Otro concejal de Cúcuta pierde su investidura

VÍCTOR JESÚS DAZA, concejal de Cambio Radical, fue despojado de su investidura. 

Cambio Radical parece no atravesar su mejor momento en Norte de Santander, pese al protagonismo alcanzado en las elecciones locales y regionales de 2011.

Tan solo unos días después de que el Consejo de Estado dejara en firme la pérdida de investidura del concejal  de Cúcuta Eduardo Antonio Rodríguez Silva, el miércoles, el alto tribunal decretó la muerte política de un segundo integrante de esa colectividad: el concejal Víctor Jesús Daza Rodríguez.

Al igual que en el caso de Rodríguez Silva, el Consejo de Estado decidió confirmar la sentencia de primera instancia proferida hace un año por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,  en contra del joven político, por haber incurrido en una inhabilidad al momento de su elección.

Lo anterior por cuanto el munícipe habría firmado dos contratos con el Instituto Departamental de Salud dentro del año anterior a su elección (2011), incurriendo así en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Los contratos que tumbaron al concejal

Según la demandante, Sandra Fajardo Hernández -la misma que impulsó la muerte política de Eduardo Antonio Rodríguez-, Víctor Jesús Daza celebró un primer contrato de prestación de servicios el 17 de enero de 2011, por un término de dos meses y catorce días.

Dicho convenio se habría  celebrado en interés propio por cuanto el mismo Daza Rodríguez, actuó como contratista.

El segundo contrato que  terminó por enredar la carrera política del concejal de Cambio Radical se firmó el 12 de abril de 2011 y su duración era de 8 meses y 18 días, pero finalmente se canceló por mutuo acuerdo con el Instituto, el 21 de julio de ese mismo año. 

Como se recuerda, la Ley 136 de 1994, establece que: “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”, no podrá ser concejal.    

Ante estos hechos, Fajardo le había pedido, en primera instancia, al Tribunal Administrativo despojar de su investidura a Víctor Jesús Daza, por considerar que además de celebrar dichos contratos dentro del periodo inhabilitante, estos se ejecutaron en el mismo municipio donde resultó elegido, el 30 de octubre de 2011.

Una vez quede en firme la decisión del Consejo de Estado, la mesa directiva del Concejo de Cúcuta deberá llamar al siguiente en la lista  de votación de Cambio Radical, que según los resultados de la Registraduría es, Oscar Javier Sanabria.

Otros fallos en camino

Al fallo que decretó la muerte política del joven dirigente de Cambio Radical, quien cumplía su primer periodo en el Concejo de Cúcuta, y su excompañero de corporación, Eduardo Antonio Rodríguez, se suma otra sentencia que aún no ha sido confirmada por el Consejo de Estado: la de la diputada Marina Lozano, de la misma colectividad.

Aunque los magistrados del alto tribunal decidieron hace unos meses revocar la sentencia de primera instancia que absolvió a la dirigente de una presunta inhabilidad, y   en consecuencia decretaron la pérdida de su investidura, el proceso se encuentra en veremos, por cuanto la defensa de Lozano interpuso un recurso de aclaración y adición.

Entre tanto, se conoció que en el orden del día previsto por la Sala Quinta del Consejo de Estado para esta semana, se incluyó el estudio de los procesos que cursan en contra de los concejales Eduardo Antonio Gerardino Mandón (Partido Verde) y Rodolfo Torres Castellanos (Partido de la U).

Ayer también fue incluido para estudio de la sala plena  de la Sección Primera, el fallo de la demanda interpuesta contra el diputado Francisco Bermont.

Confirman condena a Coronel

Ayer en la tarde también se conoció que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta  dejó en firme la condena de 11 años y 6 meses de prisión en contra del joven político ocañero, Francisco Coronel López, por su participación en el fraude cometido en las elecciones de marzo de 2010  y que, al parecer, iba dirigido a favorecer la elección del hoy representante Carlos León Celis.

La decisión que había sido proferida en marzo pasado fue apelada por la defensa de Coronel tras reprochar las argumentaciones del juez y cuestionar la validez de las pruebas. Sin embargo, el magistrado que resolvió el recurso determinó que el abogado no pudo demostrar las afirmaciones con las que se pretendía desvirtuar la valoración del juez. 
    
Al joven político, que se encuentra prófugo de la justicia desde hace casi dos años, le fueron imputados cuatro delitos graves, por los que, además, deberá pagar $841 millones. Su defensa interpondrá ahora un recurso de casación ante la Corte.