La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, denunció públicamente las presuntas irregularidades que se vienen presentando en la contratación de alimentos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que involucraría a políticos del Partido de la U como el senador Efraín Torrado García y su hermano Édgar Torrado García, concejal de Bogotá.
Según Robledo hay dos puntos importantes a los que se les debe hacer seguimiento por parte de los órganos de control. Por un lado, dijo que es urgente revisar cómo avanza la investigación, que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde enero de este año, sobre la contratación del ICBF con la Cooperativa de Trabajo Asociado, Cooprosperar, vinculada a los hermanos Torrado García.
De otra parte, señaló que hay que cuestionarse porqué el Instituto de Bienestar Familiar siendo la segunda entidad del Estado después del Ministerio de Defensa que más recursos tiene para ejecución, “parece más una gran empresa contratista que una institución garante de los derechos de la infancia, la vejez y la familia. Pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar y no garantizar, alimentar y proteger a la población más pobre y vulnerable”.
Por estas razones la congresista está preparando un debate de control político, que podría llevarse a cabo este mes y al cual se cree sería citada la directora del Instituto, Elvira Forero, para que responda acerca de “qué está pasando con la entidad en el manejo de sus recursos y qué tipo de relaciones tienen con políticos entre los que aparecen vinculados los hermanos Torrado”, dijo.
Según Robledo hay dos puntos importantes a los que se les debe hacer seguimiento por parte de los órganos de control. Por un lado, dijo que es urgente revisar cómo avanza la investigación, que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde enero de este año, sobre la contratación del ICBF con la Cooperativa de Trabajo Asociado, Cooprosperar, vinculada a los hermanos Torrado García.
De otra parte, señaló que hay que cuestionarse porqué el Instituto de Bienestar Familiar siendo la segunda entidad del Estado después del Ministerio de Defensa que más recursos tiene para ejecución, “parece más una gran empresa contratista que una institución garante de los derechos de la infancia, la vejez y la familia. Pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar y no garantizar, alimentar y proteger a la población más pobre y vulnerable”.
Por estas razones la congresista está preparando un debate de control político, que podría llevarse a cabo este mes y al cual se cree sería citada la directora del Instituto, Elvira Forero, para que responda acerca de “qué está pasando con la entidad en el manejo de sus recursos y qué tipo de relaciones tienen con políticos entre los que aparecen vinculados los hermanos Torrado”, dijo.
EL ENREDO DE LOS HERMANOS TORRADO
En cuanto a la vinculación de los hermanos Torrado y Cooprosperar con el ICBF, Ángela Robledo explicó que en su investigación, de más de un año fueron claves los datos recogidos por el concejal Carlos Vicente de Roux en la comisión que conformaron con el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Petro y el senador Luis Carlos Avellaneda.
Allí, según Robledo, aparecen evidencias de cómo el senador y el concejal fueron fundadores de la Cooperativa y estuvieron vinculados a esta hasta el 2007.
Según la Representante, Cooprosperar y otras empresas relacionadas con los dirigentes del Partido de la U, habrían firmado contratos con la Secretaría Distrital de Integración Social por cerca de $162 mil millones, para suministrar refrigerios escolares y alimentos a comedores comunitarios en Bogotá, durante el gobierno de Samuel Moreno.
Robledo denunció que pese a la mala calificación que dichas empresas recibieron por parte de la Contraloría de Bogotá en 2009, las operaciones con esas firmas corresponden al 28% del total de la contratación de esa secretaría entre 2008 y 2010 en la capital.
Según la congresista del partido Verde, las empresas de los hermanos Torrado fueron grandes contratistas del Gobierno Nacional durante la administración del expresidente Álvaro Uribe y en los últimos cuatro años la contratación de Cooprosperar con el ICBF ascendió a $55.577 millones de pesos.
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