La fundación Progresar acompaña actualmente 25 casos de amenazas individuales y 3 colectivas que agrupan a 60 personas de Villa del Rosario y El Zulia.
Un panorama desalentador y pesimista presentaron las organizaciones defensoras de derechos humanos en Norte de Santander, al finalizar el presente año.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, afirmó que “las cifras de violaciones a los derechos humanos en 2012 han sido las más altas de los últimos 5 años, sobre todo en Cúcuta y el área metropolitana”.
Para Cañizares, nada cambiaría en la capital del departamento si hoy mismo se firmara la paz en Colombia, pues el problema en esta zona no es de guerrillas sino de delincuencia, de estructuras criminales establecidas por décadas en la región, que poco o nada tienen que ver con el accionar subversivo que se presenta en zonas como el Catatumbo.
Y es que según cifras recogidas por Progresar, en el área metropolitana de Cúcuta se concentra el 90% de los hechos de violencia que se registran en esta parte del país.
“Estos problemas, que afectan notablemente a los ciudadanos, golpean con más fuerza a las organizaciones sindicales, de derechos humanos, de víctimas, de familiares de personas desaparecidas de manera forzada, a los líderes comunales y las mujeres, en fin, a todos los procesos de organización social”, señaló el director de la fundación.
Según el defensor de derechos humanos, no se entiende “por qué si Cúcuta es una ciudad militarizada y todos los años se aumenta el pie de fuerza, se siguen presentando índices tan altos de homicidios, especialmente bajo la modalidad de sicariato (91% de los crímenes), entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, en sitios públicos y cuyas víctimas son personas cuya edad oscila entre los 15 y 34 años”.
Para Cañizares, las bandas criminales que operan en el área metropolitana han demostrado que tienen una gran capacidad de adaptación, a pesar de los golpes que les han asestado las autoridades.
“No se puede desconocer que han existido planes muy eficaces por parte de las autoridades para contrarrestar el accionar de esas organizaciones, pero hacen falta otro tipo de acciones que ataquen este fenómeno de raíz, pues contra todo pronóstico, cada día se adaptan más y mejor al contexto de la región, nutriéndose, incluso, de niños y niñas a los que instrumentalizan para cometer asesinatos y cobrar extorsiones”, señaló.
Para los defensores de derechos, mientras en la región existan negocios ilegales tan grandes que generen tanto dinero, como el contrabando, el narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de gasolina, siempre van a existir grupos que se quieran disputar el control de las utilidades que estos dejan.
“La criminalidad aparece donde hay complacencia, corrupción, donde existe quien la apoye y en Cúcuta eso sigue sucediendo. La corrupción, la impunidad y la complacencia de algunos sectores de la sociedad frente a negocios ilegales, son el caldo de cultivo para que estas organizaciones criminales encuentren asidero en la región”, puntualizó.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, afirmó que “las cifras de violaciones a los derechos humanos en 2012 han sido las más altas de los últimos 5 años, sobre todo en Cúcuta y el área metropolitana”.
Para Cañizares, nada cambiaría en la capital del departamento si hoy mismo se firmara la paz en Colombia, pues el problema en esta zona no es de guerrillas sino de delincuencia, de estructuras criminales establecidas por décadas en la región, que poco o nada tienen que ver con el accionar subversivo que se presenta en zonas como el Catatumbo.
Y es que según cifras recogidas por Progresar, en el área metropolitana de Cúcuta se concentra el 90% de los hechos de violencia que se registran en esta parte del país.
“Estos problemas, que afectan notablemente a los ciudadanos, golpean con más fuerza a las organizaciones sindicales, de derechos humanos, de víctimas, de familiares de personas desaparecidas de manera forzada, a los líderes comunales y las mujeres, en fin, a todos los procesos de organización social”, señaló el director de la fundación.
