En Cúcuta miles de personas reclaman cada mes las remesas que sus familiares envían desde Venezuela.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), le sigue la pista a una banda dedicada a la triangulación de las divisas de Cadivi, a través de las remesas familiares, según lo dio a conocer el jefe del cuerpo de investigación en el estado Táchira, Luis Francisco Monroy.
En Rubio, capital del municipio Junín, fue detenido Euris Aldrich Ortiz Cristancho, docente de 32 años, a quien le fue allanada su vivienda y se le incautó un computador, en el que realizaba las descargas de las solicitudes de transferencias para las remesas de Cadivi, que otorga el Gobierno venezolano a personas que necesitan enviar ayudas a sus familiares en el exterior.
Al detenido le fueron decomisadas alrededor de 30 carpetas con documentos falsos como constancias de residencia en territorio colombiano y otros documentos fraudulentos que indicarían que haría parte de una red dedicada a tramitar la obtención de divisas de forma ilegal.
El jefe del CICPC le confirmó al diario Los Andes de San Cristóbal que luego de trabajos de inteligencia y seguimiento se logró hacer el allanamiento, donde fueron halladas planillas en blanco de certificación de residencia en Cúcuta, aparentemente emitidas por las notarías Primera y Cuarta de la capital nortesantandereana, así como cartas en blanco de residencia emitidas por la Alcaldía de Los Patios.
Mientras tanto, la investigación que adelanta la Fiscalía avanza para determinar si existen funcionarios públicos del gobierno tachirense o trabajadores de Cadivi implicados en el negocio de los ‘autogiros’.
“El CICPC no bajará la guardia en ningún momento y vamos a ir por todos aquellos antisociales para depurar los listados de los remitentes, y que solamente queden aquellas personas que realmente tienen la necesidad y la obligación de ayudar a sus familias, pero sin falsificaciones ni fraudes”, aseguró Monroy
Hace varias semanas el gobernador, José Vielma Mora, manifestó que las cartas de residencia en el estado Táchira ahora serían expedidas únicamente en la Gobernación, y no mediante los consejos comunales que antes se encargaban de expedirlas.
Las autoridades venezolanas estiman que en la actualidad, menos de la cuarta parte de las personas que envían remesas de Venezuela a Colombia cumplen con los requisitos vigentes para optar por el beneficio de ayuda a familiares extranjeros.
Mientras tanto, la Brigada Contra Delitos Informáticos del Táchira analiza los computadores encontrados en la residencia del docente con miras a identificar otros implicados en el delito, sancionado por las leyes contra la Corrupción, Ilícitos Cambiarios y Delincuencia Organizada del Estado venezolano.
En Venezuela las remesas se establecieron a raíz de la implantación del control cambiario en el 2002. No obstante, la diferencia cambiaria entre Venezuela y Colombia abrió la voracidad de quienes hoy lo convirtieron en un negocio para la obtención de dinero fácil.
En Rubio, capital del municipio Junín, fue detenido Euris Aldrich Ortiz Cristancho, docente de 32 años, a quien le fue allanada su vivienda y se le incautó un computador, en el que realizaba las descargas de las solicitudes de transferencias para las remesas de Cadivi, que otorga el Gobierno venezolano a personas que necesitan enviar ayudas a sus familiares en el exterior.
Al detenido le fueron decomisadas alrededor de 30 carpetas con documentos falsos como constancias de residencia en territorio colombiano y otros documentos fraudulentos que indicarían que haría parte de una red dedicada a tramitar la obtención de divisas de forma ilegal.
El jefe del CICPC le confirmó al diario Los Andes de San Cristóbal que luego de trabajos de inteligencia y seguimiento se logró hacer el allanamiento, donde fueron halladas planillas en blanco de certificación de residencia en Cúcuta, aparentemente emitidas por las notarías Primera y Cuarta de la capital nortesantandereana, así como cartas en blanco de residencia emitidas por la Alcaldía de Los Patios.
Mientras tanto, la investigación que adelanta la Fiscalía avanza para determinar si existen funcionarios públicos del gobierno tachirense o trabajadores de Cadivi implicados en el negocio de los ‘autogiros’.
“El CICPC no bajará la guardia en ningún momento y vamos a ir por todos aquellos antisociales para depurar los listados de los remitentes, y que solamente queden aquellas personas que realmente tienen la necesidad y la obligación de ayudar a sus familias, pero sin falsificaciones ni fraudes”, aseguró Monroy
Hace varias semanas el gobernador, José Vielma Mora, manifestó que las cartas de residencia en el estado Táchira ahora serían expedidas únicamente en la Gobernación, y no mediante los consejos comunales que antes se encargaban de expedirlas.
Las autoridades venezolanas estiman que en la actualidad, menos de la cuarta parte de las personas que envían remesas de Venezuela a Colombia cumplen con los requisitos vigentes para optar por el beneficio de ayuda a familiares extranjeros.
Mientras tanto, la Brigada Contra Delitos Informáticos del Táchira analiza los computadores encontrados en la residencia del docente con miras a identificar otros implicados en el delito, sancionado por las leyes contra la Corrupción, Ilícitos Cambiarios y Delincuencia Organizada del Estado venezolano.
En Venezuela las remesas se establecieron a raíz de la implantación del control cambiario en el 2002. No obstante, la diferencia cambiaria entre Venezuela y Colombia abrió la voracidad de quienes hoy lo convirtieron en un negocio para la obtención de dinero fácil.
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