Venezolanos quedan desde este martes sin protección de la CIDH

Con la denuncia oficial de la Convención Americana de Derechos Humanos introducida por el gobierno de Venezuela hace un año, los venezolanos quedan a partir del martes sin la protección jurídica del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pesar de los exhortos de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, de las opiniones de decenas de juristas y hasta la posible lesión de su imagen ante la comunidad internacional, el gobierno venezolano mantuvo su decisión de retirarse de la CIDH, impulsada por el propio presidente Hugo Chávez en julio del año pasado: “Vean ustedes cómo son los órganos del imperio, vean ustedes cómo actúan contra Venezuela, la inefable CIDH, ya lo hemos anunciado nosotros nos tenemos que salir definitivamente de ese organismo”.

Pero para los organismos defensores de Derechos Humanos se trata de una decisión política que representa un grave retroceso en materia de protección a los ciudadanos. Un “fraude a la Constitución”, señalan, puesto que el artículo 23 de la Constitución venezolana otorga rango constitucional a los pactos y tratados internacionales firmados por el país en materia de Derechos Humanos.

“La decisión es una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y pone en riesgo a generaciones futuras de venezolanos”, señaló Guadalupe Marengo, directora del programa Américas de Amnistía Internacional. “A lo largo de los años, el sistema interamericano ha supuesto la única posibilidad de obtener justicia y reparación para miles de víctimas y familiares en todo el continente. Privar a los venezolanos de la opción de acudir a la Corte es escandaloso”, aseguró.

Por su parte, la defensora de Derechos Humanos y directora de Cofavic, Liliana Ortega, asegura que al retirarse, el gobierno venezolano solo logra levantar más sospechas. “El gobierno no ha hecho un cálculo político acertado porque acaba de cerrar espacios importantes de su juego político. Siempre ha acusado a la CIDH de sesgada y ¿que va a hacer ahora? ¿Decir lo mismo de Naciones Unidas? El gobierno no está consciente de que acaba de ponerle altavoces a todos los informes que lo denuncian por violación de Derechos Humanos y que las víctimas lleven sus denuncias a otras instancias, porque las víctimas no van a callar”.

En general, Ortega destaca que esa decisión forma parte de una “política de Estado de reducción de la tutela de las víctimas” que comenzó el año pasado con la reforma del código venezolano que impide a las ONG’s representar a las víctimas ante los tribunales nacionales. “No estamos hablando de casos políticos, sino de abusos de autoridades que afectan a los venezolanos más desposeídos. En Venezuela solo 3% de los casos de violación de Derechos Humanos llega a los tribunales nacionales, por eso es impresentable que un país democrático denuncie este la Convención cuando el concierto mundial avanza en su protección”, afirma.

Según lo establecido en las normas de la Convención Americana el Estado venezolano no queda automáticamente liberado de sus obligaciones y deberá acatar las decisiones de la Corte sobre cualquier violación a los Derechos Humanos que ocurra hasta el lunes. La Comisión Interamericana podrá seguir conociendo casos que le sean enviados, pero de lo que ocurra a partir del martes no podrá encargarse.

De hecho, el ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, introdujo el lunes mismo ante la Comisión Interamericana su petición de impugnación contra los resultados de las elecciones del 14 de abril, a las que considera fraudulentas y que perdió con una diferencia de 1,5% de los votos.

Pero a partir de ahora los venezolanos tendrán que acudir a otras instancias de protección internacional de los Derechos Humanos como el sistema de Naciones Unidas. “Entre comités, relatorías y grupos de trabajo son más de 30 las instancias que los venezolanos podemos utilizar. No vamos a caer en el juego oficialista de la desesperanza”, declaró a El Nacional la profesora Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica.

La decisión de Venezuela de separarse del sistema interamericano de Derechos Humanos se produjo cuando la Corte falló, en julio de 2012, a favor de Raúl Díaz Peña, acusado por el gobierno venezolano de haber participado en los atentados explosivos contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en el año 2003. Poco después la Comisión Interamericana invitó al gobierno del presidente Chávez a investigar la muerte de indígenas en el Amazonas venezolano, también ocurrida el año pasado, lo que colmó el disgusto del entonces mandatario contra la Comisión y la Corte, a las que siempre consideró parcializadas en su contra.

Por ello durante los últimos 14 años el Estado venezolano ha negado el permiso para visitar al país a cualquier instancia del sistema interamericano de Derechos Humanos y no ha acatado ninguna de las sentencias de la CIDH, sin que ello le haya traído alguna consecuencia.