas graves puesto que en su condición de mandatario local no podía inducir al Concejo para que autorizara la constitución y participación económica de la Corporación Parques Cúcuta, mediante el proyecto de acuerdo que fue aprobado el 18 de octubre del 2006.

Según el Procurador, el exalcalde no tenía facultad legal ni constitucional para proponer este tipo de proyectos, lo cual constituye una falta disciplinaria.

Así mismo, se demostró que Suárez Corzo utilizó los $4 mil millones de recursos de contribución por valorización, “no para sacar adelante obras que beneficiaran a un grupo determinado de ciudadanos sino como aporte a una sociedad, con un objeto tan amplio que finalmente no se sabría en donde iban a ser invertidos dichos recursos públicos”.

De ahí que la Procuraduría haya decidido confirmar la sanción de 10 meses de suspensión que le había impuesto hace cuatro meses, cuando se produjo el fallo de primera instancia.

Sanción no inhabilita

Pese a que el fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría General de la Nación genera una suspensión para los involucrados, este no los inhabilita.

Así pues, en los casos en los que los disciplinados ya no estén ejerciendo las funciones por las cuales fueron suspendidos, una vez quede ejecutoriado el fallo, la sanción se convertirá en una multa en efectivo, equivalente al monto de lo devengado en el momento que se cometió la falta.

Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado cuál es el valor a pagar y tampoco a quién se deberá girar.

El único perjudicado políticamente es el actual concejal del Partido Conservador, Víctor Fidel Suárez, quien actualmente ejerce el mismo cargo que ostentaba en el momento en que se cometió la falta.

En ese sentido, el munícipe deberá abandonar su curul por los seis meses que estableció la Procuraduría, pero posteriormente podrá retornar a sus funciones.

Durante el periodo de suspensión será remplazado por quien le siga en la lista al último candidato que eligió el partido en las pasadas elecciones de octubre. En este caso el turno le correspondería a la exconcejala Judith Matilde Ortega.

En el caso del gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, no se aplica ninguna suspensión por cuanto este ya no ostenta la credencial de concejal. El mandatario, al igual que los otros 14 exconcejales suplirá la falta pagando el valor correspondiente a la multa establecida por el Ministerio Público, sin embargo, mantendrá el antecedente disciplinario en su hoja de vida.

Los sancionados habían solicitado la nulidad del pliego de cargos en el 2011, pero el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, determinó rechazar el pedido así como la práctica de algunas pruebas que buscaban demostrar que no hubo irresponsabilidad en sus acciones, tras considerar que no eran pertinentes.

El 26 de septiembre del 2011 se profirió el primer auto en el que el organismo de control endilgó responsabilidades a los investigados y estableció su sanción.

Este jueves, después de cuatro meses decidió confirmar su tesis, sólo que redujo en dos meses la suspensión para quienes fungieron en la época de los hechos como concejales. Contra este fallo ya no proceden recursos.

“Asumiré la suspensión”

Afligido y desconcertado por ser el único de los 16 sancionados que deberá hacer un alto en sus funciones para cumplir con la suspensión ordenada por la Procuraduría, se mostró este jueves el conservador Víctor Fidel Suárez tras conocer la noticia.

El munícipe, quien sigue ejerciendo el cargo que ostentaba al momento en que se cometió la falta, aseguró que aunque respeta la decisión del Ministerio Público, no está de acuerdo con el fallo por cuanto considera que el grupo de exconcejales que le dio vida al Acuerdo 031 del 2006 no cometió ninguna irregularidad e insiste en que actuaron conforme a la ley.

“Finalmente yo soy el más perjudicado pues debo pagar la sanción en tiempo y no con multa como los demás. Aún así estoy tranquilo y una vez regrese a la ciudad me notificaré ante la Procuraduría y asumiré como tal la suspensión de los seis meses fuera de mi curul”, señaló.