El auditor general de la República, Jaime Ardila Barrera, presidió ayer un foro en la Asamblea sobre el control fiscal en el que se la Contraloría Departamental expuso la radiografía de Norte de Santander en el manejo de los recursos públicos.
Los malos manejos de los recursos públicos en que habrían incurrido las pasadas administraciones y gerencias de entidades descentralizadas han desembocado, a la fecha, en la apertura de al menos 270 procesos de responsabilidad fiscal por $9.255 millones que al parecer no fueron bien ejecutados.
El informe elaborado por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sobre la vigencia 2011, fue presentado ayer al auditor general, Jaime Ardila Barrera, quien presidió un foro en Cúcuta sobre el control fiscal y las principales reformas al Estatuto Anticorrupción.
Según el documento, durante la primera fase de auditorías, que comenzó en enero, se detectaron 156 irregularidades fiscales que habrían ocasionado daños a las finanzas públicas por un valor de $3.933 millones, como consecuencia de fallas en los procesos de contratación, suministro de materiales, prestación de servicios, terminación de obras, convenios ejecuciones presupuestales y demás.
De ahí que la Contraloría Departamental, en cabeza de Claudia Rodríguez, decidiera hacer el traslado de 295 hallazgos disciplinarios a la Procuraduría, 52 penales a la Fiscalía y otros 670 a la propia Contraloría para que las irregularidades detectadas sean sometidas a un plan de mejoramiento.
Entre los municipios con más investigaciones por presuntos malos manejos a los recursos públicos figura Gramalote, en donde el órgano de control reportó un total de 40 hallazgos entre disciplinarios, penales, administrativos y fiscales, que suman $851 millones.
De acuerdo con el informe de la entidad, las anomalías se concentran en la falta de soportes para el pago de los contratos, irregularidades en la selección de los contratistas, falta de soportes documentales en algunos contratos de suministro y contratos de prestación de servicio en los que no se especifican datos primordiales para hacer seguimiento a los mismos.
Estas y otras presuntas inconsistencias se configuran en las principales causales para que haya fuga de recursos o para que las partidas dispuestas por la Nación sean susceptibles a malos manejos, afectando el erario.
A la larga lista de municipios en los que se han detectado irregularidades fiscales durante el 2011 se suman: Pamplona, Sardinata, Convención, Cáchira, Ábrego, Arboledas, así como las ESE de Gramalote y Tibú, la Tesorería del departamento y el Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. (Ver cuadro 1).
SEGUNDA FASE
Durante la segunda fase de auditorías a los diferentes municipios del departamento, la Contraloría detectó un total de 109 hallazgos fiscales, 171 disciplinarios, 25 penales y 530 administrativos por un valor de $2.191 millones que presuntamente fueron malgastados por las pasadas administraciones.
Esta lista la encabeza el municipio de Durania en donde al parecer se malversaron $605 millones en el 2011.
En el grupo aparecen además El Carmen, Los Patios, el hospital Rudesindo Soto, Hacarí, Cucutilla, el hospital Juan Luis Londoño de El Zulia, la Secretaría de Educación del departamento, Chitagá y Toledo.
A los resultados de las auditorías se le suman las quejas interpuestas por la ciudadanía que a la fecha suman 184 entre denuncias y derechos de petición por un valor de $3.131 millones, que habrían sido mal manejados.
El mayor número de quejas es contra el hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, en donde fueron denunciadas presuntas irregularidades que ascienden los mil millones de pesos.
El informe elaborado por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sobre la vigencia 2011, fue presentado ayer al auditor general, Jaime Ardila Barrera, quien presidió un foro en Cúcuta sobre el control fiscal y las principales reformas al Estatuto Anticorrupción.
Según el documento, durante la primera fase de auditorías, que comenzó en enero, se detectaron 156 irregularidades fiscales que habrían ocasionado daños a las finanzas públicas por un valor de $3.933 millones, como consecuencia de fallas en los procesos de contratación, suministro de materiales, prestación de servicios, terminación de obras, convenios ejecuciones presupuestales y demás.
De ahí que la Contraloría Departamental, en cabeza de Claudia Rodríguez, decidiera hacer el traslado de 295 hallazgos disciplinarios a la Procuraduría, 52 penales a la Fiscalía y otros 670 a la propia Contraloría para que las irregularidades detectadas sean sometidas a un plan de mejoramiento.
Entre los municipios con más investigaciones por presuntos malos manejos a los recursos públicos figura Gramalote, en donde el órgano de control reportó un total de 40 hallazgos entre disciplinarios, penales, administrativos y fiscales, que suman $851 millones.
De acuerdo con el informe de la entidad, las anomalías se concentran en la falta de soportes para el pago de los contratos, irregularidades en la selección de los contratistas, falta de soportes documentales en algunos contratos de suministro y contratos de prestación de servicio en los que no se especifican datos primordiales para hacer seguimiento a los mismos.
Estas y otras presuntas inconsistencias se configuran en las principales causales para que haya fuga de recursos o para que las partidas dispuestas por la Nación sean susceptibles a malos manejos, afectando el erario.
A la larga lista de municipios en los que se han detectado irregularidades fiscales durante el 2011 se suman: Pamplona, Sardinata, Convención, Cáchira, Ábrego, Arboledas, así como las ESE de Gramalote y Tibú, la Tesorería del departamento y el Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. (Ver cuadro 1).
SEGUNDA FASE
Durante la segunda fase de auditorías a los diferentes municipios del departamento, la Contraloría detectó un total de 109 hallazgos fiscales, 171 disciplinarios, 25 penales y 530 administrativos por un valor de $2.191 millones que presuntamente fueron malgastados por las pasadas administraciones.
Esta lista la encabeza el municipio de Durania en donde al parecer se malversaron $605 millones en el 2011.
En el grupo aparecen además El Carmen, Los Patios, el hospital Rudesindo Soto, Hacarí, Cucutilla, el hospital Juan Luis Londoño de El Zulia, la Secretaría de Educación del departamento, Chitagá y Toledo.
A los resultados de las auditorías se le suman las quejas interpuestas por la ciudadanía que a la fecha suman 184 entre denuncias y derechos de petición por un valor de $3.131 millones, que habrían sido mal manejados.
El mayor número de quejas es contra el hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, en donde fueron denunciadas presuntas irregularidades que ascienden los mil millones de pesos.
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