Norte de Santander suma ya el segundo fallo judicial que ordena devolver los predios despojados a una familia víctima de la violencia.
El juez civil del circuito especializado de restitución de tierras de Norte de Santander ordenó devolverle a una familia campesina de la zona rural de Tibú, un terreno de 12 hectáreas y más de 6 mil metros cuadrados, del cual tuvieron que salir huyendo hace más de una década debido a los hostigamientos de las Farc.
Esta decisión judicial se convierte en la segunda en ser conocida en el departamento, tras la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en enero de 2012.
La primera sentencia benefició a una mujer que tuvo que abandonar de manera forzada la casa que compartía con su familia en Tibú, por lo que terminó siendo víctima de despojo.
En los dos casos, las víctimas se acogieron a la Ley 1448 de 2011 e iniciaron el proceso en la Unidad de Restitución con sede en Norte de Santander, donde el juez analizó las pruebas recolectadas y aceptó su calidad de víctimas.
En el último fallo, el juez estableció que además de devolverles el predio ‘La Primavera’, los beneficiados deberán ser exonerados del pago del impuesto predial del inmueble que haya sido cobrado hasta la fecha en que se formalice la devolución.
Además, el Fondo de Fomento para Las Mujeres Rurales (Fommur) deberá adelantar un estudio para conocer la capacidad económica de la familia y en determinado caso asignarles recursos.
Así mismo, se ordenó disponer de asesoría técnica para que la familia beneficiada pueda estructurar un proyecto productivo y de esta manera encontrar una fuente para su sustento.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, a nivel nacional, declaró que este fallo refleja los esfuerzos por estructurar la entidad y señaló que el 2013 será un año en el que a partir del trabajo mancomunado con los jueces se restablecerán los derechos de las víctimas sobre predios que se creían perdidos.
Al finalizar el 2012, la Unidad de Restitución de Tierras de Norte de Santander radicó un total de 66 demandas ante los jueces especializados con el fin de lograr la recuperación de las propiedades de los reclamantes.
En el país, la cifra de solicitudes recibidas por la entidad para su estudio alcanza las 31.318, por concepto de despojo y abandono forzado.
Esta decisión judicial se convierte en la segunda en ser conocida en el departamento, tras la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en enero de 2012.
La primera sentencia benefició a una mujer que tuvo que abandonar de manera forzada la casa que compartía con su familia en Tibú, por lo que terminó siendo víctima de despojo.
En los dos casos, las víctimas se acogieron a la Ley 1448 de 2011 e iniciaron el proceso en la Unidad de Restitución con sede en Norte de Santander, donde el juez analizó las pruebas recolectadas y aceptó su calidad de víctimas.
En el último fallo, el juez estableció que además de devolverles el predio ‘La Primavera’, los beneficiados deberán ser exonerados del pago del impuesto predial del inmueble que haya sido cobrado hasta la fecha en que se formalice la devolución.
Además, el Fondo de Fomento para Las Mujeres Rurales (Fommur) deberá adelantar un estudio para conocer la capacidad económica de la familia y en determinado caso asignarles recursos.
Así mismo, se ordenó disponer de asesoría técnica para que la familia beneficiada pueda estructurar un proyecto productivo y de esta manera encontrar una fuente para su sustento.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, a nivel nacional, declaró que este fallo refleja los esfuerzos por estructurar la entidad y señaló que el 2013 será un año en el que a partir del trabajo mancomunado con los jueces se restablecerán los derechos de las víctimas sobre predios que se creían perdidos.
Al finalizar el 2012, la Unidad de Restitución de Tierras de Norte de Santander radicó un total de 66 demandas ante los jueces especializados con el fin de lograr la recuperación de las propiedades de los reclamantes.
En el país, la cifra de solicitudes recibidas por la entidad para su estudio alcanza las 31.318, por concepto de despojo y abandono forzado.
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