El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, se encuentra preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, desde agosto de 2011.
Pese a que la Corte Suprema de Justicia negó la casación, que fue el último recurso con el que la defensa del detenido exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, buscaba echar para atrás la condena de 27 años proferida en su contra por el asesinato del exasesor de la Alcaldía, Alfredo Enrique Flórez Ramírez, los apoderados del exmandatario decidieron jugarse una nueva carta.
A través de una tutela, el abogado Álvaro Luna Conde, apoderado de Suárez Corzo, le solicitó a la Sala Civil del alto tribunal revisar la sentencia proferida a finales de 2013, mediante la cual los magistrados de la Sala Penal dejaron en firme la condena ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, en 2011.
Según Luna Conde, una de las principales razones por las que decidieron ampararse en este mecanismo constitucional, es porque la Corte Suprema se pronunció demasiado rápido sobre la demanda de casación.
“La respuesta a la demanda de casación, en mi parecer, se resuelve casi que dándole un trámite de segunda instancia a las pretensiones y acusaciones contra la demanda. Es decir, no se cumplen las técnicas de este recurso”, dijo, al estimar que en este caso hubo una vulneración al debido proceso.
Para el abogado, la evaluación del recurso interpuesto no fue la adecuada, toda vez que no se estudió de fondo y por eso es necesaria la revisión.
En noviembre del año pasado, justo unos días antes de conocerse el fallo de la Corte que ratificó la pena de prisión, Luna Conde reprochó las fallas que enmarcaron el proceso contra su defendido y el mal manejo que, en su concepto, se le había dado.
Igualmente, durante toda la etapa de la casación, la defensa del exgobernante intentó demostrar que el Tribunal Superior incurrió en un error y que en la sentencia de segunda instancia se “sugería” la presencia de falsos raciocinios en la valoración de las pruebas.
Así mismo, cuestionó que la decisión hubiera estado soportada únicamente en testimonios de oídas y no se tuviera presente que quienes han militado en organizaciones ilegales, como las Auc, son capaces de cometer violaciones a los derechos humanos.
El asesinato de Alfredo Enrique Flórez fue perpetrado el 6 de octubre de 2003, en momentos en que el abogado se movilizaba hacia su vivienda, ubicada en Los Patios.
El crimen fue atribuido a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaban en el área metropolitana de Cúcuta, quienes durante la investigación señalaron al exalcalde Ramiro Suárez Corzo como el instigador del hecho.
Por esto, el 5 de diciembre de 2004 la Fiscalía decidió vincularlo a la investigación y casi tres años después ordenó la medida de aseguramiento.
A través de una tutela, el abogado Álvaro Luna Conde, apoderado de Suárez Corzo, le solicitó a la Sala Civil del alto tribunal revisar la sentencia proferida a finales de 2013, mediante la cual los magistrados de la Sala Penal dejaron en firme la condena ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá, en 2011.
Según Luna Conde, una de las principales razones por las que decidieron ampararse en este mecanismo constitucional, es porque la Corte Suprema se pronunció demasiado rápido sobre la demanda de casación.
“La respuesta a la demanda de casación, en mi parecer, se resuelve casi que dándole un trámite de segunda instancia a las pretensiones y acusaciones contra la demanda. Es decir, no se cumplen las técnicas de este recurso”, dijo, al estimar que en este caso hubo una vulneración al debido proceso.
Para el abogado, la evaluación del recurso interpuesto no fue la adecuada, toda vez que no se estudió de fondo y por eso es necesaria la revisión.
En noviembre del año pasado, justo unos días antes de conocerse el fallo de la Corte que ratificó la pena de prisión, Luna Conde reprochó las fallas que enmarcaron el proceso contra su defendido y el mal manejo que, en su concepto, se le había dado.
Igualmente, durante toda la etapa de la casación, la defensa del exgobernante intentó demostrar que el Tribunal Superior incurrió en un error y que en la sentencia de segunda instancia se “sugería” la presencia de falsos raciocinios en la valoración de las pruebas.
Así mismo, cuestionó que la decisión hubiera estado soportada únicamente en testimonios de oídas y no se tuviera presente que quienes han militado en organizaciones ilegales, como las Auc, son capaces de cometer violaciones a los derechos humanos.
El asesinato de Alfredo Enrique Flórez fue perpetrado el 6 de octubre de 2003, en momentos en que el abogado se movilizaba hacia su vivienda, ubicada en Los Patios.
El crimen fue atribuido a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaban en el área metropolitana de Cúcuta, quienes durante la investigación señalaron al exalcalde Ramiro Suárez Corzo como el instigador del hecho.
Por esto, el 5 de diciembre de 2004 la Fiscalía decidió vincularlo a la investigación y casi tres años después ordenó la medida de aseguramiento.
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