Gobierno no le camina a la inmunidad parlamentaria

La lluvia de críticas a una de las propuestas con las que se inauguró el senador Juan Manuel Corzo como Presidente del Senado -la posibilidad de revivir la inmunidad parlamentaria-, no amaina.

El jueves, el Gobierno se sumó al nutrido coro de voces que han expresado desacuerdo con la iniciativa y fijó una tajante posición frente al polémico tema que para muchos se convierte en un retroceso a la Constitución Política de 1991 y en una puerta directa a la impunidad.

Según el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la propuesta de Corzo le entrega un mensaje equivocado a la sociedad.

“Nosotros queremos advertir, claramente, que no compartimos el criterio de la inmunidad. El Gobierno reconoce que es conveniente introducir una doble instancia y el sistema acusatorio al juzgamiento de los parlamentarios y aforados constitucionales, pero esto es bien distinto a restablecer una inmunidad que tuvo vigencia en el pasado y que hoy no parece procedente”, explicó Vargas Lleras.

Dijo que, consciente de la necesidad de brindarles a los congresistas garantías constitucionales para su doble juzgamiento, el Gobierno precisamente incluyó la doble instancia en el proyecto de Reforma a la Justicia, radicado ayer ante el legislativo.

 

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

Desde que se hizo pública la intención del nuevo Presidente del Senado de sacar adelante una nueva y polémica reforma a la Constitución, el debate ha estado servido a todos los bandos.

Uno de los primeros en reaccionar fue el Director del Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda, quien insistió en que los congresistas deben tener garantías para ser juzgados y para ser procesados, pero no para volver a ser blindados por la inmunidad parlamentaria puesto que esto representa un claro retroceso.

Esta misma posición la asumió el senador Juan Fernando Cristo quien calificó la propuesta como inoportuna y totalmente inconveniente.

El congresista liberal considera que esta iniciativa, que se suprimió con la Constitución del 91, volvería a abrirle camino a la impunidad.

“En el Congreso nos debemos preocupar por hacer una reforma a la justicia que le sirva a la gente no que nos sirva a nosotros. Esta propuesta puede generar un efecto perverso que alentaría a personas de dudoso comportamiento que aspiren al Congreso”, dijo.

Un criterio diferente tiene el representante, también liberal, Alejandro Carlos Chacón quien analiza la posibilidad de revivir esta figura desde el punto de vista de la capacidad crítica y política que le podría imprimir nuevamente al legislativo, frente a las demás ramas el poder público.

“Me parece que el Congreso perdió esa gran capacidad de debate y de oratoria frente a las posiciones que se asumían en razón del control político y frente a las mismas votaciones dentro de los proyectos de ley”, manifestó.

Para Chacón, hoy en día los opositores, o quienes son cuestionados políticamente, acallan a los congresistas con denuncias anónimas y falsos testigos, por lo que muchos sienten temor de terminar siendo investigados injustamente.

Y agregó que esta figura no necesariamente promueve la impunidad porque son los partidos, tal y como lo estipula la Reforma Política, quienes tienen la responsabilidad de filtrar sus candidatos y sus listas para que no sean permeadas por personas inescrupulosas.

Otro de los que defiende la tesis de Corzo es el senador y compañero de partido, Iván Clavijo, quien asegura que la falta de inmunidad para los legisladores está afectando el equilibrio entre los tres poderes.

“Es indispensable que así como el Poder Judicial y el Ejecutivo actúan independiente y sin ninguna presión, lo haga el legislativo que hoy es bastante maltratado”, manifestó Clavijo.

Sin embargo, con el paso de los días son más las críticas y el rechazo hacia esta propuesta que empieza a marcar el polémico derrotero del Presidente del Senado, cuestionado incluso desde antes de su posesión por las investigaciones que cursan en su contra.