A un día de la elección del procurador General de la Nación, no paran las quejas contra el actual titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien si los pactos políticos no cambian será reelegido para otros cuatro años.
El pasado viernes, varias organizaciones entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas (Dejusticia), el Centro de Estudios Plural y la Fundación Nuevo Arcoiris, radicaron una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al titular del ente de control por haber cometido un presunto prevaricato por omisión, prevaricato por acción y tráfico de influencias.
Según una información divulgada por diferentes medios de comunicación y algunas respuestas a derechos de petición, el procurador hizo algunos nombramientos en la entidad para asegurar su continuidad en el cargo. La danza de las designaciones de Ordóñez habría favorecido principalmente a magistrados y senadores que tienen injerencia en su elección.
Así, por ejemplo, el procurador habría impulsado los nombramientos de: Ana Josefa Velasco de Bustos, esposa de José Leonidas Bustos Martínez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Carmen Helena Gómez Segura, hija de Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado; Olga Lucía Cadavid Castro, cuñada de Javier Zapata Ortiz, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Juliana Valencia Andrade, sobrina de Hernán Andrade Rincón, senador y Olga Lucía García González, hermana de María Elizabeth García González, consejera de Estado; entre otros.
TAMBIÉN EN LAS PROCURADURÍAS DELEGADAS
Las quejas contra Alejandro Ordóñez y sus presuntos favorecimientos también tocaron algunas procuradurías delegadas, donde se dice que varios senadores tienen una fuerte influencia política.
Una de las seccionales que aparece en la lista es la Procuraduría Provincial de Cúcuta donde fue nombrado hace más de dos años Freddy Martínez, ahijado político del senador conservador Juan Manuel Corzo.
Al de Martínez, se suman los de: Campo Elías Daza, de la Guajira, ahijado político del senador Jorge Ballesteros; Emiro de Jesús Vivero, de El Banco, Magdalena, ahijado político de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador; Jesús Muñoz Vega, del Cesar, ahijado político del senador Jorge Ballesteros; Petrona Amparo Villanueva, ahijada política del senador Roberto Gerlein, y Luis Eduardo Astaiza de Santander de Quilichao, cuota política del senador José Darío Salazar.
“El procurador general ha nombrado varias personas cercanas a los senadores de la República en las procuradurías regionales antes de la elección que se hará el martes (mañana). De conformidad con el artículo 126 de la Constitución eso podría configurar un delito y queremos poner en conocimiento de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia esos hechos para que sean investigados y sean ellos quienes determinen si se ha configurado un delito o una serie de los mismos”, afirmó Armando Novoa director del Centro de Estudios Plural.
Los demandantes explicaron que las informaciones conocidas sugieren que el procurador habría hecho uso de la discrecionalidad con la que cuenta para nombrar y remover funcionarios y así favorecer a personas aliadas a los senadores, que son los encargados de elegir al titular del Ministerio Público.
Así mismo, que habría incurrido en un presunto prevaricato, toda vez que se abstuvo de remover de sus cargos a funcionarios de la Procuraduría que tienen vínculos familiares con servidores públicos competentes para intervenir en su elección.
Una demanda similar contra el procurador será radicada en la Fiscalía una vez se normalicen las actividades en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
El pasado viernes, varias organizaciones entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas (Dejusticia), el Centro de Estudios Plural y la Fundación Nuevo Arcoiris, radicaron una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al titular del ente de control por haber cometido un presunto prevaricato por omisión, prevaricato por acción y tráfico de influencias.
Según una información divulgada por diferentes medios de comunicación y algunas respuestas a derechos de petición, el procurador hizo algunos nombramientos en la entidad para asegurar su continuidad en el cargo. La danza de las designaciones de Ordóñez habría favorecido principalmente a magistrados y senadores que tienen injerencia en su elección.
Así, por ejemplo, el procurador habría impulsado los nombramientos de: Ana Josefa Velasco de Bustos, esposa de José Leonidas Bustos Martínez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Carmen Helena Gómez Segura, hija de Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado; Olga Lucía Cadavid Castro, cuñada de Javier Zapata Ortiz, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Juliana Valencia Andrade, sobrina de Hernán Andrade Rincón, senador y Olga Lucía García González, hermana de María Elizabeth García González, consejera de Estado; entre otros.
TAMBIÉN EN LAS PROCURADURÍAS DELEGADAS
Las quejas contra Alejandro Ordóñez y sus presuntos favorecimientos también tocaron algunas procuradurías delegadas, donde se dice que varios senadores tienen una fuerte influencia política.
Una de las seccionales que aparece en la lista es la Procuraduría Provincial de Cúcuta donde fue nombrado hace más de dos años Freddy Martínez, ahijado político del senador conservador Juan Manuel Corzo.
Al de Martínez, se suman los de: Campo Elías Daza, de la Guajira, ahijado político del senador Jorge Ballesteros; Emiro de Jesús Vivero, de El Banco, Magdalena, ahijado político de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador; Jesús Muñoz Vega, del Cesar, ahijado político del senador Jorge Ballesteros; Petrona Amparo Villanueva, ahijada política del senador Roberto Gerlein, y Luis Eduardo Astaiza de Santander de Quilichao, cuota política del senador José Darío Salazar.
“El procurador general ha nombrado varias personas cercanas a los senadores de la República en las procuradurías regionales antes de la elección que se hará el martes (mañana). De conformidad con el artículo 126 de la Constitución eso podría configurar un delito y queremos poner en conocimiento de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia esos hechos para que sean investigados y sean ellos quienes determinen si se ha configurado un delito o una serie de los mismos”, afirmó Armando Novoa director del Centro de Estudios Plural.
Los demandantes explicaron que las informaciones conocidas sugieren que el procurador habría hecho uso de la discrecionalidad con la que cuenta para nombrar y remover funcionarios y así favorecer a personas aliadas a los senadores, que son los encargados de elegir al titular del Ministerio Público.
Así mismo, que habría incurrido en un presunto prevaricato, toda vez que se abstuvo de remover de sus cargos a funcionarios de la Procuraduría que tienen vínculos familiares con servidores públicos competentes para intervenir en su elección.
Una demanda similar contra el procurador será radicada en la Fiscalía una vez se normalicen las actividades en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
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