Tatiana Oliveros siempre vestía ropa de marca y había pagado varias cirugías
estéticas.
Tatiana Oliveros es sindicada por supuestos nexos con bandas. Infiltró
seguridad de Montealegre.
El de Tatiana Oliveros, fiscal de Derechos Humanos de Neiva capturada hace
dos semanas, va camino de convertirse en uno de los peores casos de infiltración
de la mafia en la administración de justicia.
La misma Fiscalía detectó sus supuestos nexos con la banda de ‘los Urabeños’
y armó un completo dosier que terminó en la imputación de siete cargos
criminales –entre ellos concierto para delinquir con fines de narcotráfico,
falsedad, peculado y prevaricato– que le podrían costar hasta 30 años de
prisión.
¿Qué hay en contra de esta abogada de 40 años que llevaba casi tres años como
fiscal especializada y tuvo a su cargo procesos contra peligrosos guerrilleros y
delincuentes comunes?
Fiscales de la Unidad de Investigación de Funcionarios Judiciales
lograron establecer que en julio pasado Oliveros –que está señalada
además de infiltrar el esquema de seguridad del Fiscal General– viajó en
su lujosa camioneta hasta Acandí (Chocó), en donde la esperaban hombres del
exparamilitar Jairo de Jesús Durango, alias la ‘Guagua’, investigado
por una masacre en Caquetá y por narcotráfico. Él es uno de los jefes de ‘los
Urabeños’ en esa zona del país.
Un informe conocido asegura que la fiscal pasó
vacaciones en una finca de esa banda en la frontera con Panamá. Su
anfitrión, dice el expediente, fue el mismo delincuente al que ella habría
favorecido durante un proceso de identificación que terminó en la libertad de la
‘Guagua’.
Se investigan supuestos arreglos entre la fiscal y el narco para
negociar embarques de coca. Pero también, la supuesta petición de la
mujer para que ‘los Urabeños’ asesinaran a un exnovio que tenía mucha
información y podría delatarla.
La Fiscalía asegura que su exfuncionaria pretendió colar a varios de
las bandas en las listas de Justicia y Paz (para limpiar su historial
criminal) y que luego los utilizó para extorsiones contra políticos del Huila,
entre ellos a la recién destituida gobernadora Cielo González Villa.
En el proceso aparece una queja del subdirector del Inpec, Pompy Pinzón,
quien denunció los “traslados inconvenientes” que la fiscal había ordenado y que
fueron impedidos a tiempo. Entre ellos estuvo el de José Leonardo Muñoz,
‘Douglas’, uno de los jefes de la ‘Oficina de Envigado’. Hay información según
la cual la fiscal visitó a ‘Douglas’ en prisión.
El expediente señala que la fiscal habría intentado presionar al general de
la Policía Miguel Ángel Bojacá, a quien visitó en su oficina para decirle que
había versiones de ‘paras’ que lo podían enredar, antes de pedir el traslado de
varios agentes de la Sijín. El oficial le respondió que formalizara las
denuncias, pero nunca lo hizo.
Oliveros también cerró una investigación por desaparición forzada y homicidio
contra otro ‘duro’ de ‘la Oficina’, Daniel Alejandro Serna, ‘Kéner’.
Los investigadores aseguran que Olivares, reconocida en Neiva por su
llamativa forma de vestir, habría colaborado también con la guerrilla. Se
verifica si ella ‘cuadró’, por 45 millones de pesos, el traslado a una cárcel
menos estricta de Agustín Sánchez, ‘el Indio’, condenado por reclutamiento y
extorsión. El expediente agrega que dejó vencer los términos para beneficiar a 5
militares procesados por ‘falsos positivos’.
Tras su captura en la sede de la Fiscalía en Neiva, fue recluida en la cárcel
de El Buen Pastor en Bogotá bajo control médico, porque se acababa de practicar
un nuevo procedimiento estético.
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