Cristina Plazas, directora del ICBF.
La directora del Bienestar Familiar ve inviable vincular a madres comunitarias a nómina del Estado.
Si se acepta la ley del senador del Polo, Alexánder López, que propone incorporar a las más de 60.000 madres comunitarias en la nómina del ICBF, habría que acabar este instituto, dijo el jueves su directora, Cristina Plazas, en respaldo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar la norma.
“En la objeción del proyecto de ley de las madres comunitarias no se está atentando contra sus derechos laborales”, afirmó este jueves, en rueda de prensa, Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“Desde el 2014, las madres comunitarias tienen derechos laborales adquiridos. Tienen un contrato de trabajo con todas sus prestaciones sociales. Esto quiere decir: salud, pensión, vacaciones, cesantías, prima”, añadió Plazas, para quien la implementación de ley que objetó el Ejecutivo quebraría a una entidad que beneficia, en diferentes modalidades de atención y protección, a cerca de cuatro millones de niños en todo el país.
Explicó que Santos se opuso a la sanción de la ley, porque es absolutamente imposible habilitar casi un billón de pesos adicionales que costaría la sola nómina de las madres, por un año, a cargo de la nación.
“El proyecto de ley lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF. Esto quiere decir que se abran 64.000 nuevos puestos en la planta del Instituto. Esto costaría más de 800.000 millones de pesos al año y eso sería totalmente inviable”, añadió Plazas, quien añadió que, además pondría en riesgo la subsistencia del programa y el trabajo de estas mujeres.
La funcionaria subrayó que los servicios públicos de atención en primera infancia aún no cuentan con cobertura universal. “Con estos recursos atenderíamos 400.000 niños que en este momento están sin atender”, puntualizó.
“Si llegara a prosperar la tesis de esa ley, sería condenar a muerte el ICBF”, dijo de manera categórica su directora.
Dijo también que detrás de la ley “hay intereses electorales y politiqueros que tratan de imponerse sobre los derechos de los niños, y eso no lo vamos a permitir”.
Las madres comunitarias, que cuidan a los niños de padres trabajadores en estratos 1, 2 y 3, comenzaron desde 1986 como una actividad informal, que pagaban los beneficiarios particulares. Poco a poco, este movimiento social fue ganando terreno gracias a presiones políticas y en el 2014 fueron formalizadas.
Este movimiento de madres se ha organizado en todo el país y ha logrado ejercer presión. Hace casi un año, un grupo de ellas se ubicó frente de la sede del ICBF en Bogotá durante 11 días para protestar por lo que consideraban sus precarias condiciones laborales. En ese contexto nació la ley objetada.
‘Es un golpe bajo’: Madres comunitarias
Emelina Ramírez, vocera de una organización que agrupa a unas 7.000 madres comunitarias, aseguró que la decisión del Gobierno es un golpe bajo para miles de mujeres que “han prestado su propiedad privada y sus hogares para darle un servicio al Estado”.
“Las madres comunitarias están muy sentidas. Hay mujeres que dieron su juventud y llevan más de 20 años a la espera de una pensión. Es triste que haya plata para tapar la corrupción y para adecuar lo que pide la guerrilla, pero no para las madres que merecen un mejor trato, unas prestaciones sociales, al menos”, sostuvo la dirigente.
Ramírez afirmó también, que esta semana se podría definir un posible paro “porque la única solución a esto es que el Gobierno pague lo que la Corte ha ordenado”. Las diferentes asociaciones que representan a estas mujeres planean una próxima reunión para definir las acciones a seguir.
Reacción en el Congreso
El debate generado por esta decisión tampoco fue ajeno al Congreso, donde se gestó el proyecto.
El presidente Santos “está desatendiendo el reclamo justo, tanto de las trabajadoras de los programas de primera infancia como de los niños, cuyos derechos constitucionales prevalecen sobre cualquier otra consideración”, dijo el senador López.
El representante conservador Telésforo Pedraza aseguró que todas las iniciativas que tengan un impacto fiscal deben tener el concepto del Gobierno.
“Muchas veces los colegas, por hacer show. presentan iniciativas que tienen un enorme impacto fiscal y el Estado tiene que saber de dónde salen los recursos, pues si no hay la capacidad económica para responder, son los ciudadanos los que pagan estos costos con impuestos”, explicó Pedraza.
El reglamento del Congreso establece que cuando existen objeciones por inconstitucionalidad, como en este caso, el Legislativo deberá decidir si admite o no los reparos. De aceptarlos, la iniciativa será archivada, pero si no los acepta, el proyecto pasa a la Corte Constitucional.
El alto tribunal tendrá seis días para declarar si la iniciativa es exequible, en cuyo caso el Presidente estará obligado a sancionarla; o si es inexequible, se archiva.
Fuente: El Tiempo.com
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