Los representantes legales están aplazando las audiencias para evitar las condenas.
Las masivas capturas de nacionales en el territorio venezolano por extracción ilegal de productos han puesto en evidencia las falencias del sistema judicial en el territorio vecino.
Los abogados venezolanos de los colombianos expresan, según los familiares de los detenidos, que la justicia venezolana no reconoce entre quienes son capturados con grandes cantidades de productos y mercancías de forma ilegal y aquellas personas que son detenidas con cantidades mínimas.
“La ley orgánica de precios justos aquí en Venezuela aplica en igualdad de condiciones, es decir, ambos casos son determinados a la misma sanción“, explica uno de los apoderados de colombianos sindicado por este delito.
Olga Leguizamón, esposa de uno de los nacionales capturado por adquirir arroz y azúcar en el municipio de Ureña, Estado Táchira, completa cinco meses esperando avances en su proceso con las pruebas presentadas por la defensa, material probatorio que para la justicia venezolana no cuenta.
“Ayer era el día de la segunda audiencia y el abogado nos dijo que iba a solicitar el aplazamiento de la misma porque ellos podían ser condenados”, dijo.
A esta situación se le suma el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que permanecen los colombianos en las cárceles venezolanas. En medio de esta situación, la Embajada de Colombia en el vecino país anunció que una misión diplomática ya trabaja con sus homólogos para lograr acuerdos jurídicos concertados.
Los abogados venezolanos de los colombianos expresan, según los familiares de los detenidos, que la justicia venezolana no reconoce entre quienes son capturados con grandes cantidades de productos y mercancías de forma ilegal y aquellas personas que son detenidas con cantidades mínimas.
“La ley orgánica de precios justos aquí en Venezuela aplica en igualdad de condiciones, es decir, ambos casos son determinados a la misma sanción“, explica uno de los apoderados de colombianos sindicado por este delito.
Olga Leguizamón, esposa de uno de los nacionales capturado por adquirir arroz y azúcar en el municipio de Ureña, Estado Táchira, completa cinco meses esperando avances en su proceso con las pruebas presentadas por la defensa, material probatorio que para la justicia venezolana no cuenta.
“Ayer era el día de la segunda audiencia y el abogado nos dijo que iba a solicitar el aplazamiento de la misma porque ellos podían ser condenados”, dijo.
A esta situación se le suma el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que permanecen los colombianos en las cárceles venezolanas. En medio de esta situación, la Embajada de Colombia en el vecino país anunció que una misión diplomática ya trabaja con sus homólogos para lograr acuerdos jurídicos concertados.
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