Esta fotografía fue tomada durante la semana, evidenciando que los estudiantes debían tomar clases bajo el sol.
El hacinamiento que tuvieron que padecer los estudiantes del colegio La Frontera, del corregimiento de La Parada en Villa del Rosario, llegó a su fin. Las directivas de la institución y la Gobernación de Norte de Santander llegaron a un acuerdo con los propietarios del colegio San Pedro Apóstol para que los menores reingresaran a las aulas.
Por años este centro educativo había sido arrendado por la secretaría de Educación del departamento para que sus instalaciones prestaran el servicio a un promedio de 400 estudiantes de La Frontera quienes en los últimos días tuvieron que recibir clases bajo el sol.
Pese a varios acercamientos que hubo inicialmente entre las partes para acordar los costos de alquiler del predio, no hubo conciliaciones, pues la representante legal del colegio San Pedro Apóstol, Genys Ramírez, afirmó que aún la secretaría le adeudaba meses de arriendo, razón por la que cerraron las rejas, que son contiguas al colegio La Frontera.
Esto generó que desde el martes pasado los alumnos empezaran el calendario académico amontonados y a la intemperie.
Pero tras una reunión que sostuvo el gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz Contreras, con las directivas de las instituciones, todas las puertas del colegio serán habilitadas; es decir que las nueve aulas, la rectoría y la cancha deportiva, que habían sido selladas para los menores, se habilitarán para su uso normal.
Esto se logró después de que los representantes del San Pedro Apóstol aceptaran la propuesta hecha por la Gobernación, que consiste en el pago de un canon de arrendamiento de $35 millones por 11 meses, pues enero está a punto de terminar y no será contado en el cronograma.
“Con esto se ratifica el compromiso con los arrendatarios, quienes al principio no querían ajustarse a las condiciones, pero gracias a que han mostrado voluntad, se accedió a la propuesta que entre otras, va a beneficiar mucho a los niños del colegio”, expresó el gobernador.
Con esto se refirió a que las primeras propuestas que le llegaron a su despacho por el pago del arrendamiento anual alcanzaban los $60 millones, y por eso fueron rechazadas por el mandatario seccional. Luego se presentó una segunda posibilidad por $48 millones que tampoco fue aceptada.
El precio acordado será de $35 millones y con esto se consigue la llave a las cerraduras de las puertas que le bloquearon el paso a la educación.
El rector de la institución, Germán Eduardo Berbesí, señaló que actualmente hay 1.200 estudiantes –en dos jornadas– que reciben clases allí, por lo que el componente social que se maneja en este sector fronterizo requiere que haya un centro especial de educación para ellos.
“De los 1.200 estudiantes que tenemos, hay un promedio de 800 que viven en una invasión venezolana que se llama Mi Pequeña Barinas. Pero el único sitio que hay para que ellos estudien es este colegio; los menores son los hijos de los maleteros de La Parada, o son desplazados por la violencia y por eso necesitamos una institución completa”, comentó el rector.
Un nuevo llamado al alcalde Socha
El gobernador hizo énfasis en que lo sucedido es una consecuencia de la falta de un lote para la construcción de un megacolegio, como se había pactado con la ministra de Educación, María Fernanda Campo para esta zona.
Aprovechó la reunión para pedir nuevamente al alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, que inicie las gestiones para una consecución cierta y celera de un lote que sirva para la construcción de un megacolegio en este sector.
El mandatario departamental le pidió que agilice los trámites ante el Concejo para que este autorice la adquisición del predio, pues al acceder a él el Ministerio de Educación asignaría los recursos para su construcción
“La voluntad de la administración departamental es cofinanciar el proyecto, para lo que está dispuesto aportar el 30% del valor del proyecto y el 70% restante lo pondrá el Gobierno nacional”, expresó Díaz Contreras.
Por años este centro educativo había sido arrendado por la secretaría de Educación del departamento para que sus instalaciones prestaran el servicio a un promedio de 400 estudiantes de La Frontera quienes en los últimos días tuvieron que recibir clases bajo el sol.
Pese a varios acercamientos que hubo inicialmente entre las partes para acordar los costos de alquiler del predio, no hubo conciliaciones, pues la representante legal del colegio San Pedro Apóstol, Genys Ramírez, afirmó que aún la secretaría le adeudaba meses de arriendo, razón por la que cerraron las rejas, que son contiguas al colegio La Frontera.
Esto generó que desde el martes pasado los alumnos empezaran el calendario académico amontonados y a la intemperie.
Pero tras una reunión que sostuvo el gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz Contreras, con las directivas de las instituciones, todas las puertas del colegio serán habilitadas; es decir que las nueve aulas, la rectoría y la cancha deportiva, que habían sido selladas para los menores, se habilitarán para su uso normal.
Esto se logró después de que los representantes del San Pedro Apóstol aceptaran la propuesta hecha por la Gobernación, que consiste en el pago de un canon de arrendamiento de $35 millones por 11 meses, pues enero está a punto de terminar y no será contado en el cronograma.
“Con esto se ratifica el compromiso con los arrendatarios, quienes al principio no querían ajustarse a las condiciones, pero gracias a que han mostrado voluntad, se accedió a la propuesta que entre otras, va a beneficiar mucho a los niños del colegio”, expresó el gobernador.
Con esto se refirió a que las primeras propuestas que le llegaron a su despacho por el pago del arrendamiento anual alcanzaban los $60 millones, y por eso fueron rechazadas por el mandatario seccional. Luego se presentó una segunda posibilidad por $48 millones que tampoco fue aceptada.
El precio acordado será de $35 millones y con esto se consigue la llave a las cerraduras de las puertas que le bloquearon el paso a la educación.
El rector de la institución, Germán Eduardo Berbesí, señaló que actualmente hay 1.200 estudiantes –en dos jornadas– que reciben clases allí, por lo que el componente social que se maneja en este sector fronterizo requiere que haya un centro especial de educación para ellos.
“De los 1.200 estudiantes que tenemos, hay un promedio de 800 que viven en una invasión venezolana que se llama Mi Pequeña Barinas. Pero el único sitio que hay para que ellos estudien es este colegio; los menores son los hijos de los maleteros de La Parada, o son desplazados por la violencia y por eso necesitamos una institución completa”, comentó el rector.
Un nuevo llamado al alcalde Socha
El gobernador hizo énfasis en que lo sucedido es una consecuencia de la falta de un lote para la construcción de un megacolegio, como se había pactado con la ministra de Educación, María Fernanda Campo para esta zona.
Aprovechó la reunión para pedir nuevamente al alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, que inicie las gestiones para una consecución cierta y celera de un lote que sirva para la construcción de un megacolegio en este sector.
El mandatario departamental le pidió que agilice los trámites ante el Concejo para que este autorice la adquisición del predio, pues al acceder a él el Ministerio de Educación asignaría los recursos para su construcción
“La voluntad de la administración departamental es cofinanciar el proyecto, para lo que está dispuesto aportar el 30% del valor del proyecto y el 70% restante lo pondrá el Gobierno nacional”, expresó Díaz Contreras.
Fuente: La Opinion.com
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