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Lo que más gritaron los profesores de Norte de Santander, por las calles de Cúcuta, fue “la educación no es una mercancía, no se compra y no se mendiga”, referenciando el inconformismo sobre el trato que, aseguran, les está dando el Gobierno nacional.
Esa fue la consigna en medio de la marcha pacífica que alrededor de mil docentes públicos de Norte de Santander conformaron, para acompañar a los ceses de actividades educativas que se desarrollaron en varias ciudades del país.
Entre las denuncias que hicieron exaltaron la del hacinamiento en las aulas de los colegios y escuelas de las zonas rurales de Cúcuta y municipios aledaños, donde aseguraron que se está violando la ley.
William Velandia, fiscal de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), afirmó que por ley cada estudiante que haga parte de una institución debe tener 1.2 metros cuadrados para acomodar un pupitre, aspecto que en las aulas del departamento se estaría violando.
“Denunciamos este problema porque sabemos que hay colegios en los que se hay hacinamiento porque a un salón, que le caben 30 estudiantes le meten de 40 a 50”.
Los educadores, que partieron del parque Simón Bolívar, caminaron hasta la Secretaría de Educación del departamento para exigir la presencia de la titular de esta cartera, Luddy Páez Ortega, para que les explicara porqué serían sancionados por protestar.
Profesores de esta zona del país reclaman el cumplimiento de la prestación digna y oportuna del servicio médico por parte de la Unión Temporal del Oriente para el magisterio y el cumplimiento de los términos de referencia y el establecimiento de un sistema de auditoría médica concertada con Fecode”.
También manifestaron que se está dando un trato de segunda a las instituciones educativas donde faltan aseadoras, servicios generales y celadores.
En la zona de el Catatumbo los profesores de Tibú también marcharon por los derechos a la educación a el aprendizaje, coincidiendo con las consignas de Cúcuta y las provincias: una mejor salud.
En las instalaciones de la Subdirectiva de Asinort se congregaron para tratar el tema y hacer un pliego de peticiones para las autoridades departamentales y del Gobierno central.
Esa fue la consigna en medio de la marcha pacífica que alrededor de mil docentes públicos de Norte de Santander conformaron, para acompañar a los ceses de actividades educativas que se desarrollaron en varias ciudades del país.
Entre las denuncias que hicieron exaltaron la del hacinamiento en las aulas de los colegios y escuelas de las zonas rurales de Cúcuta y municipios aledaños, donde aseguraron que se está violando la ley.
William Velandia, fiscal de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), afirmó que por ley cada estudiante que haga parte de una institución debe tener 1.2 metros cuadrados para acomodar un pupitre, aspecto que en las aulas del departamento se estaría violando.
“Denunciamos este problema porque sabemos que hay colegios en los que se hay hacinamiento porque a un salón, que le caben 30 estudiantes le meten de 40 a 50”.
Los educadores, que partieron del parque Simón Bolívar, caminaron hasta la Secretaría de Educación del departamento para exigir la presencia de la titular de esta cartera, Luddy Páez Ortega, para que les explicara porqué serían sancionados por protestar.
Profesores de esta zona del país reclaman el cumplimiento de la prestación digna y oportuna del servicio médico por parte de la Unión Temporal del Oriente para el magisterio y el cumplimiento de los términos de referencia y el establecimiento de un sistema de auditoría médica concertada con Fecode”.
También manifestaron que se está dando un trato de segunda a las instituciones educativas donde faltan aseadoras, servicios generales y celadores.
En la zona de el Catatumbo los profesores de Tibú también marcharon por los derechos a la educación a el aprendizaje, coincidiendo con las consignas de Cúcuta y las provincias: una mejor salud.
En las instalaciones de la Subdirectiva de Asinort se congregaron para tratar el tema y hacer un pliego de peticiones para las autoridades departamentales y del Gobierno central.
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