El procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció desde ya que pondrá la lupa a la contratación antes de elecciones.
El procurador Alejandro Ordóñez expidió advertencias para el cumplimiento de la Ley de Garantías por parte de gobernadores, alcaldes y jefes de entidades públicas, con ocasión de las elecciones que se desarrollarán en 2014.
En una circular expedida el pasado 3 de septiembre y que fue conocida por Colprensa, Ordóñez se dirigió a todos los ordenadores del gasto de las entidades públicas y territoriales para advertir que cuatro meses antes de las elecciones presidenciales no se puede hacer contratación directa.
Si el presidente de la República, Juan Manuel Santos, finalmente anuncia su interés de reelegirse, la restricción entrará a operar desde el día en que lo haga público. En caso contrario, y para el resto de candidatos, la prohibición iniciará el próximo 25 de enero de 2014.
En esta prohibición no caben temas como la defensa del Estado, los contratos que se requieran para emergencias y desastres y construcción de vías e infraestructura si llegaran a ser objeto de atentados o de desatres naturales.
Expresamente se indica a los Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, así como a Gerentes y Directores de entidades descentralizadas que desde el 25 de enero de 2004 se abstengan de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ni destinar recursos a las entidades a su cargo.
La prohibición se extiende a hacer actividades proselitistas, inaugurar obras o dar inicio a programas sociales “en reuniones o eventos en los que participen candidatos o voceros de los candidatos a la Presidencia de la República o el Congreso”.
El procurador Ordóñez enfatizó en que no se puede facilitar el alojamiento o el transporte de los candidatos en sus labores proselitistas por las regiones ni modificar las nóminas de las entidades del orden municipal o departamental.
El Jefe del Ministerio Público igualmente advirtió a los ordenadores del gasto que se abstengan de “favorecer causas y campañas políticas o partidistas” en sus funciones, en aras de evitar que los dineros públicos terminen privilegiando intereses de algún candidato.
Los procesos contractuales entonces deberán hacerse mediante selección de candidatos, preferiblemente en audiencias públicas para velar con los principios de la contratación y evitar una posible investigación disciplinaria.
El Jefe del Ministerio Público recomendó que se verifiquen los sustentos legales, técnicos y económicos de cualquier prórroga a contratos ya firmados o su cesión e hizo un llamado a la austeridad.
“Las autoridades administrativas deberán aplicar las políticas de austeridad del Gobierno Nacional, realizando un control sobre el suministro del combustible a los vehículos, mantenimiento, reparación y utilización de los mismos”, dice la circular.
El documento agrega que los jefes de las entidades del Estado deberán velar para todos los carros a su disposición no sean utilizados para “facilitar el ejercicio de actividades partidistas, ejerciendo un debido control interno sobre los funcionarios subalternos a quienes se les asignan vehículos, maquinaria y equipos”.
Respecto de las obras y actividades financiadas con recursos extranjeros, el procurador Ordóñez estimó que se debe evitar a toda costa que haya confusión sobre quién es el patrocinador de la misma através de la publicidad.
La Procuraduría anunció que vigilará el cumplimiento de esas recomendaciones y solicitó a la ciudadanía que denuncie faltas por parte de los servidores públicos durante la antesala de las elcciones 2014.
En una circular expedida el pasado 3 de septiembre y que fue conocida por Colprensa, Ordóñez se dirigió a todos los ordenadores del gasto de las entidades públicas y territoriales para advertir que cuatro meses antes de las elecciones presidenciales no se puede hacer contratación directa.
Si el presidente de la República, Juan Manuel Santos, finalmente anuncia su interés de reelegirse, la restricción entrará a operar desde el día en que lo haga público. En caso contrario, y para el resto de candidatos, la prohibición iniciará el próximo 25 de enero de 2014.
En esta prohibición no caben temas como la defensa del Estado, los contratos que se requieran para emergencias y desastres y construcción de vías e infraestructura si llegaran a ser objeto de atentados o de desatres naturales.
Expresamente se indica a los Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, así como a Gerentes y Directores de entidades descentralizadas que desde el 25 de enero de 2004 se abstengan de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ni destinar recursos a las entidades a su cargo.
La prohibición se extiende a hacer actividades proselitistas, inaugurar obras o dar inicio a programas sociales “en reuniones o eventos en los que participen candidatos o voceros de los candidatos a la Presidencia de la República o el Congreso”.
El procurador Ordóñez enfatizó en que no se puede facilitar el alojamiento o el transporte de los candidatos en sus labores proselitistas por las regiones ni modificar las nóminas de las entidades del orden municipal o departamental.
El Jefe del Ministerio Público igualmente advirtió a los ordenadores del gasto que se abstengan de “favorecer causas y campañas políticas o partidistas” en sus funciones, en aras de evitar que los dineros públicos terminen privilegiando intereses de algún candidato.
Los procesos contractuales entonces deberán hacerse mediante selección de candidatos, preferiblemente en audiencias públicas para velar con los principios de la contratación y evitar una posible investigación disciplinaria.
El Jefe del Ministerio Público recomendó que se verifiquen los sustentos legales, técnicos y económicos de cualquier prórroga a contratos ya firmados o su cesión e hizo un llamado a la austeridad.
“Las autoridades administrativas deberán aplicar las políticas de austeridad del Gobierno Nacional, realizando un control sobre el suministro del combustible a los vehículos, mantenimiento, reparación y utilización de los mismos”, dice la circular.
El documento agrega que los jefes de las entidades del Estado deberán velar para todos los carros a su disposición no sean utilizados para “facilitar el ejercicio de actividades partidistas, ejerciendo un debido control interno sobre los funcionarios subalternos a quienes se les asignan vehículos, maquinaria y equipos”.
Respecto de las obras y actividades financiadas con recursos extranjeros, el procurador Ordóñez estimó que se debe evitar a toda costa que haya confusión sobre quién es el patrocinador de la misma através de la publicidad.
La Procuraduría anunció que vigilará el cumplimiento de esas recomendaciones y solicitó a la ciudadanía que denuncie faltas por parte de los servidores públicos durante la antesala de las elcciones 2014.
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