El concejal de Cambio Radical, Víctor Jesús Daza Rodríguez, es otro de los integrantes de la corporación municipal que queda en la cuerda floja a menos de un año de haberse posesionado.
Tan solo ocho meses después de haberse posesionado el nuevo Concejo de Cúcuta, cuatro de sus integrantes afrontan líos jurídicos que los tienen en la cuerda floja, a punto de perder sus credenciales y otros en etapa de suspensión mientras se resuelve su situación.
El último en quedar en el ojo del huracán fue el joven representante de Cambio Radical, Víctor Jesús Daza Rodríguez, a quien el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le decretó, en primera instancia, la pérdida de su investidura por haber incurrido, presuntamente, en una inhabilidad al momento de su elección.
Aunque la decisión no ha sido notificada a las partes por la corporación, en el portal web de la Rama Judicial figura ya la decisión que se habría tomado el pasado 16 de agosto, luego de escuchar los alegatos de las partes, en audiencia pública.
Las razones que motivaron a los magistrados a tomar esta nueva decisión, tendrían que ver con la firma de dos contratos que, al parecer, Daza Rodríguez firmó con el Instituto Departamental de Salud dentro del año anterior a su elección (2011), incurriendo así en una presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Según la demandante del concejal, Sandra Fajardo Hernández -la misma que demandó al también concejal de Cambio Radical Eduardo Antonio Rodríguez Silva-, Víctor Jesús Daza celebró un primer contrato el 17 de enero del 2011, por un término de dos meses y catorce días, con una mensualidad equivalente a $1,5 millones.
El segundo se firmó el 12 de abril de 2011 y su duración era de 8 meses y 18 días, con una mensualidad de $1,6 millones. Este último contrato, sin embargo, se canceló, por mutuo acuerdo, el 21 de julio.
Bajo estos argumentos, la abogada le pidió al Tribunal despojar de su investidura al concejal, quien cumple su primer periodo en esta corporación, por considerar que además de celebrar dichos contratos dentro del periodo inhabilitante, estos se ejecutaron en el mismo municipio donde resultó elegido el 30 de octubre del año pasado.
Para demostrar la presunta falta del cabildante, la demandante citó, entre otras normas, la Ley 136 de 1994 que hace referencia a las inhabilidades de los concejales en particular la que señala que no podrá ser concejal: “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”.
SE REPITE EL CASO
El último en quedar en el ojo del huracán fue el joven representante de Cambio Radical, Víctor Jesús Daza Rodríguez, a quien el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le decretó, en primera instancia, la pérdida de su investidura por haber incurrido, presuntamente, en una inhabilidad al momento de su elección.
Aunque la decisión no ha sido notificada a las partes por la corporación, en el portal web de la Rama Judicial figura ya la decisión que se habría tomado el pasado 16 de agosto, luego de escuchar los alegatos de las partes, en audiencia pública.
Las razones que motivaron a los magistrados a tomar esta nueva decisión, tendrían que ver con la firma de dos contratos que, al parecer, Daza Rodríguez firmó con el Instituto Departamental de Salud dentro del año anterior a su elección (2011), incurriendo así en una presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Según la demandante del concejal, Sandra Fajardo Hernández -la misma que demandó al también concejal de Cambio Radical Eduardo Antonio Rodríguez Silva-, Víctor Jesús Daza celebró un primer contrato el 17 de enero del 2011, por un término de dos meses y catorce días, con una mensualidad equivalente a $1,5 millones.
El segundo se firmó el 12 de abril de 2011 y su duración era de 8 meses y 18 días, con una mensualidad de $1,6 millones. Este último contrato, sin embargo, se canceló, por mutuo acuerdo, el 21 de julio.
Bajo estos argumentos, la abogada le pidió al Tribunal despojar de su investidura al concejal, quien cumple su primer periodo en esta corporación, por considerar que además de celebrar dichos contratos dentro del periodo inhabilitante, estos se ejecutaron en el mismo municipio donde resultó elegido el 30 de octubre del año pasado.
Para demostrar la presunta falta del cabildante, la demandante citó, entre otras normas, la Ley 136 de 1994 que hace referencia a las inhabilidades de los concejales en particular la que señala que no podrá ser concejal: “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”.
SE REPITE EL CASO
La nueva decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, guarda similitud con la tomada hace algunas semanas en contra del también concejal de Cambio Radical Eduardo Antonio Rodríguez Silva.
Este último quedó al borde de perder su investidura como credencial por cuenta, también, de dos contratos de prestación de servicios que, al parecer, suscribió con la Secretaría de Educación de Norte de Santander, uno de ellos dentro del año anterior a su elección.
El fallo se encuentra a la espera de ser apelado ante el Consejo de Estado, que será el encargado de confirmar o revocar la decisión de primera instancia y de esta manera definir el futuro político del concejal Rodríguez Silva.
A la incierta situación de los concejales de Cambio Radical, se suma la suspensión del concejal conservador Víctor Fidel Suárez, quien sólo podrá regresar a su curul en noviembre próximo. En suspenso se encuentra además el futuro de Julio César Vélez González, del Partido de la U, por una medida de aseguramiento en su contra, por el presunto asesinato de su esposa María Claudia Castaño Avendaño.
A LA ESPERA DE LA NOTIFICACIÓN
Frente a la decisión de primera instancia que afecta los intereses políticos de Víctor Jesús Daza, su abogado, Armando Quintero, manifestó que aún no ha sido notificado del fallo que decreta la pérdida de investidura de su apoderado.
Sin embargo, aseguró que la norma que sirvió de sustento para la demanda no inhabilita al dirigente para desempeñar sus funciones al interior del Concejo, por lo que esperará conocer los argumentos expuestos por los magistrados, con el fin de dar trámite al recurso de apelación que permita echar para atrás la decisión ante el Consejo de Estado.
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