Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra obispo de Ocaña.
En un fallo sin precedentes en la historia de Colombia, la procuradora provincial, Carmen Celina Ibáñez Elam, profirió un fallo donde suspende a los concejales del municipio de Río de Oro, departamento del Cesar quienes declararon al obispo de Ocaña, monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, persona no grata.
En 20 folios se condensa la queja, hechos, indagaciones y pruebas que llevó al Ministerio Público, en fallo de primera instancia, a suspender a unos miembros de la corporación por un mes y a otros por dos.
Los concejales afrontan la sentencia luego de los alegatos de los abogados defensores. Los afectados con la medida son: José Elí Santana Rincón, Jhonny Peinado Flórez y Antonio José Meneses Meneses con dos meses de suspensión ya que tienen antecedentes por el cobro de unas prórrogas de las sesiones.
Son cobijados con un mes de suspensión los miembros de la corporación Luis Fernando León Suárez, Wilson Arias Barbosa, José Emiro Zapardiel Quintero, Mauricio Guerrero Téllez, Alberto Atuesta Mindiola, Pedro Antonio Picón Rincón, Guzmán Alfonso Osorio Herrera y Juan Bernardo Cárdenas.
La procuraduría señala que al declarar al obispo de la Diócesis de Ocaña como persona no grata trasgredieron las prohibiciones establecidas en los numerales 6 y 8 del artículo 4 de la ley 136 de 1994, que establece la imposibilidad que tienen los concejos de decretar actos de proscripción contra personas naturales o jurídicas y el tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia.
Por ende se determina suspensión e inhabilidad especial en el ejercicio del cargo por los términos referidos.
La situación ya fue notificada a la gobernación del Cesar, Procuraduría General de la Nación, y Alcaldía de Río de Oro para que la dirección de registro surta los trámites pertinentes.
“Pedimos perdón a monseñor”
El fallo será apelado ante la segunda instancia, en este caso la Procuraduría Regional de Cúcuta. “Si la sentencia es ratificada no queda otro remedio que acatarla. Nosotros somos muy respetuosos sobre el particular, incluso fuimos y le pedimos perdón al obispo, pero la investigación ya estaba en marcha”, explicó el presidente de la corporación en ese entonces José Elí Santana Rincón.
El altercado entre el obispo y los concejales comenzó el primero de febrero del 2012, cuando aprobaron la proposición 002 donde se declara persona no grata. “Desconocíamos que eso no se podía hacer, actuamos apresuradamente y queda como experiencia a los concejales de todo el país, para que no vayan a pecar”.
De ahí en adelante empezaron los problemas. Monseñor Lozano Zafra interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Segundo Civil del municipio de Ocaña donde se decretaron tres días de arresto y una multa económica de tres salarios mínimos legales vigentes.
Los miembros de la corporación en su totalidad no acataron la sentencia y el alto prelado de la iglesia católica interpuso el recurso de incidente de desacato. A través oficio se ratificó la sanción.
El víacrucis de los concejales
En plenaria de la mencionada sesión los honorables concejales, José Elí Santana Rincón, Luis Fernando León Suárez, Wilson Arias Barbosa, Jhonny Peinado Flórez, José Emiro Zapardiel, Mauricio Guerrero Téllez votaron a favor en lo ordenado por el juzgado civil.
Negativamente votaron Antonio José Meneses Meneses, Alberto Atuesta Mindiola, José Antonio Picón Rincón, Guzmán Alfonso Osorio Herrera y se abstuvo de votar Juan Bernardo Cárdenas.
La juez Carmen Zulema Jiménez Arévalo fue categórica al afirmar que todos los concejales deben cumplir la orden de incidencia de desacato.
Los concejales arrepentidos por medio de un oficio pidieron perdón al obispo de Ocaña, pero el prelado guardó silencio y dejó en manos de la justicia la última palabra.
El caso pasó a segunda instancia a los juzgados de los circuitos de Ocaña donde los concejales revocaron la proposición y se retractaron públicamente lo que evitó el arresto.
Consideraciones de la juez
La juez Carmen Zulema Jiménez consideró como injuriosos y descontextualizados los términos utilizados por los concejales, ordenó rectificar la determinación y difundir con la misma cobertura el contenido de la proposición ante la Conferencia Episcopal Colombiana, Nunciatura Apostólica y medios de comunicación.
Igualmente, prevenir que en lo sucesivo no vuelvan a incurrir en la misma persecución desconociendo el fuero y las garantías que debe rodear al pastor de la iglesia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario