A propósito de la polémica que ha suscitado la Reforma a la Justicia, La Opinión habló con el representante a la Cámara Alejandro Carlos Chacón (liberal), quien fue uno de los conciliadores del texto. Algunos medios le han atribuido la responsabilidad de uno de los puntos más críticos de la reforma, precisamente el que se refiere al cambio del ente que investiga y juzga a los aforados. Chacón explicó hasta dónde realmente va su responsabilidad y habló del alcance de que estas medidas aprobadas entren en vigencia.
A usted se le atribuye el haber eliminado la potestad que tenía la Fiscalía para investigar a los ministros, jefes de departamentos administrativos y embajadores. ¿Eso es cierto?
No, yo solo no puedo tomar una decisión así. Fueron decisiones de la conciliación. Primero, hay que decir que los dos artículos entre Senado y Cámara no eran idénticos, por lo cual, ese tema de aforados podía ser tratado por la conciliación. Para nadie es un secreto que la investigación de aforados constitucionales fue un tema tratado y polémico desde el primer día en que se presentó a discusión por el Gobierno el acto legislativo.
Lo que sí reconozco es que fui defensor de la tesis de que a los aforados constitucionales cercanos al presidente, (ministros, jefes de departamentos administrativos, embajadores) no debían ser investigados por el Fiscal General, teniendo en cuenta que el titular de este organismo es ternado por el propio presidente de turno.
No entiendo la incomodidad del Gobierno en este punto, al señalar como ‘mico’ el hecho de trasladar la investigación de los funcionarios más cercanos de los presidentes a la Corte Suprema de Justicia, pues es claro para el país que la Corte ha demostrado ser implacable con la corrupción y el delito, especialmente en casos como el de los congresistas. Por ello, se definió que fueran investigados de la misma manera que los congresistas, en la nueva sala de investigación y calificación creada en la reforma dentro la Corte Suprema de Justicia; además, creo que allí faltaría la ley estatutaria que reglamente toda la articulación del acto legislativo.
A usted se le atribuye el haber eliminado la potestad que tenía la Fiscalía para investigar a los ministros, jefes de departamentos administrativos y embajadores. ¿Eso es cierto?
No, yo solo no puedo tomar una decisión así. Fueron decisiones de la conciliación. Primero, hay que decir que los dos artículos entre Senado y Cámara no eran idénticos, por lo cual, ese tema de aforados podía ser tratado por la conciliación. Para nadie es un secreto que la investigación de aforados constitucionales fue un tema tratado y polémico desde el primer día en que se presentó a discusión por el Gobierno el acto legislativo.
Lo que sí reconozco es que fui defensor de la tesis de que a los aforados constitucionales cercanos al presidente, (ministros, jefes de departamentos administrativos, embajadores) no debían ser investigados por el Fiscal General, teniendo en cuenta que el titular de este organismo es ternado por el propio presidente de turno.
No entiendo la incomodidad del Gobierno en este punto, al señalar como ‘mico’ el hecho de trasladar la investigación de los funcionarios más cercanos de los presidentes a la Corte Suprema de Justicia, pues es claro para el país que la Corte ha demostrado ser implacable con la corrupción y el delito, especialmente en casos como el de los congresistas. Por ello, se definió que fueran investigados de la misma manera que los congresistas, en la nueva sala de investigación y calificación creada en la reforma dentro la Corte Suprema de Justicia; además, creo que allí faltaría la ley estatutaria que reglamente toda la articulación del acto legislativo.
Fuente: Laopinion.com.co
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