El Congreso aprobó en último debate el proyecto de ley que le brinda a los ciudadanos las herramientas que les permitirán exigir ante las autoridades cualquier documento público. Esta estrategia está enfocada a hacer más transparente el Estado para que los ciudadanos puedan ayudar con el control efectivo de las instituciones oficiales.
Esta ley contempla que si usted desea un documento público, de cualquier institución estatal, esta debe brindárselo de manera gratuita y sin exigirle la motivación por la cual usted solicita el documento. La ley también contempla que las dependencias públicas, por decisión propia, deberán publicar la estructura orgánica de sus instituciones, publicar los planes de gasto público y un directorio que incluya cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono de despacho, de aquellos funcionarios que laboran para el Estado.
El articulado establece que los funcionarios que no acaten la iniciativa pueden ser sometidos a sanciones disciplinarias. Así mismo, el funcionario o institución que oculte, destruya o altere la información pública será sancionado penalmente.
Hay que tener presente que aquellos documentos que tienen que ver con Defensa Nacional, Orden Público o Relaciones Internacionales, pueden ser reservados por la autoridad competente, siempre y cuando, se informe al órgano disciplinario y al solicitante la razón por la cual el Estado guarda la reserva.
Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, afirmó que la ley "busca básicamente que la información con la que cuenta un funcionario público sea colocada a disposición del ciudadano de manera fácil y ágil. Creemos que esto va a permitir cambiar un poco el concepto de servidor público".
Así mismo, afirmó: "tengo la convicción que la luz del sol es el mejor desinfectante contra la corrupción, por lo tanto, el que los ciudadanos tengan acceso a la información pública nos va a permitir generar un control adicional a la corrupción".
Galán dijo que este proyecto complementa muy bien el marco normativo que existe en temas de transparencia como el estatuto anticorrupción, la ley antitrámites. En ese sentido agregó que "esta ley además va a facilitar al ciudadano saber en qué cargos están trabajando las personas públicas, conocer las escalas salariales, las decisiones que ha tomado una autoridad".
La entidad encargada de vigilar que los funcionarios cumplan con su deber será la Procuraduría.
Por su parte, el senador Germán Navas Talero, del Polo Democrático, afirmó que "esta ley le sirve fundamentalmente a la prensa porque esas respuestas evasivas que daban los funcionarios ya no se darán más. Cuando un funcionario no entregue un documento debe explicar de manera clara por qué ocultan esa información. Mete en cintura a los servidores públicos".
Así mismo, el parlamentario afirmó que la iniciativa "hace más perentorios y obligatorios los términos y le pone un poquito más de uñas al derecho de petición".
De otra parte, la representante Alba Luz Pinilla, afirmó que este proyecto "contó con todo el aval del partido para que fuera aprobado, es excelente que los ciudadanos puedan ejercer sobre el Estado algún tipo de control".
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