La procuraduría General de la Nación observa con preocupación que pese a las facultades otorgadas al Fondo de Adaptación para realizar la contratación y adopción de medidas tendientes a la pronta reubicación y construcción del casco urbano del municipio de Gramalote, la misma avanza muy lentamente.
La Procuraduría exhorta a las autoridades involucradas: -Colombia Humanitaria, Fiduprevisora, Gobernación de Norte de Santander y Corporación Social y Educativa “Paz y Futuro”-, a evitar que se prolonguen las circunstancias que agravan la ya penosa situación de los damnificados.
El Ministerio Público advierte que de suspenderse el pago de los subsidios de arrendamiento antes de reubicar a las familias afectadas en el nuevo casco urbano, se configuraría una mayor vulneración de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y colectivos.
El informe de actividades preventivas que este organismo de control ha adelantado frente a la situación del municipio de Gramalote, fue trasladado a la instancia disciplinaria de la Procuraduría.
A la fecha 1.259 familias de Gramalote se encuentran en arrendamiento en diferentes municipios, situación que se vio agravada desde el mes de noviembre de 2012 debido al no pago de los referidos contratos; según información reportada por Fiduprevisora S.A., esto obedeció a la no legalización oportuna de los recursos por parte de la Gobernación de Norte de Santander. La Procuraduría conoció que el trámite para el desembolso de estos dineros culminó el pasado 8 de abril y la transferencia se hizo efectiva el 9 del mismo mes.
Según lo manifestado por Colombia Humanitaria y la alcaldía de Gramalote, el pago de arriendos se realizaría solamente hasta el primer semestre del 2013. Colombia Humanitaria ha señalado además que a partir del segundo semestre del presente año sería responsabilidad del municipio encontrar fuentes de financiación que garanticen la continuidad del subsidio.
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