El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, después de 23 meses, expidió el fallo de segunda instancia sobre el Parque Bavaria, considerado el mayor caso de corrupción en Cúcuta.
Aunque todavía no se conoce el texto de la providencia, la página web de la rama judicial informó que la sentencia modificada corresponde al 29 de julio de este año.
Dos caminos tomó el Contencioso al resolver la acción popular contra el proyecto que se iba a levantar en el barrio Latino y que como única huella dejó un enorme hueco de $3.500 millones.
Los magistrados dejaron en firme la orden para que le sean devueltos al municipio $2.041’156.072, que actualmente se encuentran embargados.
De esa plata, le corresponde desembolsar $541’156.072 a la Corporación Parques de Cúcuta, del saldo de los dineros recibidos de la valorización para el desarrollo de dicho programa.
Los otros $1.500’000.000 saldrán de las cuentas de la cuestionada Sociedad Parques Cúcuta Ltda., los cuales llegaron a sus arcas como aporte para constituirla.
Este trámite deberá efectuarse tan pronto quede en firme la sentencia que incluye el salvamento de voto parcial de los magistrados Josefina Ibarra Rodríguez, Maribel Mendoza Jiménez y Jorge Rivera Prada.
La providencia tumbó el numeral séptimo de la decisión del Juzgado Tercero del Circuito Judicial Administrativo de Cúcuta que dejaba sin piso la entrega de los dos lotes de Bavaria a la Corporación Parques Cúcuta.
Los terrenos que tienen una extensión total de 11.010 metros cuadrados, en las calles 8 y 9 con avenidas primera y segunda, fueron transferidos por la Alcaldía, previas autorización consignada en los acuerdos 06 del 30 de abril de 2007 y 09 del 30 de mayo del mismo año, aprobados por el Concejo de Cúcuta.
Esos actos administrativos tienen el sello de ‘suspendidos’ por orden del juez Rafael Eduardo Celis Celis.
En su momento, el titular de ese despacho consignó en el fallo de primera instancia:
“Los acuerdos expedidos por el Concejo que autorizaron al alcalde para transferir los lotes, constituyen amenaza contra el derecho colectivo del patrimonio público…”.
Una vez sea publicado el veredicto, dicha etiqueta deberá ser levantada y la comunidad conocerá las razones esgrimidas por los miembros del tribunal para dejar en firme la vigencia de los acuerdos.
En el desdibujado plan se iban a construir un edificio con locales, oficinas y museo, proyecto que posteriormente fue modificado inconsultamente, para hacer un hotel con presuntos poderosos inversionistas nacionales y extranjeros.
El Contencioso también despojó a Jorge Heriberto Moreno Granados, como autor de la acción popular, de la posibilidad de disfrutar del incentivo del 15%, al revocar esa parte del dictamen.
Gran expectativa reina en torno a los efectos que en los procesos judiciales y disciplinarios producirá la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Precisamente, el numeral séptimo de providencia de primera instancia sirvió de fundamento para que la Fiscalía Tercera de Administración Pública vinculara al proceso 161.099 a los concejales que aprobaron los acuerdos, por presunto prevaricato.
El denunciante Moreno Granados indicó que la sentencia del Contencioso podría dejar sin piso las actuaciones que se siguen contra los cabildantes en la Fiscalía y la Procuraduría.
Anunció que estudiará el fallo, pues no descarta la presentación de la acción de revisión de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado.
Aunque todavía no se conoce el texto de la providencia, la página web de la rama judicial informó que la sentencia modificada corresponde al 29 de julio de este año.
Dos caminos tomó el Contencioso al resolver la acción popular contra el proyecto que se iba a levantar en el barrio Latino y que como única huella dejó un enorme hueco de $3.500 millones.
Los magistrados dejaron en firme la orden para que le sean devueltos al municipio $2.041’156.072, que actualmente se encuentran embargados.
De esa plata, le corresponde desembolsar $541’156.072 a la Corporación Parques de Cúcuta, del saldo de los dineros recibidos de la valorización para el desarrollo de dicho programa.
Los otros $1.500’000.000 saldrán de las cuentas de la cuestionada Sociedad Parques Cúcuta Ltda., los cuales llegaron a sus arcas como aporte para constituirla.
Este trámite deberá efectuarse tan pronto quede en firme la sentencia que incluye el salvamento de voto parcial de los magistrados Josefina Ibarra Rodríguez, Maribel Mendoza Jiménez y Jorge Rivera Prada.
La providencia tumbó el numeral séptimo de la decisión del Juzgado Tercero del Circuito Judicial Administrativo de Cúcuta que dejaba sin piso la entrega de los dos lotes de Bavaria a la Corporación Parques Cúcuta.
Los terrenos que tienen una extensión total de 11.010 metros cuadrados, en las calles 8 y 9 con avenidas primera y segunda, fueron transferidos por la Alcaldía, previas autorización consignada en los acuerdos 06 del 30 de abril de 2007 y 09 del 30 de mayo del mismo año, aprobados por el Concejo de Cúcuta.
Esos actos administrativos tienen el sello de ‘suspendidos’ por orden del juez Rafael Eduardo Celis Celis.
En su momento, el titular de ese despacho consignó en el fallo de primera instancia:
“Los acuerdos expedidos por el Concejo que autorizaron al alcalde para transferir los lotes, constituyen amenaza contra el derecho colectivo del patrimonio público…”.
Una vez sea publicado el veredicto, dicha etiqueta deberá ser levantada y la comunidad conocerá las razones esgrimidas por los miembros del tribunal para dejar en firme la vigencia de los acuerdos.
En el desdibujado plan se iban a construir un edificio con locales, oficinas y museo, proyecto que posteriormente fue modificado inconsultamente, para hacer un hotel con presuntos poderosos inversionistas nacionales y extranjeros.
El Contencioso también despojó a Jorge Heriberto Moreno Granados, como autor de la acción popular, de la posibilidad de disfrutar del incentivo del 15%, al revocar esa parte del dictamen.
Gran expectativa reina en torno a los efectos que en los procesos judiciales y disciplinarios producirá la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Precisamente, el numeral séptimo de providencia de primera instancia sirvió de fundamento para que la Fiscalía Tercera de Administración Pública vinculara al proceso 161.099 a los concejales que aprobaron los acuerdos, por presunto prevaricato.
El denunciante Moreno Granados indicó que la sentencia del Contencioso podría dejar sin piso las actuaciones que se siguen contra los cabildantes en la Fiscalía y la Procuraduría.
Anunció que estudiará el fallo, pues no descarta la presentación de la acción de revisión de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado.
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