El senador Baena y la representante Díaz hicieron la denuncia.
El Ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas, desconociendo la
sentencia T-628 de 2012 de la Corte Constitucional, se opone al
proyecto de Ley 032 de 2011 de autoría del Movimiento Político MIRA, que busca
brindarle un salario mínimo mensual a cerca de 79 mil madres
comunitarias de todo el país.
Así lo denunciaron el senador Carlos Alberto Baena y la representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, quienes explicaron que sin mayores
argumentos el Gobierno no le da un concepto favorable al proyecto.
Según la denuncia de los legisladores, el Ministro de Hacienda indicó: “los
recursos que se tienen que destinar a temas salariales de las madres
comunitarias ascenderán de un 10% al 31% de los Ingresos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), teniendo en cuenta las actuales
coberturas y servicios prestados por el ICBF, no sería posible incurrir
en estos costos adicionales”.
La iniciativa busca restablecer los derechos laborales y sociales de
estas mujeres, fijando unos lineamientos que deben regir la relación
contractual entre las Madres Comunitarias y las entidades contratantes.
“Queremos que en Colombia sean reconocidos los derechos laborales y
sociales de las Madres Comunitarias como trabajadoras. No remunerar
este trabajo es violar principios constitucionales a la igualdad y a la no
discriminación”, aseguró el presidente del movimiento MIRA, el senador Carlos Alberto Baena.
“Es perverso que mientras el Ministerio de Hacienda defiende a capa y espada
una Reforma Tributaria que brinda exoneraciones a las personas más adineradas,
de otro lado se oponga a que las Madres Comunitarias, que se han dedicado
durante cerca de 25 años al cuidado de los niños de las personas de escasos
recursos, les niegue la posibilidad de recibir un salario mínimo”, señaló la
representante Gloria Stella Díaz.
La Sentencia ordena al ICBF que, de forma inmediata, “inicie, lidere y
coordine, un proceso interinstitucional y participativo de diseño y adopción de
todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar que,
de forma progresiva pero pronta, las madres comunitarias de tiempo completo del
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar devenguen al menos el salario
mínimo legal mensual vigente”.
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