miércoles, 30 de noviembre de 2016

Desaparición forzada, un delito que crece en la frontera

En Cúcuta, según progresar, ni siquiera existe una unidad de exhumaciones de la Fiscalía.

Por primera vez, los casos de desaparición forzada en la frontera con Venezuela serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo 5 de diciembre en Panamá. 
Así lo dio a conocer Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una de las tres organizaciones colombianas que fueron invitadas a la audiencia sobre desaparecidos que hará la Comisión en el país centroamericano. 
“Nosotros, junto a la Fundación Nidia Erika Bautista y la Comisión Colombiana de Juristas, somos los únicos invitados a esta audiencia que, en nuestro caso, tiene una connotación especial, pues nos permitirá mostrar un fenómeno que vivimos en la región y que es casi que exclusivo en el mundo: la desaparición forzada transfronteriza”, señaló Cañizares. 
Para el defensor de derechos humanos, en Cúcuta y su área metropolitana la desaparición forzada se ha vuelto un delito sistemático, que hace tiempo dejó de ser cometido exclusivamente por los grupos armados que hacen presencia en la región. 
“La desaparición en esta zona del país ha ido mutando, el delito se ha degradado y ha dejado de ser una práctica exclusiva de los grupos armados. Aquí desaparecen de manera forzada a cualquiera y por cualquier razón: problemas entre vecinos, deudas de dinero, tarjetas Cadivi”, agregó el director de la Fundación Progresar. 
Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), de Medicina Legal, en Norte de Santander han sido reportadas como desaparecidas 3.241 personas, de las cuales 2.670 son hombres y 571 mujeres. 
Además, desde que se lleva el registro de personas denunciadas como desaparecidas, 428 hombres y 450 mujeres han aparecido vivos. Otras 183 personas, que en algún momento desaparecieron, fueron halladas muertas (158 hombres y 25 mujeres). 
De las 3.241 personas que se encuentran desaparecidas en Norte de Santander, se presume que 723 desaparecieron de manera forzada (648 hombres y 75 mujeres).  
“La Fiscalía solo tiene a 3 fiscales atendiendo casos de desaparecidos en Cúcuta, lo que hace casi imposible que se pueda adelantar una buena labor. Son muchos casos para un número tan pequeño de fiscales. Esto lleva a que, en los 377 casos que Progresar acompaña, la impunidad llegue al 92%, un dato desalentador para los familiares de estas personas”, enfatizó Cañizares. 
Ante este panorama, en el que la justicia colombiana pareciera no actuar, ni tener intención de hacerlo, Progresar tomó la decisión de llevar esta realidad a instancias internacionales. 
“Aquí en Colombia ya agotamos todas las instancias que teníamos para actuar. Ahora nuestros esfuerzos se concentran en hacer visible esta realidad de los desaparecidos en la frontera, afuera, en cortes y comisiones internaciones”, subrayó. 
Para ello, tomaron como primer caso emblemático el de Henry Pérez, el desaparecido líder de La Gabarra (Tibú) de quien no se tienen noticias desde el 26 de enero de este año. 
La Fundación Progresar presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), una denuncia de acción urgente para que se conminara al Estado colombiano a actuar con celeridad en la búsqueda de Henry Pérez.
El pasado 14 de junio, Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, envió una comunicación a la Misión Permanente de Colombia ante la Oficina de la ONU en Ginebra, en la que le manifestaba que se había activado el ‘procedimiento de acción urgente’ en el caso de Pérez y, por tal razón, requería que Colombia tomara acciones inmediatas para buscarlo y ubicarlo.
En la misiva, Salama le pide a Colombia: 
Aclarar de inmediato la suerte y el paradero del señor Henry Pérez Ramírez.
Informar a la familia de Henry Pérez y al Comité sobre lo sucedido con él y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlo, liberarlo y permitir que su familia y sus representantes (Fundación Progresar) tengan contacto inmediato con él.
En caso de que el paradero de Pérez no pueda ser confirmado, el Comité requiere al Estado colombiano que asegure la adopción de una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición forzada. 
Informar al Comité sobre las acciones tomadas por el Estado colombiano para investigar la desaparición y determinar la responsabilidad de los perpetradores de la misma. Además, permitir la plena participación de los familiares de Henry Pérez en la investigación de su desaparición, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la misma. 
El 31 de agosto, Álvaro Frías Galván, director encargado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, le respondió al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que el Estado colombiano ‘activó el mecanismo de búsqueda urgente el día 3 de febrero, con el fin de determinar el paradero del señor Henry Pérez’.
Además, que el 3 de mayo (más de 3 meses después de haber desaparecido), el fiscal asignado al caso ordenó a la Policía Judicial que entrevistara a las personas que vieron por última vez a Pérez y realizara ‘labores de vecindario, investigación, inspecciones judiciales, en centros de salud y médicos, hospitales, Medicina Legal’, para establecer el posible paradero de Henry.
Finalmente, Frías Galván afirma que la familia de Pérez ha sido informada sobre los avances de la investigación (que no se especifican en la respuesta) y que durante los encuentros con estos familiares, estos han estado acompañados por la Defensoría del Pueblo. 
Hace dos semanas, el 16 de noviembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas le respondió una vez más al Estado colombiano que, con base en lo informado en la comunicación enviada por Frías Galván el 31 de agosto, “queda muy preocupado porque hasta la fecha, la búsqueda e investigación de los hechos de referencia no han permitido ubicar a la persona desaparecida y las autoridades involucradas no parecen seguir un plan y estrategia de búsqueda e investigación integral”. 
“Las respuestas del Estado colombiano son una burla para la familia de Henry Pérez. ¿Cómo es posible que reconozcan que solo 3 meses después de reportada la desaparición fue que se ordenaron las entrevistas de las personas que lo vieron por última vez?”, finalizó Wilfredo Cañizares, quien insistió en que el próximo 5 de diciembre, en Panamá, espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepte la invitación a visitar Cúcuta y la zona de frontera, para que conozca de primera mano la realidad de los desaparecidos de esta región del país.
Fuente: La Opinión.com

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