Preocupación por aumento de campesinos en protestas

El gobernador, Edgar Díaz Contreras y los alcaldes del Catatumbo, manifestaron su preocupación por la situación de orden público y el aumento de campesinos que se están aglutinando en la vía que comunica la Costa Atlántica con Ocaña, Convención y Río de Oro, dado a conocer por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve.

“Estamos impacientes ante la difícil situación que se vive en el Catatumbo por lo que esperamos reunirnos prontamente con el presidente, Juan Manuel Santos, para darle una solución pacífica a toda esta problemática”, manifestó, Díaz Contreras.

Recordó, que una de las principales propuestas que se ha hecho ante el Gobierno Nacional, es la suspensión temporal de la erradicación de cultivos ilícitos que se lleva a cabo en esta zona del Departamento hasta tanto no exista un modelo de proyecto productivo que beneficie a los más de 3.200 campesinos del Catatumbo, reiteró ante la opinión pública que el próximo 3 de julio en la capital del Departamento, se realizaría la instalación de una mesa de análisis, interlocución y acuerdos para estudiar la declaratoria de zonas de reserva campesina del Catatumbo, acordada con el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan Heredia.

Esta solicitud fue hecha por Díaz Contreras y los Alcaldes de Tibú, Ocaña, Convención, La Playa, El Tarra, El Carmen, Teorama, Sardinata, Hacarí y San Calixto, al jefe de la cartera de Agricultura, el pasado 19 de junio durante el encuentro que sostuvieron en el colegio Francisco José de Caldas del municipio petrolero, ante el desabastecimiento que se está presentando en Tibú a raíz de los bloqueos, la Gobernación y la Alcaldía están buscando las alternativas que permitan garantizar el suministro de víveres para toda la población.

El Mandatario Regional hizo un llamado a los manifestantes para que no atenten contra la infraestructura y la integridad de la población, pues el uso de la violencia solo dificulta el desarrollo de una salida pacífica a esta situación que ya completa más de 11 días y cuya injerencia recae sobre el Gobierno Nacional al ser la erradicación una política del orden Estatal donde los gobernantes locales y regionales no tienen participación.