“Suman más de 600 millones de dólares estafados al Estado con falsas remesas”

Desde que la expedición de cartas de residencia fue centralizada en la Dirección de Política, las colas en las casas de envíos han disminuido drásticamente.

A más de 600 millones de dólares pudiera ascender la suma de divisas que  han sido estafadas al Estado venezolano, a través de las falsas remesas, desde el estado Táchira, toda vez que 80% de quienes se beneficiaban de este derecho lo hacían de manera fraudulenta.

De 15 mil solicitudes de cartas de residencia al mes, es decir, 3 mil 500 semanales, la Dirección de Política, a cargo de José Gregorio Zambrano, en una semana apenas ha recibido doce, de las cuales se han aprobado seis, luego de publicado el decreto que le confiere esta responsabilidad que antes tenían las delegaciones.

Zambrano explica que las 15 mil cartas estaban siendo recibidas por las casas de cambio y aprobadas por Cadivi, y suponiendo que en promedio las personas tenían dos beneficiarios, es decir, enviaban dos remesas, cada una por 600 dólares, en un mes se pudieron fugar hasta 18 millones de dólares, lo que equivale a 216 mil dólares al año.

Esta cifra multiplicada por tres años, tiempo durante el cual estiman las autoridades  se ha producido el ilícito con las remesas, arroja la suma de 648 mil dólares que probablemente ha perdido el Estado por esta vía.

Asegura el director de Política que, a un mes de haber iniciado la investigación, la cual fue ordenada por el gobernador José Vielma Mora, “no hay personas privadas de su libertad, ni se ha iniciado ninguna acción legal ni jurídica en contra de nadie. Eso se determinará cuando diagnostiquemos el problema completo”.

Sin embargo, resalta que “son objeto de investigación por lo menos 300 funcionarios de diversas dependencias de la Gobernación”.

“Cadivi tomará acciones”

Explica Zambrano que, “el destino de estas personas dependerá de sus jefes, la cantidad de personas involucradas; hay decisiones que serán tomadas por Cadivi,  probablemente suspenda a todo aquel involucrado en irregularidad”.

Afirma que, “hay personas que lo hicieron a modo personal, pero otras usurparon identidad y lo hicieron en nombre de muchas personas, lo cual constituye otro delito más”.

No obstante, advierte, “independientemente de la motivación que tenga la gente, unos por necesidad y otros por avaricia, todos saben que están haciendo algo ilegal, incluso involucrando a sus hijos en ese delito; y están cometiendo un fraude contra la Nación”.

En todo caso, asegura, “quien cometió el ilícito de cobrar durante seis meses de manera irregular 900 dólares, saldrá perdiendo porque perderá el cupo de divisas por Internet, será suspendida su tarjeta de crédito, si tiene alguna empresa que solicita dólares para importar materia prima, bienes o servicios, también puede ser afectado”.

“Mecanismo de corrupción”

Recordó que Cadivi, a través de una providencia, otorgó la facultad a venezolanos o extranjeros residentes en el país para que de su salario pudieran otorgar una parte a algún familiar que vive en el extranjero, pero con el devenir del tiempo eso se convirtió en un mecanismo de corrupción, degradación, donde se involucraron familias completas que viven en Venezuela y forjaron documentos, haciendo creer al Estado venezolano que sus familiares viven en equis ciudad de cualquier país del mundo, y al investigar detectamos que todos viven, votan, estudian y viven aquí”.

“Debilidad del Estado”

Reconoce Zambrano que, “hubo una debilidad del Estado en cuanto a los requisitos exigidos, quizás los organismos involucrados no se pusieron de acuerdo, cosa que ya estamos haciendo, pues la facultad de otorgar la carta de residencia  la tenían las delegaciones y cada una tenía un criterio, y esto fue normado mediante un decreto con un solo modelo, elaborado con un papel de seguridad, y es expedida en la Dirección de Política”.

Aclara que las personas que cumplan con los requisitos no tendrán problema, ni deben temer. “Debe consignar sus documentos y su carta es aprobada; pero si una persona lleva a dos testigos falsos, por ejemplo, cualquier documento que no sea consistente y detectemos algo falso, la carta será negada”.

Asimismo, argumenta que, “una persona que gana salario mínimo, es decir, 2 mil 400 bs,  ¿cómo justifica que tiene tres remesarios? Necesita 5 mil 400 bs para comprar 900 dólares; ¿de dónde obtiene ese dinero para comprar las divisas para supuestamente enviarlas al exterior?”, dice.

Comenta que para llevar a cabo la investigación revisan bases de datos de educación, de trabajadores, interconectados con entes y organismos, a fin de verificar si una persona miente o no a la hora de consignar los documentos; por ejemplo, estamos exigiendo que la persona demuestre la condición de legalidad en el país de origen donde recibe la remesa, no es suficiente presentar el pasaporte y un sello de salida, sino que debe tener una visa del país donde reside”.

En caso de que la persona sea trabajador en Venezuela, explica, “debe tener Rif, inscripción en el Seguro Social, esto último aplica a los trabajadores independientes, entre otros requisitos que cualquier persona que no esté haciendo algo ilegal los tiene”, señala.

Aunque aclara que apenas está en su primera fase la investigación, “esta acción hasta ahora ha sido unilateral, si llegáramos a necesitar la cooperación del gobierno colombiano lo haríamos a través de la Cancillería, para ver cómo pueden ayudarnos”.

Añade que, “hasta tanto no tengamos completo el panorama y verificar de cuánto se trata el fraude que se ha cometido y quiénes lo han cometido, no implementaremos las estrategias desde el punto de vista penal y judicial; además el proceso es extenso y el personal es limitado”, asegura.