El programa de las 100.000 VIVIENDAs gratis tiene establecido pagarle a los constructores luego de la entrega de estos inmuebles a los beneficiarios.
A partir de este lunes, con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, unas 30.000 familias que esperaban recibir sus viviendas este año, así como las firmas constructoras de los proyectos, serán los grandes perdedores de la decisión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de ponerle un freno a la entrega de casas gratuitas.
Ayer, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, reafirmó que a partir del 25 de noviembre aplicará la Ley para el candidato presidencial. Es decir que, ni Juan Manuel Santos, ni su gabinete, podrán hacer inauguraciones o entregar obras públicas, porque se considerarían como actos de proselitismo. Y el mandatario estaría incluido en este escenario, pues ya anunció su intensión de ir por la reelección en 2014.
“Los límites en la Ley se activan tanto en materia de contratación como en materia de inauguración de obras de infraestructura y otra serie de eventos”, dijo Ordóñez. Estos pronunciamientos se dieron luego de que en días pasados el Ministerio presentara un derecho de petición a la Procuraduría para que explicara los efectos de la Ley en el programa de las 100.000 viviendas.
A esto, la entidad justificó que “en caso de coincidir la realización de Programa de Vivienda Gratuita con el plazo de restricción de la Ley de Garantías, los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas (…), no podrán celebrar convenios interadministrativos”.
Frente a esta respuesta, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, salió al paso para pedir que el plazo se extendiera a los funcionarios públicos del Gabinete Santos hasta enero de 2014, como establece la Ley. Aún así, Ordóñez descartó ayer esta posibilidad.
Como resultado de esta decisión, la meta del Gobierno de entregar 50.000 viviendas de Interés Prioritario (VIP) antes de terminar el año definitivamente no será una realidad. En su lugar, solo se entregarán cerca de 20.000 unidades este año, mientras que las 30.000 restantes y otras 10.000 prometidas para enero de 2014 quedarán en vilo. Es decir, en total se pospondrán 40.000 casas del programa bandera del Gobierno Santos, hasta que se cumplan las elecciones.
En este caso, no solo se afectarían las familias que dejarían de recibir las viviendas, sino las firmas constructoras que ya han avanzado en los proyectos, cuya dificultad radica en que el convenio concretado con el Ministerio establece que el pago de las obras solo se hace efectivo una vez que se entreguen las VIP y se firmen los papeles de propiedad, según explicó Henao.
Pero el ministro insistió en que la Ley debería aplicar para el programa a partir del próximo 25 de enero. “Hicimos la consulta al Consejo de Estado, porque la Ley señala que son cuatro meses antes de las elecciones y a nosotros nos están sumando dos meses. Ojalá que tengamos una respuesta lo más pronto posible, porque deben entender la inmediatez”, aseguró.
No obstante, el Consejo de Estado coincidiría con el concepto de la Procuraduría, lo cual tenemos que respetar, apuntó Henao.
Ayer, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, reafirmó que a partir del 25 de noviembre aplicará la Ley para el candidato presidencial. Es decir que, ni Juan Manuel Santos, ni su gabinete, podrán hacer inauguraciones o entregar obras públicas, porque se considerarían como actos de proselitismo. Y el mandatario estaría incluido en este escenario, pues ya anunció su intensión de ir por la reelección en 2014.
“Los límites en la Ley se activan tanto en materia de contratación como en materia de inauguración de obras de infraestructura y otra serie de eventos”, dijo Ordóñez. Estos pronunciamientos se dieron luego de que en días pasados el Ministerio presentara un derecho de petición a la Procuraduría para que explicara los efectos de la Ley en el programa de las 100.000 viviendas.
A esto, la entidad justificó que “en caso de coincidir la realización de Programa de Vivienda Gratuita con el plazo de restricción de la Ley de Garantías, los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas (…), no podrán celebrar convenios interadministrativos”.
Frente a esta respuesta, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, salió al paso para pedir que el plazo se extendiera a los funcionarios públicos del Gabinete Santos hasta enero de 2014, como establece la Ley. Aún así, Ordóñez descartó ayer esta posibilidad.
Como resultado de esta decisión, la meta del Gobierno de entregar 50.000 viviendas de Interés Prioritario (VIP) antes de terminar el año definitivamente no será una realidad. En su lugar, solo se entregarán cerca de 20.000 unidades este año, mientras que las 30.000 restantes y otras 10.000 prometidas para enero de 2014 quedarán en vilo. Es decir, en total se pospondrán 40.000 casas del programa bandera del Gobierno Santos, hasta que se cumplan las elecciones.
En este caso, no solo se afectarían las familias que dejarían de recibir las viviendas, sino las firmas constructoras que ya han avanzado en los proyectos, cuya dificultad radica en que el convenio concretado con el Ministerio establece que el pago de las obras solo se hace efectivo una vez que se entreguen las VIP y se firmen los papeles de propiedad, según explicó Henao.
Pero el ministro insistió en que la Ley debería aplicar para el programa a partir del próximo 25 de enero. “Hicimos la consulta al Consejo de Estado, porque la Ley señala que son cuatro meses antes de las elecciones y a nosotros nos están sumando dos meses. Ojalá que tengamos una respuesta lo más pronto posible, porque deben entender la inmediatez”, aseguró.
No obstante, el Consejo de Estado coincidiría con el concepto de la Procuraduría, lo cual tenemos que respetar, apuntó Henao.
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