Según el defensor de derechos humanos, no se entiende “por qué si Cúcuta es una ciudad militarizada y todos los años se aumenta el pie de fuerza, se siguen presentando índices tan altos de homicidios, especialmente bajo la modalidad de sicariato (91% de los crímenes), entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, en sitios públicos y cuyas víctimas son personas cuya edad oscila entre los 15 y 34 años”.
Para Cañizares, las bandas criminales que operan en el área metropolitana han demostrado que tienen una gran capacidad de adaptación, a pesar de los golpes que les han asestado las autoridades.
“No se puede desconocer que han existido planes muy eficaces por parte de las autoridades para contrarrestar el accionar de esas organizaciones, pero hacen falta otro tipo de acciones que ataquen este fenómeno de raíz, pues contra todo pronóstico, cada día se adaptan más y mejor al contexto de la región, nutriéndose, incluso, de niños y niñas a los que instrumentalizan para cometer asesinatos y cobrar extorsiones”, señaló.
Para los defensores de derechos, mientras en la región existan negocios ilegales tan grandes que generen tanto dinero, como el contrabando, el narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de gasolina, siempre van a existir grupos que se quieran disputar el control de las utilidades que estos dejan.
“La criminalidad aparece donde hay complacencia, corrupción, donde existe quien la apoye y en Cúcuta eso sigue sucediendo. La corrupción, la impunidad y la complacencia de algunos sectores de la sociedad frente a negocios ilegales, son el caldo de cultivo para que estas organizaciones criminales encuentren asidero en la región”, puntualizó.
‘Sí han aumentado los homicidios’
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), coronel Álvaro Pico Malaver, indicó que, “en el tema de los homicidios, nosotros sí aceptamos que hubo un aumento este año”.
Según las cifras entregadas por la Policía, hasta el pasado 30 de noviembre se habían registrado 425 homicidios en Cúcuta y el área metropolitana, mientras que en todo 2011 se registraron 407.
“Nuestras investigaciones evidencian que en un 80% y 90%, las víctimas estaban relacionadas con el accionar de las bandas criminales (bacrim) que operan en Cúcuta y el área metropolitana. Todas estas muertes obedecen a disputas entre miembros de estas bandas por hacerse al control y poder de los negocios ilícitos de los que obtienen ganancias”, señaló el oficial.
Para el comandante de la Mecuc, la disputa entre miembros de bacrim también se evidencia en el surgimiento en la ciudad de nuevos grupos que pretenden sembrar el terror usando nombres bajo los cuales se agrupan personas que han pertenecido a Los Rastrojos o Los Urabeños y que, por quedar sin cabecillas, ya sea porque fueron capturados o asesinados, deciden montar un nuevo grupo criminal.
El oficial, a su vez, entregó las cifras operacionales del presente año en las que se evidencian que, a pesar del incremento en las muertes violentas, las capturas de homicidas y miembros de bacrim también aumentaron de manera considerable.
Durante 2012 fueron capturadas 238 personas por homicidio, 107 de ellas en flagrancia. Además, se incautaron 749 armas de fuego ilegales y se capturaron 512 personas por porte ilegal, un 30% más que el año pasado cuando la cifra llegó a 395.
También, según manifestó el coronel Pico, fueron capturados 268 miembros de bandas criminales. “En este punto se registró un incremento del 81% con relación a 2011, cuando fueron capturadas 148 personas pertenecientes a las bacrim”, apuntó.
Exigen garantías
Enrique Pertuz Ariza, director del departamento de derechos humanos y solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció que al presidente de esa organización sindical, Édgar Santiago, le fue retirado el esquema de protección a pesar de las amenazas que pesan en su contra.
Asodestra (Asociación de Trabajadores de Villa Rosario)
El secretario general y presidente, Olinto Nieves, tuvo que abandonar el departamento a raíz de las amenazas permanentes contra él y su familia.
El secretario general y presidente, Olinto Nieves, tuvo que abandonar el departamento a raíz de las amenazas permanentes contra él y su familia.
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