viernes, 16 de noviembre de 2012

‘A Raymond no lo conocí nunca’: El Iguano

Ayer, a la salida de la sala de audiencia, el exconcejal Raymond pudo saludar y abrazar a sus familiares que se hicieron presentes durante la diligencia judicial.
 
Visiblemente agotado lució el exconcejal de Cúcuta Raymond Eder Hernández Vargas, durante la audiencia de ayer cumplida dentro del juicio que se le sigue por la supuesta conducta punible de coautor de concierto para delinquir agravado para cometer homicidio.

Ante el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de descongestión, Hernández compareció por presuntamente haberles exigido a los paramilitares del Frente Fronteras que operaron en Cúcuta entre 1999 y 2004, que asesinaran, en el 2003, a José Gregorio Díaz Acevedo, alias La Churca, miembro de esa organización criminal.

Según ha trascendido en el juicio, alias La Churca asesinó a una sobrina del exconcejal mientras discutía con otra persona en el barrio Sevilla.

La muerte de La Churca, según el testimonio inicial de varios exparamilitares, se dio porque Raymond la exigió, dentro de la supuesta cercanía que tenía con los comandantes paramilitares del Frente Fronteras.

Sin embargo, esta acusación hecha en un principio por los desmovilizados José Mauricio Moncada Contreras, ‘Mocoseco’; Herbert Manuel Izquierdo Pacheco, ‘Chiquito Malo’; Fernando Segundo Flórez, ‘Careperro’; Jonathan Sepúlveda, ‘Jonathan’; Simón Pedrozo, ‘Jeison Pérez’; Orlando Bocanegra Arteaga, ‘El Viejo’ o ‘Boca’; Ever Rengifo Toro, ‘Ever’ y Yovani Enrique Erazo Buelvas, alias Jerry, solo es ratificada por este último, pues los otros se retractaron de lo que en un principio habían dicho.

El último testimonio que faltaba dentro del juicio era el de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, excomandante paramilitar del Frente Fronteras y quien tuvo bajo su mando a todos los ‘paras’ que señalaban al exconcejal como el determinador de la muerte de La Churca.

En vivo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permanece recluido, El Iguano aseguró, bajo la gravedad de juramento, que nunca conoció ni tuvo vínculos con Raymond Hernández.

“Nunca tuve ningún contacto con Raymond Hernández; nunca lo conocí ni me reuní con él. Tampoco, dentro de la lista de colaboradores que le envié a la Fiscalía, aparece su nombre como aportante de dineros a la organización (autodefensas)”, sostuvo El Iguano en la diligencia judicial.

Ante la pregunta, formulada por el procurador judicial 90, de por qué en el pasado él mismo había traído a colación el nombre del exconcejal, El Iguano respondió que en esa oportunidad él leyó los nombres de algunas personas que según sus comandantes, le habían colaborado a las autodefensas.

“Cuando empecé a confesar todo ante la Fiscalía, les presenté a mis 47 comandantes del Frente Fronteras el listado de las personas con las que yo me reuní y me apoyaron en la causa. Les pedí a ellos que me pasaran los nombres de los que consideraran que hacían falta. Cuando leí el nombre de Raymond Hernández y vi que era un concejal de Cúcuta, pregunté que quién era, pues no lo conocía. Fue alias Mocoseco el que me dijo que se había reunido con él y que en versiones libres presentaba las pruebas en su contra”, sostuvo El Iguano.

Al pedírsele al excomandante paramilitar que explicara las circunstancias que rodearon la muerte de La Churca, este respondió que la misma organización había decidido darle de baja, pues se había convertido en un problema.

“La Churca estaba extorsionando a varios comerciantes de la ciudad sin autorización de los comandantes. Además, bebía todos los días y por estar borracho, había matado a varias personas, entre esas una menor de edad, que creo era la familiar del exconcejal. Después de esa muerte, decidimos ejecutarlo, pues él mismo sabía que ese hecho se pagaba con la vida dentro de la organización”, contó El Iguano.

Laverde Zapata finalizó su intervención diciendo que desconocía por qué algunos de sus hombres estaban mencionando a personas reconocidas de la región sin tener las pruebas de las supuestas reuniones que, en algunos casos, ni siquiera existieron.

“Ya le pedí a la Fiscalía que investigue a esos desmovilizados que están haciendo ese tipo de acusaciones sin fundamentos. Este es un proceso serio y ellos saben que si están mintiendo pueden perder los beneficios que la ley de Justicia y Paz nos ha ofrecido”, enfatizó.

Terminada la diligencia, el juez, ante la petición de la fiscalía de un plazo de tiempo para analizar el extenso material probatorio y preparar los alegatos, fijó para el 27 de noviembre próximo la nueva audiencia, en la que posiblemente se leería la sentencia.

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