La sensatez y la lógica del gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz, tendrán que imponerse pronto sobre la ligereza y la imprudencia del alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha y su idea de darle forma a una especie de ejército privado para vigilar a su violenta localidad.
Realmente, el buen juicio no parece acompañar al alcalde, que incluso esgrime la Constitución en defensa de su idea de armas a 300 personas (seis por barrio) con pistolas de dardos y gases paralizantes y pistolas eléctricas.
En su afán de generar la idea de que sus vigilantes serán inofensivos, Socha dice que los dotará con pistolas Taser, cuyas descargas eléctricas han matado a más de 500 personas en Estados Unidos, donde son utilizadas por policías entrenados y muy profesionales, y con todas las restricciones posibles.
En el supuesto de que la idea fructifique, es de advertir que cada Taser cuesta entre 500 y 1.000 dólares, sin incluir las baterías, los cargadores y una larga serie de implementos que las hace operativas. ¿Estarán los rosarienses dispuestos a pagar por estas y las otras armas que el alcalde tiene en mente?
¿Y pagarán por los uniformes y las motos —y obvio, el combustible— y los salarios? No parece fácil que lo hagan, pero quizás el alcalde ya tiene todo su plan estudiado y sabe que los vecinos sí están dispuestos a pagar.
Una idea como esta quizás se justifique en sitios donde el Estado falló de manera rotunda. Pero, que se sepa, en el área metropolitana de Cúcuta, en la que se incluye a Villa del Rosario, no hay siquiera asomo de que así sea.
La Policía, que tiene el respaldo constitucional y legal, y la experiencia, no puede ser remplazada por cuerpos privados bajo ninguna circunstancia.
El alcalde debe tener fresca la tragedia que casi aniquila al país como consecuencia del desborde de las famosas cooperativas de vigilancia (Convivir) y la manera como de algunas de ellas derivó el fenómeno paramilitar.
¿No fue, acaso, en Villa del Rosario, donde los paramilitares instalaron hasta hornos crematorios para deshacerse de sus víctimas? Y ¿no es allí donde hay una sorda guerra entre grupos delictivos como Los Urabeños, Los Rastrojos, las Autodefensa de Norte de Santander y el Grupo Fronteras?
En una localidad como esta no se puede dar oportunidad para que los delincuentes se cuelen hacia organismos como el ideado por Socha, que podría generar en los vigilantes la falsa idea de que son agentes del Estado y actuar en consecuencia, y de paso desbordar la ley. Sería como repetir una hecatombe que mantendrá al país llorando por años.
Tener el respaldo del 41% de los electores no significa que un alcalde esté facultado para materializar, sin control, cuantas iniciativas surjan. Por esto, consideramos que el mandatario de Villa del Rosario sabrá ponerle freno prudente a su imaginación y meditar en la inconveniencia de su propuesta.
El palo no está para cucharas, hubiera dicho un ex presidente ante una situación similar. Algunas veces, la solución no es la apropiada, y esta es una de esas ocasiones en las que el remedio resulta peor que la enfermedad.
Una consulta con el gobernador y con la dirección regional de la Policía, sobre qué hacer para frenar la inseguridad en su pueblo, le traerá al alcalde Socha mejores resultados que su idea, aunque pueda estar bien intencionada.
Realmente, el buen juicio no parece acompañar al alcalde, que incluso esgrime la Constitución en defensa de su idea de armas a 300 personas (seis por barrio) con pistolas de dardos y gases paralizantes y pistolas eléctricas.
En su afán de generar la idea de que sus vigilantes serán inofensivos, Socha dice que los dotará con pistolas Taser, cuyas descargas eléctricas han matado a más de 500 personas en Estados Unidos, donde son utilizadas por policías entrenados y muy profesionales, y con todas las restricciones posibles.
En el supuesto de que la idea fructifique, es de advertir que cada Taser cuesta entre 500 y 1.000 dólares, sin incluir las baterías, los cargadores y una larga serie de implementos que las hace operativas. ¿Estarán los rosarienses dispuestos a pagar por estas y las otras armas que el alcalde tiene en mente?
¿Y pagarán por los uniformes y las motos —y obvio, el combustible— y los salarios? No parece fácil que lo hagan, pero quizás el alcalde ya tiene todo su plan estudiado y sabe que los vecinos sí están dispuestos a pagar.
Una idea como esta quizás se justifique en sitios donde el Estado falló de manera rotunda. Pero, que se sepa, en el área metropolitana de Cúcuta, en la que se incluye a Villa del Rosario, no hay siquiera asomo de que así sea.
La Policía, que tiene el respaldo constitucional y legal, y la experiencia, no puede ser remplazada por cuerpos privados bajo ninguna circunstancia.
El alcalde debe tener fresca la tragedia que casi aniquila al país como consecuencia del desborde de las famosas cooperativas de vigilancia (Convivir) y la manera como de algunas de ellas derivó el fenómeno paramilitar.
¿No fue, acaso, en Villa del Rosario, donde los paramilitares instalaron hasta hornos crematorios para deshacerse de sus víctimas? Y ¿no es allí donde hay una sorda guerra entre grupos delictivos como Los Urabeños, Los Rastrojos, las Autodefensa de Norte de Santander y el Grupo Fronteras?
En una localidad como esta no se puede dar oportunidad para que los delincuentes se cuelen hacia organismos como el ideado por Socha, que podría generar en los vigilantes la falsa idea de que son agentes del Estado y actuar en consecuencia, y de paso desbordar la ley. Sería como repetir una hecatombe que mantendrá al país llorando por años.
Tener el respaldo del 41% de los electores no significa que un alcalde esté facultado para materializar, sin control, cuantas iniciativas surjan. Por esto, consideramos que el mandatario de Villa del Rosario sabrá ponerle freno prudente a su imaginación y meditar en la inconveniencia de su propuesta.
El palo no está para cucharas, hubiera dicho un ex presidente ante una situación similar. Algunas veces, la solución no es la apropiada, y esta es una de esas ocasiones en las que el remedio resulta peor que la enfermedad.
Una consulta con el gobernador y con la dirección regional de la Policía, sobre qué hacer para frenar la inseguridad en su pueblo, le traerá al alcalde Socha mejores resultados que su idea, aunque pueda estar bien intencionada.
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