Durante lo corrido del periodo de gobierno 2008-2010 más de ocho alcaldes y gobernadores del país han tenido que abandonar sus cargos por las irregulares actuaciones como servidores públicos.
La Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de su tarea misional de “vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes”, ha iniciado procesos disciplinarios que en muchas ocasiones terminan en destituciones, inhabilidades y suspensiones por varios meses.
Aunque algunos de estos concluyen luego de la indagación preliminar, por no encontrarse méritos suficientes para abrir la investigación formal, un buen número ha llegado hasta su última instancia.
El caso más reciente de destitución confirmado por la Procuraduría es el del Alcalde de la Jagua de Ibirico (Cesar), Alfonso Palacio Niño, el pasado primero de febrero, por haber decretado la urgencia manifiesta para la celebración de tres contratos, sin existir las causales previstas en la ley para declararla.
En el ojo del huracán se encuentra también el Gobernador del Magdalena, Ómar Ricardo Diazgranados Velásquez, quien se ha mantenido en su cargo gracias a una acción de tutela, pero contra quien el Ministerio Público adelanta una indagación preliminar.
En el caso particular de Norte de Santander, pese a que desde el 2008 sólo una alcaldesa, la de Ragonvalia, Sandra Isbelia Caicedo Contreras, fue sancionada por la Procuraduría por haber inscrito su nombre a las elecciones del 2007 a pesar de que su esposo José Jacinto Sanabria Sánchez era presidente del Concejo de ese municipio, otros mandatarios locales no han sido ajenos a las investigaciones del organismo de control.
Quienes tampoco han escapado al cúmulo de indagaciones por parte de los diferentes despachos de la Procuraduría General de la Nación desde que comenzaron sus gobiernos son, la Alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, y el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.
De acuerdo con el Sistema de Información Misional (SIM), del Ministerio Público, la mandataria de los cucuteños acumula hasta el momento 12 procesos disciplinarios, algunos de ellos en estudio preliminar y los otros ya en investigación formal.
Por su parte, sobre Villamizar Laguado se reporta un total de nueve procesos, la mayoría de estos en indagación preliminar.
La Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de su tarea misional de “vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes”, ha iniciado procesos disciplinarios que en muchas ocasiones terminan en destituciones, inhabilidades y suspensiones por varios meses.
Aunque algunos de estos concluyen luego de la indagación preliminar, por no encontrarse méritos suficientes para abrir la investigación formal, un buen número ha llegado hasta su última instancia.
El caso más reciente de destitución confirmado por la Procuraduría es el del Alcalde de la Jagua de Ibirico (Cesar), Alfonso Palacio Niño, el pasado primero de febrero, por haber decretado la urgencia manifiesta para la celebración de tres contratos, sin existir las causales previstas en la ley para declararla.
En el ojo del huracán se encuentra también el Gobernador del Magdalena, Ómar Ricardo Diazgranados Velásquez, quien se ha mantenido en su cargo gracias a una acción de tutela, pero contra quien el Ministerio Público adelanta una indagación preliminar.
En el caso particular de Norte de Santander, pese a que desde el 2008 sólo una alcaldesa, la de Ragonvalia, Sandra Isbelia Caicedo Contreras, fue sancionada por la Procuraduría por haber inscrito su nombre a las elecciones del 2007 a pesar de que su esposo José Jacinto Sanabria Sánchez era presidente del Concejo de ese municipio, otros mandatarios locales no han sido ajenos a las investigaciones del organismo de control.
Quienes tampoco han escapado al cúmulo de indagaciones por parte de los diferentes despachos de la Procuraduría General de la Nación desde que comenzaron sus gobiernos son, la Alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, y el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.
De acuerdo con el Sistema de Información Misional (SIM), del Ministerio Público, la mandataria de los cucuteños acumula hasta el momento 12 procesos disciplinarios, algunos de ellos en estudio preliminar y los otros ya en investigación formal.
Por su parte, sobre Villamizar Laguado se reporta un total de nueve procesos, la mayoría de estos en indagación preliminar.
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